Mes: abril 2020

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O es ahora o no será nunca

España se enfrenta a una crisis económica sin parangón. De todos los sectores económicos a los que la pandemia del coronavirus causa daño el más afectado es el turismo junto con la restauración, la hostelería y todos aquellos negocios en cuya base se halle la acumulación de personas.

Vamos a tardar mucho en volver a ver cines llenos o la grada del Bernabeu llena pero, mucho peor aún, vamos a tardar bastante más de un año en conseguir que vuelvan turistas por España y ahora, amigo, saque usted cuentas.

Piense en las Islas Canarias y en sus habitantes ¿Qué harán todos los trabajadores y trabajadoras que se ganan su pan y el de sus familias en la hostelería, los hoteles o los negocios turísticos?

Benalmádena, Fuengirola, las costas mediterráneas… ¿Qué le espera a sus familias?

Recuérdelo cada vez que piense en la crisis: el turismo es el primer sector de entrada de divisas en España. Sí, sin él el golpe a nuestra economía pone al país al borde de ir a la lona. Y no podemos areglarlo, no podemos convencer a los turistas de que vengan, las medidas de restricción de movilidad y alejamiento social son universales.

¿Quién puede salvar a todas estas familias de un futuro de hambre y miseria?

Cuando usted se pregunte esto vuelva su mirada a la administración de justicia: es ella la que puede a través de los concursos ayudar a las empresas a salvar esta situación, es ella la que ha de vigilar que a los trabajadores se les reconozcan sus derechos sociales y es ella la que debe hacerlo de forma INMEDIATA y sin retraso alguno.

No menos de 160.000 procesos mercantiles comenzarán a inundar los juzgados cuando acabe el estado de alarma y los sociales probablemente se dispararán hasta el millón.

En este momento ni hay juzgados mercantiles suficientes ni sociales para atender ese tsunami y, en 15 días, NECESITAMOS tener suficientes órganos judiciales para parar este golpe. Disponemos de 14 días para hacerlo.

Y mientras los días pasan veo a los funcionarios de la sanidad dando literalmente su vida por nosotros mientras otros funcionarios y colectivos, en lugar de buscar formas de poder trabajar mañana tarde y noche para impedir la catástrofe que pueda acabar con todos, debaten sobre si agosto será hábil o inhábil.

Miren, España y los españoles dependen de que la administración de justicia no les falle.

Creo que aún no nos hemos enterado de que el juego ha terminado, que esta vez el país está en nuestras manos y que es el momento de demostrar que merecemos formar parte de él.

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Especialización y concentración: la fórmula del desastre judicial.

España lucha con todos los medios a su alcance, singularmente el esfuerzo de los sanitarios y la ejemplar cooperación de la sociedad, contra la muerte y la enfermedad que trae el coronavirus.

Hemos parado nuestras empresas, nos hemos recluido y, deliberadamente y en un gesto grandioso, hemos compartido con el resto de la humanidad la decisión de proteger a nuestros congéneres más débiles aunque ello nos lleve a una catástrofe económica. Es difícil encontrar en toda la historia de la humanidad un gesto tan bello.

Pero, tras este esfuerzo, la crisis azotará nuestra economía salvajemente y ¿quién cuidará de nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Quién cuidará que en la escasez se dé a cada uno lo suyo y se atienda a restablecer el equilibrio en relaciones sociales destruidas por la crisis?

Ese trabajo corresponde a la justicia pero, déjenme que se lo adelante ya, si la sanidad ha sido la heroína de esta crisis, tal y como están las cosas a día de hoy, el mal funcionamiento de nuestra administración de justicia puede tener consecuencias casi tan funestas como la propia pandemia.

Esta crisis va a ser mucho más acentuada y mucho más concentrada en el tiempo que la de 2008 y eso significa que los españoles van a demandar soluciones de la justicia española de forma intensa, más intensa y concentrada en el tiempo que nunca desde que se conservan registros. En solo un mes o dos los juzgados de lo social y de lo mercantil sufrirán un embate como nunca antes en su historia y ese embate será terrible por la pésima organización del sistema judicial español, una organización que ha obedecido más a razones de control de los jueces que de servicio al ciudadano y eficiencia.

