Hace tiempo que en España hemos empezado a sentir que, al menos en justicia, da igual qué partido esté en el gobierno. En el asunto de las hipotecas, por ejemplo, si el gobierno de un partido estableció los tribunales especiales hipotecarios para alejar la justicia de los afectados y que disminuyese el número de jueces con tentaciones de presentar demandas prejudiciales, cuando el gobierno cambió de color, los otros, mantuvieron ese cambio como si no pasase nada.
En España, en justicia, rige una extraña política de casino donde, gobierne quien gobierne, siempre gana la banca. Las hipotecas fueron en su día una bandera que ahora ningún gobernante parece querer tremolar; una bandera que la doctrina, siempre amable con la banca de nuestro Tribunal Supremo trata de arriar.
Y si en el ámbito de las hipotecas sucede esto, en el de la administración de justicia ocurre otro tanto: tanto la izquierda como la derecha aspiran a implantar oficinas judiciales con amplias competencias procesales que sean dóciles a las instrucciones de sus jefes del Ministerio de Justicia porque, de este modo, desde el gobierno se aumenta el control de la administración de justicia hasta en sus más mínimos detalles. Los partidos le llaman amor (eficiencia), pero no se equivoquen, en realidad solo se trata de sexo (control); los sucesivos gobiernos, de uno y otro color, han insistido siempre en los mismos instrumentos de control de un poder que debería ser independiente: tribunales de instancia y oficina judicial, un cocktail ponzoñoso que unos y otros han tratado, sin distinción ideológica, de administrar a nuestra justicia, desde Gallardón a Pilar Llop.
Y si en lo anterior gobierne quien gobierne siempre quieren lo mismo, ya no les digo nada con el turno de oficio: da igual el partido que gobierne todos pagan tarde, mal y poco
Que ganen unos o que ganen otros, al menos en justicia, no significa nada pues siempre ganan los mismos.
Sin embargo leo hoy con esperanza que en Colombia, un país flagelado por todo tipo de calamidades, ha habido un cambio de tendencia en las elecciones presidenciales que, por primera vez en la historia, ha sacado del poder a una clase política que hasta ahora siempre lo había ocupado y ha llevado hasta él a otra que sugiere la llegada de un tiempo nuevo, inaugural, de paz posible y reformas necesarias.
Me da igual el color del cambio, solo deseo que le vaya bien a Colombia y encuentren los consensos necesarios porque, a estas alturas de la historia, les era imposible seguir igual.
Tocaba cambio. Quizá en España, al menos en justicia, también haga falta pero…
¿Qué ocurre cuando ningún partido quiere un cambio de verdad en justicia?
Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la administración de justicia española era la peculiar interpretación que, en los primeros años 90, el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución.
A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la administración de justicia española voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa.
Veamos…
Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo.
La justicia es uno de los tres poderes del estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos «justicia» es poder judicial sino que pertenece al gobierno.
Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial sino que dependen del gobierno (sí, los letrados de la administración de justicia no son poder judicial sino poder ejecutivo) y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo bic y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son, por supuesto, también propiedad del poder ejecutivo.
Y si esto es así ¿Dónde está en España el Poder Judicial?
Pues… Única y exclusivamente dentro del cerebro del juez.
Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al poder ejecutivo —al gobierno— es el último reducto del poder judicial, un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, le retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de «eficiencia» y de «mejor asignación de recursos» pero no se engañen, tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial.
Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia veamos como este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española.
Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual declaraba inequívocamente en su artículo 149.5⁰ que el estado tenía competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.
Teóricamente la Administración de Justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas.
Entonces ¿qué pasó?
Pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los Letrados de la Administración de Justicia, ni el mobiliario ni los sistemas informáticos eran propiedad del Poder Judicial sino del gobierno y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que, si todo eso no era poder judicial sino poder ejecutivo, sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas.
El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional.
El gobierno central sostenía que la administración de justicia existente era verdaderamente la administración de justicia de que hablaba la Constitución; las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario, que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para «auxiliar» a la administración de justicia.
Finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esta competencia.
Con las competencias transferidas las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas de forma que todas contasen con el mismo sistema con un coste de tan solo una séptima parte.
Sin embargo nuestros políticos prefirieron otra solución: cada comunidad elaboró un sistema informático propio de forma que, el conjunto de España, gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único sino siete sistemas distintos que, además, no se interconectaban bien.
Repitámoslo: hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor.
Nuestos políticos, en muchas encuestas, figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y, sin duda, si nos fijamos en barbaridades como estas, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia.
Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas en nuestra administración de justicia serán tirados a la basura en gran parte, porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz, problemas que, al ser de naturaleza política, nadie quiere arreglar y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre y, como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alharaca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse.
Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor.
La semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.
Medimos la capacidad de almacenamiento de información de nuestros equipos informáticos en bytes, kilobytes, megabytes… y así hasta jotabytes. Podemos señalar con toda precisión cuánta información es capaz de almacenar una máquina pero… ¿somos capaces de medir cuánta información es capaz de almacenar un ser humano?
Esta pregunta no es una pura curiosidad o divertimento pues en su base está la explicación de muchos fenómenos humanos y sociales. Permítanme que les ponga un ejemplo.
En estos tiempos en Cartagena se están construyendo unos nuevos submarinos que incorporan las más avanzadas tecnologías y en su construcción se están empleando miles de personas. Los conocimientos de una sola persona no son bastantes para construir un submarino; una persona apenas si quizá domine la compleja técnica de pulir una de las lentes del periscopio del submarino, otra quizá sepa llevar a cabo la complejísima soldadura de dos planchas de metal que deben no sólo ser estancas, sino soportar una tremenda presión cuando el submarino esté en inmersión; otra quizá sea capaz de ajustar el giróscopo de un torpedo y otra quizá sea capaz de diseñar una batería eléctrica pero no sabrá construirla y así se van necesitando ingenieros de múltiples ramas, físicos especialistas en diversas materias, programadores, expertos en electrónica…
Para construir un submarino se precisan los conocimientos de miles de personas, en cambio, por ejemplo, para dar forma a una vasija en un torno de alfarero y luego cocerla en el horno apenas si hace falta el conocimiento de una sola.
Permítanme que a todo ese conjunto de conocimientos que una persona es capaz de acumular le llamemos «personbyte» y que, con esta medida, calculemos la dimensión de las empresas que nuestra sociedad puede enfrentar.
Es evidente que el tamaño de estas empresas vendrá determinado por la cantidad de «personbytes» necesarios para cumplir sus objetivos; la cantidad de «personbytes» necesarios para construir un helicóptero, por ejemplo, o lanzar al espacio un satélite no será la misma que para montar un negocio de hostelería y es evidente que aquellas sociedades que cuenten con un mayor número de «personbytes» serán capaces de llevar adelante las mayores y mejores empresas. Es por eso que, sabiendo la cantidad y calidad de «personbytes» que hay en una sociedad determinada, podemos determinar en qué campos es fuerte esa misma sociedad y dónde debe buscar sus mejores objetivos de futuro.
Pero ¿cómo medimos la cantidad y calidad de «personbytes» que hay en cada sociedad dada?
El Instituto Tecnológico de Masachussets ha llevado adelante algunos interesantes experimentos en este campo y, de entre todos ellos, me van a permitir que les cite uno en concreto: el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), un lugar donde se analizan los datos económicos de los diversos países y donde podemos encontrar interesantes datos. Por ejemplo, ¿se ha planteado usted alguna vez en qué somos buenos los españoles?
Una buena forma de saber en qué somos buenos los españoles es consultando nuestra cifra de exportaciones; aquello que vendemos al extranjero, sin duda, es algo que nosotros somos capaces de producir mejor y más barato que los demás y, por tanto, es un buen índice acerca de en qué es buena la población española y para qué están preparados sus habitantes. Echemos pues un vistazo a lo que exportamos los españoles en este link y, en especial, fijémonos en este diagrama que la página construye automáticamente
Quizá alguien se sorprenda: los españoles exportamos, antes que nada, coches y piezas de coches.
