Yo no sé si hemos adaptado nuestra mentalidad a la nueva situación que ha creado esta pandemia.
Desde el 14 de marzo estamos en estado de alarma para mitigar los efectos de un virus que no hemos sabido contener en sus fases iniciales. No podemos engañarnos, la contención del coronavirus no nos fue nada bien en sus fases iniciales y convirtió a España es el país del mundo en el que más personas morían por coronavirus en proporción a su población.
Si la fase inicial de contención no nos fue bien la mitigación parece habernos ido bastante mejor: una población, en general, disciplinada y voluntariosa ha conseguido «aplanar la curva» y mantener los niveles de saturación de nuestro sistema sanitario dentro de unos límites aceptables tras unos primeros momentos de caos generalizado.
La primera embestida del virus ha costado a España más sufrimiento que a ningún otro país del mundo y ahora encaramos esa «nueva normalidad» que es la situación de anormalidad que seguirá a este primer encontronazo con el virus.
Desde ahora y hasta que se descubra una vacuna o se produzca la inmunidad grupal (nunca antes de 18 meses) viviremos en un entorno caracterizado por las medidas de alejamiento social y de restricción de movilidad. Las autoridades sanitarias van a tratar de mantener la tasa de contagios (Ro) por debajo del 1% pero por encima del 0% lo que significa que, dependiendo de la evolución de esa tasa, en unos momentos las medidas de alejamiento social se agudizarán y en otros se relajarán. Vamos a vivir con el virus durante los próximos 18 meses y las autoridades sanitarias nos van a ir diciendo en cada momento cómo deberemos bailar con él, más apretados en unos momentos y mucho más separados en otros. Nuestra administración, pues, debe estar preparada para actuar con flexibilidad de forma que permita a los administrados poder seguir operando en todos los escenarios posibles.
Ahora bien, la lucha contra los efectos nocivos de la pandemia no está en absoluto acabada con medidas puramente sanitarias.
Si España ha sido el país donde la crisis sanitaria ha golpeado con más saña en forma de muertes por millón de habitantes, España corre el riesgo más que cierto de ser el país donde la crisis económica golpee con más crudeza también.
No hace muchos días el Instituto Tecnológico de Massachusstes (MIT) publicó un artículo donde afirmaba que, la crisis económica secundaria a las medidas de mitigación de la pandemia, sería especialmente grave en aquellas comunidades que dependiesen de la industria del turismo.
No es preciso que lo dijera el MIT, al sentido común de la población española ese dato no le había pasado desapercibido y, la preocupación de la ciudadanía, comenzó a dispararse.
Piensen en comunidades como las Islas Baleares o Canarias, como la Costa del Sol o el levante español ¿qué puede ocurrir en poblaciones como Benidorm o Salou?. Ni siquiera los viajes del INSERSO van a llegarles este año… ¿qué pasará con una población que trabaja y vive de la actividad turística?
La caída del PIB español ha sido fijada por los más optimista en un -8%, por el Banco de España en un -13% y por otros observadores ha sido considerada simplemente imprevisible.
Si ustedes recuerdan la crisis de 2009 (y seguro que la recuerdan) guardarán en su memoria la imagen de movimientos sociales (el 15M por ejemplo) la aparición de nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) la actuación de organizaciones sociales oponiéndose por la fuerza a decisiones judiciales sentidas como injustas (la Plataforma Antihipotecas —PAH— evitando por la fuerza que se lanzase a familias fuera de sus hogares) o incluso la ocupación de bancos y entidades financieras por colectivos indignados.
Pues bien, esa crisis supuso tan solo en 2009 una caída del PIB del -3.6%.
Ahora piénselo: si aquella crisis de un -3,6% trajo aquellas reacciones ¿qué reacciones sociales traerá una crisis cuatro veces mayor del -13%?
Trate usted de multiplicar por cuatro aquellos niveles de indignación y aún se quedará corto porque la crisis del 2009 se distribuyó uniformemente por España, esta se va a concentrar en aquellos lugares más dependientes del turismo y eso hará que cualquier estallido en Málaga, Canarias o cualquier otra zona turística pueda ser especialmente explosivo.
Afortunadamente, igual que ocurre con la mitigación de la crisis sanitaria, sucede con la crisis económica: no podremos contenerla pero podremos mitigarla.
No podremos contener la crisis económica porque ya ha estallado y no hay vuelta atrás, desde que se fracasó en las medidas de contención sanitaria de la pandemia y se tuvieron que activar las medidas de mitigación (estado se alarma, confinamiento, alejamiento social, etc…) la crisis económica se convirtió en imparable y ahora ya no hay remedio: no podemos impedir la crisis, solo podemos mitigar sus efectos y la administración a la que corresponde mitigar los efectos de la crisis económica es, principalmente, a la administración de justicia.
La administración de justicia se enfrenta en estos momentos a una onda, a un tsunami que amenaza con hacer saltar las cuadernas del sistema judicial español: una oleada de casos laborales y mercantiles se dirigen en avalancha a los juzgados españoles y tras cada uno de esos procedimientos la vida y la felicidad de muchas personas están en juego. Si la administración de justicia no da respuesta a esos casos los dramas humanos aumentarán la conflictividad social y el estallido puede producirse en cualquier momento. Lo que ocurra después del estallido es impredecible.