Con nuestra actual organización es imposible soportar una subida del 100% de procesos mercantiles, necesitaríamos duplicar la planta (crear 68 juzgados más en un mes) para atender a los casi 80.000 asuntos llevados en 2019 más otros 80.000 consecuencia de la crisis. No se van a crear esos juzgados de lo mercantil, simplemente porque no da tiempo y nuestras empresas morirán víctimas de una planta producto de tejemanejes políticos y no de la razón lisa y simple.

Piénsenlo, 160.000 nuevos casos para 68 juzgados. No hace falta ser profeta para entender que si este año entran una media de 2.532 asuntos por juzgado mercantil nadie nos salvará del desastre.

En cambio, esos mismos 160.000 asuntos, turnados a los juzgados de 1ª Instancia (lugar de donde nunca debieron salir), sólo supondrían un incremento de 94 casos por juzgado, cifra perfectamente manejable por nuestros jueces, de forma que los españoles podrían respirar aliviados.

La especialización no es una buena estrategia para enfrentarse a las crisis pues convierte a los organismos especializados en entidades muy frágiles frente a una crisis en su ámbito de especialidad.

Y, si la especialización es mala, la concentración es incluso peor. Colocar todos los huevos en la misma cesta no solo es arriesgado para el dueño de los huevos, es también estúpido si lo que quieres es servir al mayor número posible de personas.

Dos tercios de la población española no vive en capitales de provincia, entiéndanlo panda de locos. Obligar a desplazarse a poblaciones enteras solo por el gustito de tener los juzgados juntos es una de las mayores estupideces que pudieron colemeterse y esa estupidez es ahora mucho más evidente cuando los desplazamientos están restringidos por razones sanitarias.

Seamos serios: tenemos una planta de más de 1700 juzgados de instancia distribuidos por toda España y que siempre han conocido de los procesos mercantiles. ¿Vamos a llevar España a la ruina solo porque un club de políticos togados se empeñe en mantener incluso a costa de la vida y la fortuna de los españoles sus jueguecitos de salón?

Que la competencia para conocer de los concursos debe entregarse de inmediato a los juzgados de 1ª instancia es algo que no ofrece duda y que debiera hacerse en este mismo momento mejor que dentro de un minuto.

No tan fácil es la tarea con los juzgados de lo social, segundo frente de la pinza con que la crisis amenaza a la justicia. En un entorno de movilidad restringida se echa de menos una planta judicial más distribuida en este campo.

Pero podemos resolverlo. Desde luego no podemos seguir poniendo a la población en peligro haciéndo viajar centenares de miles de ciudadanos a sus juicios, mejor que hacer desplazarse a cientos de miles de ciudadanos es hacer desplazarse a los jueces a los lugares de residencia de las partes y celebrar en las salas de vistas que nuestros juzgados de Instancia e Instrucción tienen. No hay dificultad alguna en ello.

Seguramente hemos de recuperar todos cuantos medios podamos para atender a esta jurisdicción, recuperar jueces jubilados, poner a trabajar a los jueces sustitutos, reforzar con funcionarios sacados de otros juzgados…

Si la sanidad española es la responsable de evitar que enfermemos y muramos a la administración de justicia española le corresponde el papel de conseguir que esa vida que nos han salvado no se vaya al garete en medio de una crisis incontrolable.

Hay que liberar tantos cuantos recursos podamos para apoyar estos dos frentes, hay que realizar una lista de procesos prioritarios y no prioritarios y, entre los prioritarios, asignar prioridades a su vez así hasta encajar la crisis en la forma que menos daño haga.

No veo a nadie hacer eso y siento que este país vaya a ir al abismo de la pobreza por culpa de unos cuantos políticos con toga.

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Una explicación necesaria

Sé que muchos ven protestar a los abogados mutualistas e, inmediatamente, argumentan: «si no cotizan a la Seguridad Social que no cobren».

El argumento es tan simple como erróneo.

Déjenme que les cuente una historia.

Desde que Abril Martorell fue ministro con UCD a fines de los años 70 la Sanidad Española se mantiene de los impuestos que pagamos todos los españoles, no de las «cotizaciones de los trabajadores» sino de los impuestos que pagamos todos los españoles, incluidos abogados y procuradores.