Si lo piensa usted no es tan raro, aquí están las factorías de FASA-Renault, SEAT, Ford, Citroën, Volkswagen… en realidad casi todas. Somos el segundo productor de coches de Europa tan sólo por detrás de Alemania. Y sí, se que usted me dirá que los producimos bajo licencia extranjera, pero, en lo que a «personbytes» respecta, España es el país donde hay una mayor cantidad de obreros especializados en la construcción de coches así como de empresas auxiliares. Si una empresa decide instalar una fábrica de coches en Europa tenga usted por cierto que España será una buena candidata para su instalación.
Este análisis que hago de España puede usted, si lo desea, hacerlo de su ciudad o de su comunidad autónoma y tratar así de determinar en qué sectores deben buscar estas su futuro.
A día de hoy la información, el conocimiento, los «personbytes» son la mayor riqueza de una comunidad: de poco sirve ser especialmente ricos en materias primas si no sabemos transformarlas; no es el aluminio o el litio los que son valiosos por sí mismos sino que son los ingenieros y los obreros que saben construir aviones o teléfonos móviles los que los hacen valiosos. Recuérdelo y mucho más ahora que vivimos en la sociedad de la información: la materia nunca es tan importante como la información, más rico que el país que posee materias primas es el que tiene muchos «personbytes».
Haga usted el ejercicio que sugiero con su comunidad. Yo, si me lo permiten, lo haré con mi ciudad pero eso será objeto de un video.
Hace once años escribí un post en el que denunciaba que Lexnet no funcionaba adecuadamente cuando no se usaban los sistemas operativos de Microsoft o alguna de las aplicaciones de esta marca, especialmente el procesador de textos Word. Ya en 2011 la abrumadora mayoría de los dispositivos móviles usaban sistemas operativos que no eran el «Windows» de Microsoft sino el iOS de Apple o el popular Android (un sistema operativo basado en el núcleo Linux) y en lo presente, el sistema operativo de Microsoft no sólo es residual en el campo de los dispositivos móviles sino que cada vez es menor su cuota de mercado en los sistemas de sobremesa donde iOS y Linux son cada vez más frecuentes. Tuve oportunidad de formular mi queja en instancias oficiales más elevadas donde siempre se me dijo que el problema «estaba en vías de solución» pero, a día de hoy, sigo sin poder abrir en algunos de mis dispositivos, por ejemplo, los archivos .rtf que se me mandan vía Lexnet y no albergo demasiadas esperanzas de que esto vaya a cambiar en el futuro.
Esta circunstancia no pasaría de ser un problema menor sino fuese porque bajo ella se esconde un problema mucho mayor, un problema que cuesta muchos miles (millones) de euros a los españoles: el uso por parte de las administraciones de software propietario en lugar de software libre tal y como preceptúan diversas disposiciones legales europeas y aún españolas.
Me permitiré escribir unas pocas líneas para quienes no estén familiarizados con las diferencias existentes entre el software propietario y el software libre (sospecho que muchos de mis lectores son juristas y pueden desconocer las diferencias) de forma que, si usted ya las conoce, puede saltarse tranquilamente el siguiente párrafo y si —a pesar de la breve explicación— sigue sin entenderlas tampoco pasa nada, puede seguir también leyendo recordando que las licencias de software libre no cuestan al estado ni un sólo euro mientras que las de software propietario suelen resultar bastante caras. Supongo que usted pensará que los programas de software propietario serán mejores que los de software libre (por aquello de que si son caros habrán de ser mejores) y sin embargo créame, no es así, todo este mundo de las nuevas tecnologías, en su parte más fundamental, se halla soportado por programas de software libre. Si no me cree puede entretenerse un ratito leyendo este post que aquí le dejo llamado ¿podríamos vivir sin software libre?. Así pues no crea que lo caro es siempre lo mejor, en ningún lugar se cumple con tanta precisión como en el campo de las nuevas tecnologías aquella afirmación de Antonio Machado que decía que…
Todo necio confunde valor y precio
y esa confusión, para nuestra desgracia, parece producirse con harta frecuencia en nuestros ministerios.