La administración de justicia, como antes la administración sanitaria, tiene que atender a los casos urgentes de forma inmediata, los casos de UCI. Y para los demás casos lo único que se puede hacer es «aplanar la curva», mitigar la pandemia económica, conseguir que nuestro sistema judicial sea capaz de atender en todo momento las demandas de la sociedad sin verse rebasado nunca por ellas.
Eso sería lo ideal pero ¿se puede hacer?
Si usted le pregunta a cualquier profesional de la justicia le responderá sin titubear que NO. Nuestras UCI’s (juzgados) están saturados desde antes de que se destapara esta crisis, ya estaban atendiendo muchos más casos de los que podían, no cabe un caso más en la patera judicial ¿cómo vamos a atender nada urgente ni a soñar con «aplanar la curva»?
Quisiera responder a eso y decirles que se puede, que sí se puede, pero que, al igual que la sanidad necesita de respiradores, pruebas PCR y hospitales de campaña la administración de justicia va a precisar de una inversión inmediata que pueda poner en marcha un plan de mitigación que, operando desde ya, pueda salvar a nuestra sociedad del abismo que enfrenta.
El primer paso imprescindible es establecer un indispensable proceso de triaje jurídico-económico. Sabemos que en este momento no disponemos de los medios suficientes para atender a todo el mundo ni a todos los procesos, es preciso, pues, establecer un proceso de triaje que decida qué casos son atendidos de inmediato y cuáles no. El borrador del decreto de medidas que se pretende aprobar mañana carece por completo de medidas que permitan un eficaz triaje de los casos que ingresen en la administración de justicia y esa carencia es el primer paso hacia la catástrofe.
Tras el triaje hace falta ampliar la capacidad de nuestras UCI’s (juzgados) aunque para ello hayamos de habilitar hospitales de campaña. Quizá no sean tan maravillosos como los juzgados actuales pero tampoco era IFEMA una UCI como desearían los enfermos. Necesitamos movilizar todos los recursos y podemos hacerlo.
Si realizamos correctamente el triaje podemos descargar los juzgados de Primera Instancia de asuntos postergables y derivar los casos mercantiles a los juzgados de Primera Instancia que actuaran como la IFEMA que salve a nuestras empresas. No hay otra, yo, si estuviese enfermo, preferiría ir a una UCI normal que al pabellón de IFEMA pero, entre eso y nada, no hay opción posible.
Tampoco el borrador de decreto de medidas que se ha filtrado prevé nada de una IFEMA judicial, y ese es el segundo paso hacia el abismo.
Coetáneamente a las medidas anteriores es preciso aplanar la curva de entrada de asuntos en las UCI’s (quiero decir juzgados) de forma que permita ganar tiempo para ir adaptando el Pabellón de IFEMA y dotándolo de las medidas necesarias y ahí SÍ se ve un rayo de esperanza en el borrador del decreto del gobierno. Mediante una patada a seguir manda los concursos a diciembre y gana tiempo de esta forma pero ¿ganar tiempo para qué?
El decreto no lo dice y, si por un lado uno detecta un punto de inteligencia en la medida anterior, si no se conoce el fin de la misma es tanto como no saber nada. En este punto hay un rayo de esperanza pero solo un rayito, poco más.
Finalmente, para ampliar las UCI’s, construir las IFEMAS, comprar aparatos de ventilación y pruebas PCR que permitan funcionar a nuestros juzgados hace falta DINERO, DINERO y DINERO. Y, el borrador de decreto del gobierno, no contiene NI UNA previsión económica ni dotación presupuestaria. No parece, pues, que, de momento, podamos albergar demasiadas esperanzas.
Finalmente; si la sanidad ha sacado adelante esta situación de crisis se ha debido por sobre todo a la entrega y compromiso de los funcionarios de dicha administración dispuestos a trabajar 24 horas en turnos de mañana, tarde y noche e incluso a jugarse la vida y la salud por sus conciudadanos. ¿Están dispuestos quienes trabajan en la administración de justicia a hacer lo mismo?
Es tiempo de liderazgos, de ideas claras y planes comprensibles por los que merezca la pena luchar y por los que merezca la pena arriesgar la vida y la salud. La administración de justicia tiene en sus manos salvar a muchas familias españolas pero necesita, además de un plan claro y comprensible donde todos sepan qué papel juegan, medios, dinero, apoyo y liderazgo ético.
Conozco a quienes trabajan en los juzgados y sé de que madera están hechos; sé que vagos, indolentes y hasta perezosos son gente capaz de arriesgar su vida si les das una buena causa para hacerlo. La sociedad puede estar segura de eso. Ahora es el tiempo de los políticos: modifiquen ese decreto, doten de medios a la justicia, pídanle lo imposible a los jueces, fiscales, LAJ’s, Procuradores, funcionarios, con que contamos y no duden de que lo harán; pero, no jueguen con ellos a componendas ni pasteleos ni ventajitas por que aquí o cargamos todos o no cargará ni dios.
Hay mucha y muy buena gente en este asunto de la justicia y bien dirigida hará lo que se le pida y aún más de lo que se le pida.
No nos falle, ministro.