Sin embargo, aunque abogados y procuradores pagaban la Sanidad Española con sus impuestos, tenían prohibido el acceso a ella. No solo eso, pagaban los medicamentos a precio de mercado libre. ¿Por qué?

Pues por simple inercia histórica. Como abogados y procuradores pertenecían a Mutualidades y no «cotizaban» en el sentido vulgar de la palabra, aunque el sostenimiento de la Sanidad había pasado a hacerse con el dinero de sus impuestos, a ellos se les mantuvo en la situación anterior como si nada hubiera cambiado: es decir, pagaban la sanidad de todos pero no podían usarla y habían de pagarse ellos su sanidad privada.

Fue en el último año del gobierno de Zapatero (2011) que se advirtió esta flagrante injusticia y se corrigió.

Curiosamente no hubo ninguna protesta seria o irritada de la abogacía, simplemente se aceptaba porque «siempre había sido así».

Cuento esta historia porque ahora, cuando los abogados solicitamos ayudas, algunas personas que parecen más preocupadas de que no cobren otros que de cobrar ellos, vuelven a sacar el mismo argumento: «es que vosotros no cotizáis».

Es la vieja historia y la vieja injusticia una vez más.

Mire, suelo resonder, ¿De qué caja salen las ayudas que usted va a recibir? ¿De su cotización o de los presupuestos generales del estado? Porque, si salen de los presupuestos —como irremediablemente salen— ese dinero también lo han pagado abogados y procuradores.

Viejos esquemas mentales y viejas injusticias mil veces pagadas por abogados y procuradores sin rechistar vuelven a aparecer ahora.

Lo más sorprendente es que, incluso compañeros y compañeras resignados, creen que no hay nada que hacer, que las cosas siempre han sido así.

Pues bien, si admitiésemos eso, aún seguiríamos sin disfrutar de la sanidad pública que nosotros también hemos cooperado a construir y mantener. Porque hay cosas que, aunque «siempre han sido así», siempre fueron una injusticia.

Y, ahora que ya le he contado esta historia, si quiere, siga usted gritando lo de «si no cotizan que no reciban ayudas» pero siga usted gritándolo con consciencia de su falsedad. Aunque creo que esta sea tarea baldía, quien se ocupa no en pedir para sí sino para que excluyan a otro, es dudoso que sea aficionado a la lectura.

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El desbarajuste general del poder judicial.

Sería para morirse de risa, o para pensar que es una fake new o un monólogo del Club de la Comedia; pero ocurre que no está el tiempo para bromas, que esta vez la cosa va en serio y que, en esta ocasión no estamos para tonterías.

El Consejo General del Poder Judicial acaba de publicar su programa para superar la crisis del coronavirus y me estremezco: si ese plan se lleva a cabo España no sobrevivirá ni nosotros tampoco. Quizá en otro momento esta fuese no más que una de las iniquidades a que nos tienen acostumbrados, en tiempos recios como lo que vivimos, en cambio, producen pánico, porque esos inicuos no llegaron ahí solos, les colocó el favor de los políticos que han de gobernar ahora. La situación es, pues, gravísima.

España se enfrenta hoy a dos crisis sin precedentes: la primera de naturaleza sanitaria, la segunda y consecuencia de la anterior, una crisis económica de imprevisible profundidad.

Sabemos que la economía española, para hacer frente a la crisis sanitaria, se ha desacelerado deliberadamente y esto va a provocar, irremediablemente, una serie de consecuencias absolutamente evidentes:

  1. Una situación gravísima en muchas empresas que pondrá en peligro su actividad en todos los casos y acabará con ellas en unos o les sumirá en graves problemas transitoriamente.
  2. Una tensión importante entre los trabajadores que pierden su empleo y las empresas en que trabajaban.

Los efectos económicos principales, en cuanto a lo que son competencias de la justicia, acabarían ahí, pero estas perturbaciones económicas llevarán aparejadas inevitables perturbaciones en el orden social.

