Faltan trece días para que concluya el mes de enero, menos de dos semanas para que concluya el plazo que el “dialogante” ministro Catalá se dio para presentar una reforma de la ley de tasas pactada con la abogacía institucional.
No parece que vaya a cumplir con este su primer compromiso pues, a falta de trece días, ya no tiene tiempo material de llegar a acuerdo alguno con la abogacía institucional salvo que imponga un “diktat” a la misma.
Catalá, ese ministro al que, en palabras del académico Andrés de la Oliva, hasta hace poco «no se le conocía ni una mala palabra ni una buena acción» empieza a ser conocido ya por sus malas acciones (Ley Mordaza, escuchas en la LECrim) y por sus clamorosas inacciones.
Catalá debería saber que la ley de tasas está descontada y que, si no la deroga él, será derogada en diciembre por quienes le sustituyan en el cargo. Lo único que puede hacer a estas alturas el minstro es elegir entre ser él quien derogue una ley inicua recuperando así algunos votos para su partido o no derogarla y marcharse a su casa con oprobio y sin votos en diciembre.
Pero, aunque derogue las tasas, es más que dudoso que este ministro vaya a recuperar la mínima credibilidad necesaria para recuperar algún voto porque el desastre en el que está sumida la justicia en España no sólo tiene que ver con las tasas.
Tiene que ver en primer lugar con las maniobras de su antecesor para conseguir un control político de la justicia española. Su antecesor, el infausto Gallardón, en contra de lo comprometido en el programa electoral del Partido Popular, hizo que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuesen elegidos por las Cámaras de forma que los partidos pudieron jugar al juego del reparto de sillas. Tan descarado incumplimiento de sus promesas electorales y de las recomendaciones europeas irritó a todos los operadores jurídicos y no es difícil encontrar expresiones del descontento de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a poco que se investigue.
“Cuando un responsable político no respeta la Independencia Judicial, pretende influir en los nombramientos judiciales, incumple su propia promesa electoral y quebranta los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía, reviste el ejercicio de su poder de una absoluta indignidad.
La calidad de un sistema democrático se mide por un pilar fundamental, la independencia plena de Jueces y Tribunales. Cualquier influencia directa o indirecta del poder político en el ámbito de la administración de justicia, erosiona el núcleo de una democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder, que no estaría sujeto a método de control alguno.” [Hay Derecho (post)]Manuel Ruiz de Lara (Magistrado-Juez)
El Informe 2014 del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la corrupción en España [(Informe Greco)] a la hora de valorar a nuestros jueces y fiscales, reconoce su alta calidad y la realidad de que, con la excepción de casos aislados, no hay evidencia de corrupción de jueces o fiscales. Sin embargo, sí se preocupa por el funcionamiento de la justicia. Esta no es todo lo efectiva que cabría esperar, los tribunales están sobrecargados, lo que vuelve la administración de justicia más lenta de lo deseable.
La otra preocupación fundamental del GRECO se refiere a los riesgos de influencia política. Si bien la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales individuales es poco discutida, se pone en tela de juicio la independencia estructural de los órganos de gobierno de la justicia y fiscalía, y el riesgo de que los intereses partidarios, penetren los procesos de toma de decisiones judiciales.
Pues bien, si no preocupó al anterior ministro incumplir impúdicamente sus compromisos electorales, mucho menos le preocuparon las recomendaciones europeas en la lucha contra la corrupción y recuperar la independencia judial, primer y principal requisito para poder tener un sistema judicial susceptible de poder funcionar dignamente. Este objetivo, recordémoslo, promesa electoral explícita del PP, no se encuentra tampoco en la agenda de Catalá. Si las tasas impiden a los españoles el acceso a la justicia la falta de independencia impide a la justicia española ser digna de tal nombre en un estado democrático.
Y, si la independencia judicial no preocupa al ministro salvo para mantener su eliminación, tampoco parecen preocuparle la absoluta falta de medios y la inanición y anemia crónicas en que vive la Administración de Justicia española. Los señalamientos de juicios con retrasos de dos, tres y cuatro años son moneda común (véase ilustración), en los expedientes de extranjería o matrimonio no es extraño que se den citas a un año vista, al igual que en las medidas provisionales en procesos de familia, que deberían verse a la mayor brevedad…
La administración de justicia es una catástrofe con y sin tasas y, recordémoslo, el único antídoto de la corrupción es esta administración de justicia a la que se mantiene en coma vigil por razones que dejo que ustedes imaginen.
Por eso, independientemente de que este ministro derogue, maquille, mantenga o incremente las tasas judiciales, la justicia española va a seguir agonizando. Por eso en #T sabemos que la retirada de las tasas no sería el fin, ni siquiera sería el principio del fin sino que apenas si podríamos decir que sería el fin del principio.
Este es año electoral, tres o quizá cuatro elecciones nos esperan, es pues nuestro momento, es el año de la ciudadanía, es el año de la Justicia.
Vamos.
