Estoy seguro que habrán visto la escena en alguna película norteamericana: una clase de niños recita las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos («We, the people of the United States…»). El trabajo de Hollywood debe haber sido tan eficaz que tengo por cierto que hoy son más los españoles que saben cómo comienza la Constitución Estadounidense que los que saben cómo comienza la española de 1978. En particular creo que los sucesivos gobiernos que hemos tenido son quienes lo han tenido más olvidado y, mucho más particularmente, los ministros de justicia; porque, si conociesen las siete primeras palabras de la Constitución Española igual de bien que conocen las de la Constitución Norteamericana, sabrían que la nuestra comienza diciendo: «La Nación Española, deseando establecer la justicia…». Pero lo han olvidado si es que alguna vez lo supieron, decididamente lo han olvidado.
Parece que a nuestros gobiernos, si algo les pasa cuando llegan al poder, es que olvidan los principios y, el principio que antes que ningún otro olvidan, es el principio del principio de la Constitución. No de otro modo puede explicarse que los sucesivos gobiernos de España hayan venido destinando más de 6.000 millones anuales a mantener las diputaciones provinciales y tan sólo 1.500 a mantener la justicia; no de otro modo puede explicarse que se gasten más de 1.000 millones de euros en pagar altos cargos de las mismas diputaciones y tan sólo se destinen 34 a la justicia gratuita. Y el caso es que la Constitución comienza diciendo… «La Nación Española, deseando establecer la justicia…» y no diciendo… «La Nación Española, deseando establecer diputaciones provinciales…»
Quienes vivimos en regiones como la de Murcia, Madrid, Asturias, Cantabria o La Rioja sabemos que sin diputaciones provinciales se vive estupendamente, que uno puede ahorrarse una pasta en sueldos de diputados provinciales sin que nadie les eche de menos, pues sus funciones las asume la comunidad autónoma respectiva; lo que no tenemos tan claro es que podamos prescindir de los jueces o de la justicia sin que esto se convierta en lo que ya está siendo: el paraíso de la corrupción. ¿Alguien recuerda algún Gobierno de España después de los de Adolfo Suárez que no se haya visto afectado por escandalosos casos de corrupción?
He usado el ejemplo de las diputaciones provinciales, pero puede usted usar el que quiera, basta con leer los presupuestos generales del estado; si la Nación Española se dio una constitución porque deseaba establecer la justicia es obvio que nuestros gobiernos lo han olvidado y creen que la Nación Española, en realidad, se dio la Constitución porque deseaba establecer diputaciones, recalificar suelo rústico, construir urbanizaciones, ayudar a la banca privada, cobrar comisiones o gestionar «eres». Quizá haya que recordarles que hay que volver a los principios, al menos al principio de la Constitución.
Leo los programas electorales de los diversos partidos y en ellos el primer principio que menciona nuestra Constitución, la Justicia, no parece resultarle atractivo a ninguno: se le dedican pocas y ambiguas palabras, ningún compromiso presupuestario firme o creíble y pienso si no es nuestra obligación recordarles con nuestro voto cuál fue la primera razón que los españoles tuvimos en cuenta para vivir juntos.
Vivimos una crisis donde unos pocos han depredado a muchos, donde entidades financieras sin escrúpulos han situado al mundo al borde la bancarrota, donde políticos sin principios se han lucrado con comisiones y mordidas y donde la justicia ha sido incapaz de controlar y reparar sus desmanes porque simplemente se la dejó sin medios y maniatada.
Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas acabar con la corrupción. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas que la riqueza nacional se distribuya con equidad. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto te importan los principios. Vale.
Quedan 14 días para las elecciones generales. Feliz día de la Constitución.