  1. La vida familiar puede verse muy seriamente afectada por esta crisis de forma que los ciudadanos demanden de los juzgados y tribunales esfuerzos especiales para la resolución de problemas conyugales.
  2. La falta de medios de algunas personas puede hacer aumentar los delitos contra la propiedad.
  3. Las reclamaciones contra la administración por los más diversos motivos se incrementarán.

En una situación de crisis todos los recursos deben de preordenarse a atender a las necesidades más perentorias por lo que, lo primero que hay que tener claro, es cuáles son las necesidades a las que primero hay que atender en esta emergencia y estas, a mi juicio, son sencillas de detectar.

Si desde la administración de justicia queremos ayudar a salir de esta crisis a las familias y la economía española, lo primero que tenemos que evitar es el cierre innecesario de empresas por situaciones de transitoria iliquidez. Si salvamos las empresas salvaremos los puestos de trabajo a ellas aparejados, salvaremos los ingresos de los trabajadores, contribuiremos a hacer más conllevables situaciones familiares difíciles y minoraremos la posibilidad de que ciudadanos desesperados se vean abocados a delinquir.

Nuestra primera prioridad, a mi juicio, es procurar que todas las empresas en dificultades hallen respuesta inmediata de la administración de justicia. Si ellas se salvan la economía de todos se salvará.

Al nivel de la anterior pero imposible de realizar sin aquella, está salvar las economías de los españoles y españolas que han perdido su empleo por esta crisis. Sus economías son tan importantes como las que más y la administración de justicia ha de dar respuesta a ellas.

Pero, si importante es fijar las prioridades, igual de importante es saber en qué escenario habrán de trabajar nuestros juzgados y tribunales durante este año y, al menos durante el año entrante, nuestros juzgados y tribunales se van a encontrar con un entorno de movilidad restringida y con medidas de alejamiento social cambiantessegún la evolución de la pandemia. Muchos ciudadanos y profesionales no podrán desplazarse a las sedes judiciales para resolver sus asuntos, muchas vistas y actuaciones no podrán celebrarse debido al entorno y, todas esas, son circunstancias que hay que asumir y tener en cuenta a la hora de diseñar un plan.

Así pues:

  1. Vamos a tener que tramitar muchos concursos y otras actuaciones de carácter mercantil.
  2. Vamos a tener una fuerte actividad en los juzgados de lo social.
  3. Van a aumentar las necesidades en materia de familia y
  4. Todos los problemas anteriores hay que resolverlos de inmediato al menos mientras dure la crisis.

¿De qué medios disponemos para hacer frente a esas necesidades? Veámoslos

Para administrar justicia en las materias que hemos considerado prioritarias para salvar la economía disponemos en España de los siguientes recursos en primera línea:

—1066 juzgados mixtos de 1ª Instancia e Instrucción capaces de instruir tanto causas civiles como penales.

—718 juzgados exclusivos de 1ª Instancia.

—68 juzgados de lo mercantil

—350 juzgados de lo Social

Como verán, para dar salida a los concursos de acreedores, tan solo disponemos de 68 juzgados de lo mercantil que ya están colapsados en su mayor parte y que se ubican casi exclusivamente en las capitales de provincia. Con esos medios estamos abocados al fracaso más espantoso. Primero porque, por más que se les refuerce, nunca llegarán a tiempo esos refuerzos; segundo, porque estando situados en las capitales de provincia, presentarán problemas de acceso en un entorno caracterizado por las medidas de alejamiento social y las restricciones de movilidad.

Si de esos 68 juzgados de lo mercantil depende salvar las empresas de España ya podemos afirmar que vamos de cabeza al desastre. Sin embargo hay solución.

Los juzgados de lo mercantil fueron, como casi todo en España, producto de la presión de determinados lobbys jurídicos, singularmente grandes despachos de abogados, que buscaron crear juzgados a la conveniencia de su actividad e intereses. Los concursos de los acreedores y la íntegra totalidad de las materias de los juzgados de lo Mercantil los llevaron SIEMPRE los juzgados de 1ª Instancia. Más aún tenemos la INMENSA SUERTE de que todos nuestros jueces de 1ª Instancia están PERFECTAMENTE PREPARADOS para tramitar asuntos mercantiles; es decir, que, si decidiésemos que salvar empresas es una de nuestras primeras prioridades, disponemos de una «task force» de casi 2.000 jueces y juzgados perfectamente capacitados para acometer esa tarea.

