La justicia es prioridad nacional

Nos vuelven a llamar a las urnas para que elijamos entre varios partidos al gobierno que saque a España del estado en que se encuentra. Quienes han gobernado hasta ahora se han mostrado incapaces de arreglar esto y han recurrido a las elecciones como herramienta para solucionar el bloqueo político en que estamos sumidos, como si el cambio de personas y no de condiciones y estructuras fuese a solucionar algo.

En estos últimos años en España hemos vivido un calvario de políticos sinvergüenzas que, cuando no compraban títulos académicos para darse lustre, vendían planes urbanísticos para forrarse, ocupaban puestos en consejos de administración de grandes empresas sin saber hacer un ocho con una escopeta de dos caños o facilitaban que las entidades financieras saqueasen las economías de los votantes.

En España es verdad que ha faltado pan para tanto chorizo como sabiamente diagnosticó la población y, sin embargo, de lo que la sociedad no ha parecido darse cuenta es de que el único pan que permite a la ciudadanía comerse a tantos chorizos como tenemos se llama justicia.

La ciudadanía ha probado con partidos y coaliciones nuevas, como si cambiando a las personas y no mejorando las herramientas democráticas fuese a cambiar la situación. La charcutería nacional, gracias a nuevas opciones, ha podido cambiar de caras, sí, pero seguramente no de conductas y ahora, con otras elecciones más en ciernes, llama la atención que incluso se apunten a la general matanza nuevas marcas de chacinas.

Vamos a decirlo en corto y por derecho: el único pan que empareda a tanto chorizo se llama justicia y ninguno de los partidos que concurren a las elecciones ha hecho de ella su primera prioridad para las próximas elecciones. Si el espectáculo continúa cuatro años más no le extrañe.

Los partidos que sucesivamente han gobernado en España han mostrado un patrón de conducta siniestramente regular en materia de justicia. Todos los partidos que han gobernado han demandado una justicia independiente desde la oposición pero, al llegar al poder, han mantenido el sistema de elección del CGPJ y han olvidado las recomendaciones del Consejo de Europa. Todos los partidos que han gobernado, desde la oposición han defendido que la justicia debe ser cercana a los administrados pero, en cuanto han llegado al poder, se han ocupado de alejarla de ellos lo más posible, manteniendo, por ejemplo, esa repugnante distribución de juzgados hipotecarios destinados a atascar la justicia en beneficio de los bancos y en perjuicio de los consumidores.

Han sido todos los partidos que han gobernado defensores de boquilla de la ciudadanía pero, al llegar al gobierno, han mantenido para los bancos —por ejemplo— procesos especiales que les permitían ejecutar sus hipotecas cargando sobre los ejecutados importantes cantidades en concepto de intereses y costas mientras que han tratado de dilatar el acceso de los ciudadanos a la justicia con inútiles procesos previos o incluso presionando para que las costas del proceso no sean repercutidas en su integridad a los bancos, de forma que hayan de soportarlas los administrados.

La Justicia ha sido para los partidos que han gobernado una insufrible molestia que investigaba sus másteres ficticios, sus sucias financiaciones o sus abyectos tejemanejes. Por eso la Justicia nunca ha sido dotada suficientemente, porque la justicia es el enemigo de los malvados y los corruptos y nadie quiere un enemigo fuerte.

La Justicia es el pan con que emparedar a toda la charcutería nacional; es el pan que falta para tanto chorizo y es por eso que la justicia es una prioridad nacional.

Así pues, cuando vayas a votar, piensa que ninguno de los derechos que te prometan existirá si no dispones de una administración de justicia eficaz donde exigirlo y busca quién se compromete con los principios de #T: Justicia con Medios, Justicia Independiente, Justicia Cercana y Justicia sin Barreras de Acceso como las Tasas.

Ahora que ya sabes donde está el pan que te faltaba, ponte en marcha y ve a por él, porque pronto habrá elecciones y no podemos desaprovechar muchas más oportunidades.

La clase política española «olvida» a los héroes de El Baler.


El 30 de junio de 1898 un grupo de soldados españoles decidieron hacerse fuertes en la iglesia de un pueblecito filipino llamado «El Baler» y cumplir con su deber defendiendo la posición a todo trance. Lo de «cumplir con su deber» es un concepto para cuya comprensión no está capacitada la clase dirigente española y es por eso que cuando estos hombres, pasado casi un año, seguían resistiendo sin dar crédito a la noticia de que España hacía tiempo que había rendido las Filipinas, los dirigentes españoles comenzaron a lanzar infundios sobre ellos. Tanta resistencia no era normal se dijo, sin duda estos hombres seguían allí dentro porque habían robado la caja del regimiento. Así se dijo.

Conozco bien y de cerca esta fábula pues estas infamias son tan frecuentes como actuales en España: cuando unos pocos cumplen con su deber apenas sin medios, los jerifaltes que —con dispendio de medios— no han sido capaces ni de simular un atisbo de cumplir con el suyo, sienten que esos tiñalpas que sí lo hacen les están poniendo en evidencia. Los parásitos gobernantes, cuando esto pasa, en primer lugar tapan la noticia (no vaya a ser que la gente se dé cuenta de su flagrante incompetencia), luego, cuando la noticia se sabe, difaman a quienes no hacen otra cosa que cumplir con su deber (han robado la caja del regimiento) y finalmente, cuando se comprueba que ni una ni otra cosa son ciertas , reducen el asunto a chiste o anécdota sin trascendencia.