Se llama «software libre» a aquel que, por elección manifiesta de su autor, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Es una característica fundamental de los programas de software libre que su código sea legible y público de forma que es posible saber lo que hace el programa. Sus licencias son gratuitas, pero están sometidas a las limitaciones que les impone su licencia de entre las cuales la más famosa es la licencia GNU-GPL. El «software propietario» es justamente todo lo contrario: sus programas vienen compilados y en «código máquina» de forma que un humano no puede conocer exactamente lo que hace el programa salvo que realice operaciones de «ingeniería inversa» que, por otro lado, están prohibidas y aún sancionadas. Un programa propietario es, por ejemplo, el popular Word de Microsoft, un programa del que desconocemos su código fuente y, por lo tanto, qué es lo que el programa está haciendo exactamente. Cualquiera pensaría que la administración de justicia o la de defensa no deberían usar programas cuyo funcionamiento exacto desconocen (¿se imaginan que el programa mandase un aviso cada vez que zarpa un submarino español o se dicta una orden de busca y captura?) y sin embargo, a pesar de eso, el programa ha sido usado hasta por los servicios secretos españoles. La elección entre software libre y software propietario es, pues, estratégica desde muchos puntos de vista, pero, dado que las licencias de software libre son gratuitas y las licencias de software propietario cuestan un buen dinero a los administrados, será este aspecto sobre el que nos centraremos en este post y más concretamente en el coste que le supone a la administración de justicia española el uso de un perfectamente sustituirle software propietario.
Para averiguar cuánto gastaba la administración de justicia en innecesario software propietario he buceado en los presupuestos generales del estado sin hallar partida en ellos en la que se detallen con claridad los gastos en licencias de software que soporta nuestra administración de justicia. Sé que los funcionarios usan Word (y debo presumir que no es software pirata) y sé que los sistemas de gestión procesal usan bases de datos Oracle por cuya renovación de licencias este año se han pagado entre 171.415,47 y 207.412,72 euros. Sé también que en Finlandia, la migración a OpenOffice se realizó durante el periodo 2003-2010 para 10.500 equipos del Ministerio de Justicia y que según datos facilitados por la Free Software Foundation Europe (FSFE), el ahorro en este periodo es de un 70%, al estimar el coste en 6.787.000 euros para Microsoft Office frente a los 2.063.000 euros de OpenOffice.
Calcular cuánto se está gastando el estado por culpa de las licencias de software propietario es algo que escapa al presente post pero no es difícil estimar que la cifra se mueve en bastantes decenas de millones y así y todo, de entre todos los perjuicios que dicho software causa, es quizá este del pago de las licencias el menor.
Siendo el software propietario inmodificable por terceros se están perdiendo muchos puestos de trabajo de buenos programadores y empresas españolas mientras los beneficios se marchan hacia América; siendo estratégico el software en la gestión de las administraciones, la migración hacia sistemas abiertos tiene también su coste por lo que la dependencia de una sola empresa suministradora se agrava llevando a una indeseable posición negociadora, y, lo que es peor, atendiendo estas empresas a su propia conveniencia antes que a cumplir los estándares internacionales, ocurre que tratan de introducir sus propias soluciones en lugar de las estándar y así provocan que yo, por ejemplo, no pueda abrir debidamente los archivos .rtf de LexNet (el sistema electrónico de comunicación de resoluciones judiciales) o que este sistema debido al uso de componentes Active X en 2011, no cumpliese lo establecido en los artículos 5 y 6 del anexo IV del Real Decreto 84/2007 (BOE número 38 de 13 de febrero de 2007),y de esta forma los usuarios hubiesen de utilizar necesariamente el navegador de Microsoft para regocijo y satisfacción de la empresa de Redmond y para enfado y desesperación del resto de usuarios de Mozilla Firefox, Chrome, Safari, etc…
Ni que decir tiene que el uso de sistemas propietarios y cuyo código nos es desconocido abre todo tipo de posibilidades para que el programa haga cosas que no debiera hacer, supone un riesgo mayúsculo en los procesos judiciales y en especial en los de la jurisdicción penal donde, gracias a wikileaks, sabemos que la administración estadounidense es aficionada a husmear.