Item más, nuestra maravillosa red distribuída de partidos judiciales (433) garantiza que no serán necesarios desplazamientos innecesarios y a menudo prohibidos pues, en todos los partidos judiciales de España, hay un juzgado de 1ª Instancia capaz de salvar empresas. Bingo.

Claro que, si priorizamos una actividad y dedicamos a ella recursos, habremos de postergar otras. ¿Cuáles habrían de ser estas?

Evidente resulta que, ante una emergencia humanitaria, no es momento de poner familias en la calle: la tramitación de todos los procedimientos ejecutivos hipotecarios habría de ser paralizada y, como estos, todos aquellos procedimiento que no son urgentes en estos momentos: servidumbres, linderos, reivindicatorias… Etc.

Tenemos lo que necesitamos: jueces formados en TODAS las ramas del derecho y capaces de hacer frente a la tarea que se les encomiende, una red maravillosa de partidos judiciales que solo mentes entregadas a la adulación de políticos inícuos han podido criticar, unos juzgados de 1ª Instancia capaces de tramitar procesos de todas clases. Podemos salir adelante y podemos hacerlo bien, solo necesitamos unos gobernantes que se quiten las orejeras de ese interés político que les lleva a concentrar en vez de distribuir.

Hay que definir las prioridades, hay que asignar medios a esas prioridades y hay que subordinar cualquier medida a la salud y seguridad de todos los operadores, sin olvidar a NADIE (y sí, en ese nadie entran los abogados y procuradores).

Podemos hacer muchas cosas, lo que sería un suicidio es atender a las demandas de estos que dicen ser y llamarse CGPJ, habituales del disparate hipotecario y la adulación crónica.

Espero haberme expresado bien.

**** De procedimientos remotos, teletrabajo, aplicaciones de multiconferencia, LexNet y otras cosas toca hablar otro día. Hoy necesitaba decir esto.

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Don Nadie, las Doñas Nadies y las ayudas del gobierno.

Sánchez Castejón repite obsesivamente que no se va a dejar a «Nadie» atrás y, mientras escucho su letanía disfrazada de discurso, pienso en la abogada que me ha llamado esta mañana a las ocho: madre, con dos hijos a a los que ha de cuidar ella sola en exclusiva, con el despacho en su casa y que, a pulmón, ha tirado para adelante como sólo saben hacer las madres estos últimos y duros once años. Pienso también en mi amigo Manolo, abogado, casado y compartiendo despacho con una abogada y con tres hijos que comen como limas nuevas. Los niños son listos y estudian y el padre y la madre, desde 2008, van con lo justo para agonizar tratando de cubrir gastos… Y pienso en ellos y en muchos, muchos más.

Pues bien, hoy, Pedro Sánchez, mientras trataba de estirarse y componer un trampantojo de pose de estadista, afirmaba gravemente que nadie quedaría sin el auxilio del estado, que todos y todas recibirían ayuda y que «Nadie» iba a quedar atrás.

Y efectivamente han sido los «Nadies», los Don Nadie y las Doñas Nadies de España los que han quedado atrás; mas de 400 mil profesionales mutualistas entre los que se cuentan más de 200 mil abogados, abogadas, procuradores y procuradoras.

Sí, mi amigo Manolo, es uno de esos Don Nadie, su mujer una Doña Nadie, mi amiga madre con dos hijos menores a cambio, es otra Doña Nadie y así hasta 200 mil Don Nadies y Doñas Nadies. Y me llevan los diablos.

Bueno, sí pasan.

Me llevan los diablos porque 400 mil personas son demasiadas personas para dejarlas abandonadas como si nada, como si nadie; y, sin embargo, los Don Nadie y las Doñas Nadies nunca pasan por el cerebro del presidente.

Bueno, sí pasan.

Sí pasan, en cambio, para decretar que son profesión esencial y deben jugarse la vida llegado el caso sin darles protección de ninguna especie; para que los delegados del gobierno, nombrados por el preboste con positura de hombre de estado, se nieguen a lo que la ley permite y les impidan a estos Don Nadies prestar teleasistencia, exigiendo presencialidad cuando no les proveen de nada que mínimamente les proteja.

