Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!