Y no sigo por hoy, al uso inconveniente de programas de software propietario se une la existencia de, al menos, ocho programas de gestión diferentes en las diversas comunidades autónomas cuya falta de compatibilidad ya ha dado algún disgusto que prefiero no recordar; todo lo cual indica que no existe una visión estratégica global de lo que ha de ser el uso de las nuevas tecnologías en la administración de justicia. A destripar un poquito la historia de los Minervas, Minervas-NOJ, Cicerones, Justicias.cat y Justicias.bat así como a los unifaces y demás softwares que fatigan la vida judicial dedicaremos otro día. Por hoy bástenos concluir que, visto el panorama, en España la cuarta ley de la tecnología de Melvin Kranzberg se cumple rigurosamente, esa que dice que:
Aunque la tecnología puede ser una cuestión primordial en muchos asuntos públicos, los factores no técnicos son los primeros al tomar decisiones políticas en cuestiones tecnológicas.
Y si aún les quedan dudas pueden leer esta noticia del diario 20 minutos que involucra a Registradores de la Propiedad, a reformas legislativas y al ministro de infausto recuerdo Alberto Ruíz Gallardón.
Es famosa la forma en que Charles de Gaulle inició sus memorias afirmando: «me he hecho siempre una cierta idea de Francia».
La afirmación no puede dejar de sorprender en un hombre que, en la Primera Guerra Mundial, fue hecho prisionero en la carnicería de Verdún y que, mientras todo el ejército francés se desbandaba, contraatacaba ferozmente con su unidad blindada a las tropas de Hitler durante la segunda. Incapaz de asumir que Francia había sido derrotada marchó al exilio para proseguir la guerra y, con su obstinación, hizo a Francia un hueco entre los países vencedores.
No está mal para un hombre que sólo tenía «una cierta idea de Francia».
La historia de su país impresionaba tanto a De Gaulle que su mayor aspiración, confesaría después, era poder «prestarle señalados servicios».
Leyendo estas cosas de De Gaulle resulta imposible no preguntarse si, en España, queda algún diputado, algún ministro, algún cargo de comunidad autónoma, que tenga siquiera una «cierta idea de España» y crea que su deber sea prestarle «señalados servicios».
Es cierto que cada uno puede tener «una cierta idea de España» distinta de la de los demás —tampoco la idea de De Gaulle era compartida por todos los franceses— y puede tenerla distinta a condición de que, al menos, la tenga. Lo que no sé es si la mayoría la tienen.
Y no me refiero a ideas de España de opereta y cartón piedra, ideas de banderas y gritos viejos que, dependiendo de los colores y los gritos, hacen asociar incluso la palabra España a ideologías muy concretas.
Me refiero a una idea que, como decía Don Quijote, sepa declarar quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser; una idea donde quepan todos y nadie quede excluído, una idea que dibuje un futuro donde todos podamos soñar nuestros sueños.
Echo de menos cosas tan simples como esas, cosas comunes por las que muchos, como De Gaulle, sientan la necesidad de prestar «señalados servicios».
Somos lo que recordamos. Nuestra identidad es nuestra biografía y ni siquiera íntegra, sino sólo lo que consciente o inconscientemente recordamos de ella. Si se borra la memoria de una persona su identidad se extingue, como en los enfermos de Alzheimer; si se cambia por otra la doble personalidad y la locura son la consecuencia.
Las personas sabemos quiénes somos porque recordamos nuestra biografía, que, al fin y al cabo, no es tan larga como para no poder recordarla en lo esencial. Es, pues, difícil que nadie pueda engañarnos respecto a quienes somos.
