¿Quién espía a la justicia española?

Ahora que está de moda el asunto «Pegasus» no sería malo preguntarnos si nuestra administración de justicia ha sido, está siendo o puede ser espiada por alguien.

No necesito explicarles que son muchas las personas y organizaciones que estrían interesadas en conocer lo que están investigando los juzgados y tribunales. Y no hablo sólo de las organizaciones y empresas extranjeras, en España, muy frecuentemente, se investigan acciones realizadas por personas que forman parte o están relacionadas con el gobierno nacional, con gobiernos autonómicos e incluso municipales. Ministros y ex-ministros han sido condenados en vía penal y no necesito recordarles casos de corrupción nacional y autonómica investigados por nuestra administración de justicia.

Créanme, hay muchas personas interesadas en saber qué se está investigando y en qué punto se encuentran las investigaciones y es por eso que la Administración de Justicia debe ser especialmente cuidadosa en la custodia de sus datos. Antes, cuando los procedimientos se documentaban en papel, la seguridad de los archivos se fundaba en la custodia de los lugares donde se guardaban; ahora, desde que los archivos se guardan en formato digital, la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha cuidado de dejar claro desde el principio quién es el titular de los archivos digitales.

Sin embargo, al tiempo que la ley se ocupa de aclarar que los ficheros de la administración de justicia son de la administración de justicia, la realidad se encarga de demostrarnos todo lo contrario: que los ficheros de la administración de justicia no son en realidad de la administración de justicia sino que están en manos de los diversos poderes ejecutivos.

La situación parecería surrealista a cualquiera pero, como verán, la realidad supera la ficción.

Ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos necesitan hackear los sistemas informáticos de la administración de justicia simplemente porque estos sistemas informáticos no existen.

Los sistemas informáticos que se usan en las administraciones de justicia central o autonómicas de España no son operados ni controlados por el Poder Judicial sino por cada uno de los poderes ejecutivos correspondientes.

Dicho de otro modo: los archivos informáticos de los procesos que se tramitan en Cataluña son almacenados en sistema propiedad de la Generalitat de Cataluña, operados por funcionarios de la Generalitat de Cataluña y alimentados por energía pagada por la Generalitat de Cataluña y lo mismo ocurre en Navarra, País Vasco, Cantabria, Aragón y todas las comunidades autónomas que tienen las competencias en justicia transferidas.

Y ahora díganme ustedes: ¿les parece normal que un gobierno que puede estar implicado en casos como el de los Gal, la trama Gurtel, las tarjetas black o en la convocatoria de un referéndum ilegal sea precisamente el encargado de vigilar los ficheros donde se investigan esos casos.

¿A ustedes, esto, les parece normal?

Si hay un punto donde se puede decir con toda claridad que el Poder Judicial no es independiente es, precisamente, este.

Un poder no es independiente si no puede llevar a cabo por sí mismo las funciones que la ley le encomienda;

Un poder judicial no puede ser independiente si su capacidad de acción se ve limitada por la voluntad o las actuaciones de otros poderes distintos de él;

Un poder judicial no puede ser independiente nunca si, hasta sus propios archivos, no están en su poder y controlados por él sino por organizaciones a las que, en multitud de casos, se ve forzado a investigar.

Por eso, cuando le hablen de Pegasus y del escándalo que supone el que un programa pueda tener acceso al contenido de teléfonos ajenos, piensen que, en la admnistración de justicia, ningún gobierno necesita usar de ningún Pegasus: su acceso a los ficheros judiciales que pueden investigarles a ellos o a sus enemigos políticos, están en sus manos. No necesitan hackear nada.

Claro que, usted y yo sabemos que ningún gobierno en España, ni nacional ni autonómico, sería capaz de mirar en esos archivos ¿verdad?

Usted y yo sabemos que en España ni los ministros ni los consejeros ni nadie delinque.

En España podemos dejar tranquilamente al lobo al cuidado de las ovejas.

¿Verdad?

Creo que no necesito decir más.

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