La guerra hispano-norteamericana en Filipinas se presentaba en principio muy favorable para España. Países como Inglaterra y Japón pronosticaron una fácil victoria española (los barcos USA tenían sus bases a miles de millas y la artillería de costa española era buena sobre el papel) pero la realidad, como saben, fue muy distinta. Que los defensores de «El Baler» no creyesen en una rápida rendición española no era nada disparatado como también era sumamente lógico que los abyectos dirigentes que les mandaron a morir allí se viesen puestos en evidencia por el coraje de Las Morenas, Vigil de Quiñones y el resto de los encerrados.

El pasado 30 de junio, en España, nadie recordó a los defensores de «El Baler» (Los últimos de Filipinas); sin embargo en el otro lado del mundo y frente a la iglesia de este lugar de la Isla de Luzón, los filipinos sí les dedicaron un sentido homenaje. Quizá a la clase política española se le sigue atragantando esa imagen de unos cuantos que, cumpliendo con su deber, ponen en evidencia sin proponérselo la ineptitud e inmoralidad de sus dirigentes.

El 30 de junio se cumplieron 119 años desde el inicio de la gesta de «El Baler» y esta va por quienes cumplen con su deber a pesar de la inmoralidad gobernante.

Pactos «anticorrupción»

Acaban de remitirme una copia del pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos y que ambas formaciones han dado en llamar «anticorrupción». Tal pacto incluye un acuerdo en el que se hace constar textualmente:

Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

No me gusta ese pacto, qué quieren que les diga, no creo que sea lo que necesita España para acabar con la corrupción y hasta me parece que pudiera resultar contraproducente.
Soy abogado y mi profesión es, básicamente, defender imputados; creo saber, pues, de lo que hablo. Un imputado (investigado se le llama ahora) no es más que una persona a quien alguna otra acusa de haber cometido un delito ante la administración de justicia y, esta, decide abrir un proceso para averiguar si efectivamente la acusación es cierta o no. Un amplio número de esos procesos finaliza mediante el sobreseimiento provisional o libre de la causa (el juez entiende que los hechos no están probados) e incluso, de entre aquellos procedimientos que llegan hasta la fase de juicio oral, una nada despreciable cantidad finaliza con sentencia absolutoria porque el acusado, verdaderamente, es inocente de los delitos que se le imputaban. Condenar a una persona antes de juzgarla es pre-juzgarla y, el juicio emitido respecto de ella antes del verdadero juicio, es en puridad un pre-juicio.

Pues bien, gracias a este pacto, los firmantes han elevado a la categoría de herramienta política el «pre-juicio» (discúlpenme si al decirlo molesto a alguien) y con él están justificando que sobre el imputado recaigan consecuencias negativas a causa de una conducta por la que no ha sido juzgado, que desconocemos si ha cometido en realidad y respecto de la cual puede ser declarado inocente.

No es la primera vez que el «pre-juicio» se eleva a la categoría de arma política en la historia de nuestra joven democracia, básteme recordar la figura de Demetrio Madrid, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quien hubo de abandonar su cargo a causa de ser acusado de un delito que nunca cometió.

No, en mi sentir esta no es la forma de acabar con la corrupción; acabar con el principio constitucional de la presunción de inocencia es más una forma de acabar con la democracia que con la corrupción. Es lo que pienso, es lo que digo. He defendido a demasiadas personas inocentes injustamente acusadas como para cambiar ahora de idea.

Yo creo firmemente que, para acabar con la corrupción, hace falta predicar menos y dar más trigo: para acabar con la corrupción hace falta Justicia y no remiendos. Podemos construir un camino rápido, justo y directo a la justicia, no necesitamos de malos atajos.

Necesitamos un país donde una persona injustamente acusada pueda ver su caso resuelto en unos pocos meses (no en lustros), necesitamos una administración de justicia donde los políticos justamente acusados de corrupción puedan ser condenados en un breve espacio de tiempo. Necesitamos un país donde la Justicia no sea sólo un concepto escrito en un papel (por más que ese papel sea la Constitución) sino que sea una realidad que rija la vida de los ciudadanos, donde el inocente no tema acusaciones injustas y donde el culpable sepa que encontrará un rápido castigo a sus desmanes. Para eso, créanme, sólo hace falta invertir un poco de dinero en la administración de Justicia y tomarnos en serio el primero de los valores que nuestra Constitución contempla.

Para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia con medios que resuelva en meses los problemas por complejos que estos sean, para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia cercana y accesible a todos los ciudadanos, para acabar con la corrupción basta con disponer de una justicia independiente ajena a los tejemanejes de los políticos.

Firmar un pacto como el que hoy se ha firmado no solucionará nada si nuestra justicia sigue en el estado de coma vigil en el que se encuentra; pero para revivir a nuestra justicia en coma lo primero que hace falta es darle alimento, pues  el enfermo se nos muere de anemia. A lo que se ve es más fácil predicar que dar trigo; firmar un documento es gratis, hacer de este país un estado justo es otra cosa distinta.

Sólo hay un camino para atajar la corrupción y ese camino es la justicia: una justicia, ya lo he dicho antes, independiente, con medios, rápida, muy rápida, cercana y accesible; una justicia como la que persigue el manifiesto #T; es decir, una justicia de verdad y para todos. El resto son remiendos.

Vale.