Los grupos humanos, las naciones, los pueblos o comoquiera que les queramos llamar, también son memoria aunque en este caso colectiva; lo que ocurre es que su biografía es más larga que la de los indivíduos y no la recordamos porque la hayamos vivido sino porque nos la cuentan. Es por eso que hay tanta competencia para escribir y reescribir la historia de los pueblos y naciones: porque si se cambia la historia recordada se cambia al mismo tiempo la identidad de ese pueblo y esta es la manera más sencilla de manejar a los grupos humanos.
Memoria individual y memoria colectiva definen nuestra identidad como individuos y como grupos y es por eso por lo que hay que tener tanto cuidado con quienes pretenden contarnos nuestra historia.
Hoy es 18 de julio, el aniversario de una rebelión y del inicio de una salvaje guerra cuya historia me han contado de muchas formas a lo largo de mi vida. Quienes la ganaron quisieron en mi niñez que la recordase de una forma muy determinada y, con posterioridad, dependiendo de la ideología de mis interlocutores, han tratado de contármela de muchísimas formas diferentes.
En realidad, quienes trataban de venderme su visión de esta guerra no me estaban hablando de historia, lo que estaban tratando era de interpretar a su gusto la historia por que así cambiaban, también a su gusto, la identidad de mi país y mis paisanos.
Por eso, cuando oigo a políticos hablar de historia, me pongo en guardia, porque no es que estén tratando de decirnos cómo fueron las cosas, lo que están tratando es de decirnos lo que debemos ser y, mucho más aún, están tratando de legislar lo que somos.
Si quieres que una ideología triunfe sobre las demás déjale contar la historia a su manera, no solo cambiará la realidad sino que, imperceptiblemente, nos cambiará a nosotros mismos.
Memoria individual y memoria colectiva, identidad personal e identidad colectiva, conceptos peligrosos si caen en manos de insensatos o de malvados.
Nota. El 18 de julio de 1936 las Cortes de la nación estaban formadas por 473 diputados, de los cuales 17 (3,5%) eran comunistas y ninguno (0%) falangista.
Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.
Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.
Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.
Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.
Y ha pasado.
Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.
Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.
Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.
Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.
Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.
Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».
Probablemente hemos entendido mal el patriotismo. Involuntariamente, en cuanto oímos hablar de patriotismo, inmediatamente lo relacionamos con el ejército o con la bandera o con esas pequeñas particularidades que hacen que nos engañemos creyéndonos diferentes de otros seres humanos.
Por puro patriotismo realizamos costosas ceremonias en las que nuestros soldados desfilan y en las que, profundamente emocionados, rendimos honores a aquellos que dieron su vida por la patria, sea lo que sea lo que signifique esta palabra.
Ocurre sin embargo que los enemigos de la patria no son siempre humanos. Cuando, en ocasiones como esta, el enemigo es un microorganismo no es difícil darse cuenta de que con él no acabaremos a balazos ni atacándole a la bayoneta.
Ahora el patriotismo no tiene enemigo humano y consiste, antes que nada, en cumplir con tu deber, aunque este deber sea acudir como Auxiliar de Clínica, ATS o médico, a donde el peligro es mayor: a tu centro de trabajo, a tu hospital, a colocarte en primera linea de fuego del virus, a veces con buenas armas y a veces casi sin munición.
No hay en nuestras ciudades monumentos a las enfermeras que murieron cuidando a enfermos, ni a doctores ni a auxiliares que, como los mejores soldados, hubieron de cumplir una misión que no estaba en su contrato: jugarse la vida.
Quizá ahora, que hasta los soldados han de echar una mano como médicos, sea tiempo de cambiar nuestra concepción del patriotismo y, cuando todo esto acabe y hayamos terminado de contar los muertos, empecemos a colocar en nuestras calles monumentos a enfermeras, limpiadoras, ATS, doctores y doctoras que pelearon la batalla donde debían y cumpliendo con su deber mucho más allá de lo que les exigía su contrato.
¿Qué país, qué región, qué municipio hemos soñado —si es que hemos soñado alguno— para nuestros hijos?
