Ayer hubo una concentración para protestar por cómo se ha tratado a la abogacía durante la pandemia y por cómo se está tratando a un exdecano que decidió que no se pondrían en peligro la salud ni la vida de sus colegiados.
La prensa del sector lo recoge, las redes sociales lo recogen, se comenta en los grupos de whatsapp…
Sólo los medios de comunicación del Consejo General de la Abogacía y su presidenta mantienen un silencio tan ominoso como revelador: para ellos —aunque la manifestación se convocó frente a la propia sede del Consejo— la concentración, la marcha, la protesta, no ha existido.
Las cuentas en redes sociales del Consejo y de la presidenta las pagamos todos; sí, como lo oyes, esas cuentas son manejadas por community managers que pagamos todos los abogados y abogadas con nuestras cuotas. Hay en el Consejo, además, un equipo de periodistas, un departamento de prensa, en los que también se gasta mucho dinero de los colegiadoss y colegiadas.
Se supone que, si se gasta el dinero de todos en disponer de medios de comunicación e información propios del Consejo, ese gasto se hace en interés de todos y no solamente de unos pocos. Pero en el caso del Consejo parece obvio que no es así.
Puedes comprobar cómo en ambas cuentas se silencia cuidadosamente la existencia de la protesta que tuvo lugar ayer y se dedican a hablar, hirientemente, de las fake news. Hipocresía en estado puro. Porque en el mundo de la información no solo existen las fake news; existe la censura, el silencio deliberado, la marginación sistematizada y es aquí donde el consejo, la presidenta y sus equipos de comunicación, rayan a gran altura.
Ayer, para ellos, no existió ninguna concentración, como tampoco existió ningún Congreso en Córdoba ni las dos movilizaciones nacionales de 2018 tampoco existieron… ¿Por qué?
Pues porque los medios que pagamos todos parecen estar destinados, no a informar de lo que a todos afecta, sino solo a contar aquello que interesa a quienes dirigen la política del Consejo; dicho en corto, a hablar de ellos y en interés de ellos.
Supongo que destinar el dinero de todos a usos particularistas es algo que no necesito juzgar moralmente porque ya lo harán ustedes por mí.
Pues bien, este es el consejo que tenemos y debiéramos preguntarles a los responsables de esto por qué lo permiten.
Muy bien dicho.
El Colegio de Abogados de Málaga, del que Javier Lara es decano (ahora emérito) no se ha dignado tampoco a informar al respecto, manteniendo un silencio sepulcral que nos ha dejado perplejos y que espero no se le olvide a nadie la próxima vez que nos toque votar.