Mucho me he quejado de que estemos orientando España, mi región y mi ciudad, hacia el turismo. No me gusta pensar que el de mi patria será un futuro de camareros, restauradores y guías turísticos. Pienso que las comunidades deben siempre incorporarse a la primera linea científico-tecnológica de cada momento y pelear por su futuro, siempre, en la última frontera.
Decididamente esta primavera y el verano que viene será duros: los turistas que nos visitaban ya no nos visitarán o, al menos, nos visitarán en cantidad mucho menor y, el turismo, la primera y principal fuente de entrada de divisas del país, se resentirá. ¿Estamos preparados para enfrentarnos a la crisis del primer sector de nuestra economía? ¿Hemos siquiera empezado a vislumbrar las consecuencias de la crisis de ese sector?
Si este país ha sido algo, alguna vez, en la historia, ni ha sido por «cojones», ni por ninguna virtud moral que adorne a sus gentes por encima de los demás países, ha sido por la ciencia.
Piensen en el 12 de octubre y en la epopeya americana.
No fue una cuestión de «raza» ni de banderas ni de patrias. Disponíamos de la mejor tecnología para navegar (la carabela); nuestros conocimientos científicos sobre la geografía terrestre eran los más avanzados del momento; recibimos de los árabes todos los libros de los cosmógrafos antiguos y las mejores tecnologías matemáticas y de navegación; les cogimos prestado a los portugueses un marino formado en sus barcos…
Pero ¿qué somos ahora?
Desde hace 40 años el turismo ha tapado nuestras vergüenzas como nación. Gobernantes sabios hicieron de este un país bello a lo largo de los siglos: califas sabios de califatos opulentos nos regalaron mezquitas, flotas de indias levantaron catedrales de locura al lado de minaretes de orfebre, los mejores emperadores de Roma salieron de aquí y hasta el cielo nos regaló el mejor de los climas. ¿Quién no querría venir a España?
Desde hace 40 años vivimos de lo que nos regaló la providencia y gobernantes antiguos y sabios, pero, ¿Qué hemos hecho nosotros?
No me lo tomen a mal, no se enfaden conmigo, hemos hecho de la restauración y de la hostelería un arte pero yo, al menos, no quiero para las siguientes generaciones un futuro de camareros y restauradores siempre al albur de un cambio de modas, de clima o de una pandemia, como ahora.
Quiero un país en la primera linea de la última frontera de la ciencia y la tecnología, un país en el que las próximas generaciones puedan ganarse el futuro por sí mismas y que no dependan de esas cosas que o nos regaló la naturaleza o construyeron antepasados nuestros, al parecer mucho mejores que nosotros.
Saldremos de esta y habremos de repensar muchas cosas; mientras tanto no se conformen y sueñen, es una buena ocasión para ello.
Isabel Zendal nació en la parroquia de Santa Mariña de Parada, en La Coruña, quedando huérfana de madre a los siete años por culpa de la viruela.
Por aquellos años en que nació Isabel la viruela era el azote de la humanidad y era tan letal que, en algunas culturas antiguas, incluso estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30 % de los pacientes infectados.
Un par de siglos antes los españoles habían llevado la enfermedad a América y, si letal era para los europeos, mucho más letal se reveló para los indígenas americanos. Aunque no se sabe cuántos indígenas pudieron morir (no hay censos de población indígena en 1492 y las cantidades oscilan entre los 8,4 millones de personas de Alfred L. Kroeber y los 110 de Henry F. Dobbyns) es indudable que la mortandad fue tremenda sin que nada se pudiese hacer desde el punto de vista médico para detener aquella tragedia.
En 1796, durante la fase de mayor extensión del virus de la viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra, Edward Jenner, observó que las ordeñadoras de vacas lecheras adquirían ocasionalmente una especie de «viruela de vaca» o «viruela vacuna» (cowpox) por el contacto continuado con estos animales, y que era una variante leve de la mortífera viruela «humana» contra la que quedaban así inmunizadas. Tomó suero de esta vacuna y consiguió inocular a James Philips, un niño de 8 años. El pequeño mostró síntomas de la infección de viruela vacuna, pero mucho más leve y no murió. El resto de los niños inoculados respondieron sorprendentemente bien.
Afortunadamente, por entonces, el copyright y las patentes de los medicamentos no estaban muy extendidas de forma que, aunque Jenner publicó sus estudios en 1798, para 1800 el doctor Francesc Piguillem i Verdacer ya estaba vacunando a los niños de Puigcerdá. Rápidamente el método de Jenner se difundió por Europa y Francisco Javier de Balmis tradujo al español el libro del francés Moreau donde se detallaba el procedimiento para vacunar. Fue por esos años también, 1803, que el propio médico español J. Balmis propuso a Carlos IV —cuya hermana había fallecido de viruela— organizar una expedición a América a fin de poder vacunar a toda la población americana y así poner fin a la sangría que ocasionaba la viruela. Todo ocurrió muy rápido; mucho se habla de la mortandad causada por las enfermedades llevadas por los españoles en América, de lo que se habla bastante menos es de que, en cuanto hubo un remedio para la viruela, la monarquía española fue la primera en preocuparse de ponerla al alcance de sus súbditos americanos en lo que había de ser la primera operación sanitaria mundial de la historia.
Carlos IV atendió inmediatamente la petición de Balmis y se apresuró a librar los fondos precisos para organizar aquella expedición pero ¿cómo se llevaría la vacuna a América? Tras pensarlo detenidamente se decidió que se inocularía la enfermedad en niños y la misma se iría contagiando de unos a otros hasta llegar a América, más de 20 niños serían necesarios y este es el momento en que volvemos a la mujer que da título a este post: Isabel Zendal.
A Isabel, tras quedar huérfana de madre, las cosas no le habían ido del todo bien para los estándares de la época; Isabel en 1796 había dado a luz un niño, Benito, y ahora era madre soltera lo que, en La Coruña del siglo XVIII, no era precisamente la mejor carta de presentación. Trabajo en el hospicio que había fundado Teresa Herrera y no debió trabajar poco ni mal porque, tras la muerte de la fundadora, llegó a ser su rectora, hasta que, en 1803, por orden del Rey, se dispuso que sería ella quien estaría a cargo de los 22 niños del hospicio a quienes se había de inocular la viruela. Entre los niños figuraba Benito, su propio hijo.
Se decidió que cada niño recibiría un hatillo que contendría: dos pares de zapatos, seis camisas, un sombrero, tres pantalones con sus respectivas chaquetas de lienzo y otro pantalón más de paño para los días más fríos. Aunque se ordenó que tras la expedición los niños fuesen devueltos a España lo cierto es que ninguno de aquellos rapaces regresó de su viaje.
A bordo del «María Pita», navío específicamente fletado para la expedición, Isabel y los niños viajaron a Canarias, Puerto Rico, La Habana, Nueva España (México) con expediciones subsidiarias a Colombia y Perú. La vacuna de la viruela había llegado a América y finalmente, exhausta y tras cumplir con su deber más allá de lo exigible, Isabel y su hijo Benito se avecindaron en Puebla de donde ya no regresarían nunca.
Balmis decidió continuar con su expedición salvadora hasta las Filipinas y, cuando hubo extendido las vacunas por las Filipinas, se dirigió a Macao y China donde prosiguió con su tarea de salvar vidas.
Edward Jenner, el propio descubridor de la vacuna, dijo de la expedición de Balmis
No puedo imaginar que en los anales de la Historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este.
A día de hoy ya no muere nadie de viruela en América y es un buen momento para recordar que quizá los españoles hicieron muchas cosas mal aunque, ciertamente, no todas. Sueño que los descendientes de Isabel se han multiplicado y habitan en Puebla y en otras ciudades de la vieja Nueva España y pienso también en los 22 rapaces que salieron de la Coruña hace algo más de dos siglos y a los cuales la humanidad debe tantas vidas.
Y pienso que no, que decididamente no, no todo lo hicimos mal.
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