Para exigirles que se jueguen la vida los Don Nadie y las Doñas Nadies sí existen. Para ayudarles en alg entonces ya no existen: son menos que Nadie.

Me llevan los diablos. Sé que el presidente conoce la situación en que están los abogados y abogadas de España y sé que la decisión de marginarlos de cualquier ayuda no es imprudente, sino deliberada, y me llevan los diablos.

Presidente, escúcheme, quizá no sea usted capaz de entender esto, pero le aseguro que la abogacía va a seguir aquí cuando usted se vaya y le aseguro que jamás vamos a olvidar a las compañeras y compañeros cuyas vidas e ilusiones va a destrozar usted y su gobierno, le aseguro que no les vamos a olvidar, y tampoco le olvidaremos a usted y le recordaremos siempre.

Con oprobio.

PD. Va por todas las compañeras y compañeros que todos los días cumplen con su deber y sacan adelante a sus familias. Va, por todos esos que, a juicio de un gobierno, no merecen ayuda alguna y son nadie.

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¿Por qué los mutualistas y los autónomos están malditos en España?

No sé qué pecado han podido cometer los trabajadores independientes en España para que se les maltrate así. Y no, no es que los autónomos ni los abogados ni los procuradores sean una especie maldita perseguida en el resto del mundo, no. En los países normales se cuida de los trabajadores independientes, en España, por desgracia, se les margina como apestados.

Es posible que ello se deba a que carecen de la fuerza que dan a los trabajadores los sindicatos y es posible también que por ser empresarios de un solo trabajador tampoco tengan la fuerza que da la patronal.

En suma que, cuando llegan tiempos de crisis son los últimos de la fila: los jodidos.

Recibo hoy un documento de un aís extranjero en el que, el colegio de abogados, informa a sus abogados de las ayudas que el Gobierno establece para ellos por la crisis del coronavirus Covid-16, entre ellas las siguientes:

«1. Los pagos del impuesto sobre la renta para los trabajadores independientes son aplazados.

Los pagos correspondientes a autoliquidaciones que venzan el 31 de julio de 2020 se diferirán hasta el 31 de enero de 2021. Esto es automático y no es necesario que lo solicite. No se aplicarán multas ni intereses por demora en el pago en el período de aplazamiento.

  1. Todas las empresas y trabajadores autónomos en dificultades financieras, incluso con obligaciones fiscales pendientes, pueden recibir apoyo, caso por caso y adecuado a las circunstancias y responsabilidades individuales.
  2. Tómese un «feriado hipotecario» de hasta tres meses. Comuníquese con su proveedor hipotecario para organizarlo. Discuta con su arrendador las obligaciones de alquiler de propiedades de las cámaras. Discuta con el arrendador de cámaras la posibilidad de posponer la totalidad o parte de sus pagos de alquiler de propiedades.

El Colegio de Abogados se ha puesto en contacto con los arrendadores para alentarlos a considerar tales solicitudes. Los arrendadores deberán informar a sus inquilinos de sus intenciones.

  1. Préstamo a través del programa de préstamos por interrupción comercial Coronavirus

Este plan temporal se lanzará en la semana del 23 de marzo de 2020 y estará disponible para pequeñas y medianas empresas. Se ha confirmado que esto incluye a los comerciantes autónomos independientes. Préstamos de hasta 5.671 € estarán disponibles, con los primeros 12 meses del préstamo sin intereses.

  1. Reciba una subvención de € 11.000 si puede usted optar al plan de Alivio de Tarifas para pequeñas empresas

Si el valor de su propiedad comercial (es decir, su valor de alquiler en el mercado abierto el 1 de abril de 2015, según el cálculo de la Agencia de Valoración) es de € 15,000 o menos, ya podrá optar a esta subvención. Esto podría aplicarse a unos pocos profesionales con una propiedad comercial. Su autoridad local se pondrá en contacto con usted para proporcionarle una subvención única de € 11,000; No es necesario que lo solicite.»

Como podéis comprobar hay países que cuidan a sus trabajadores independientes (autónomos) y luego… luego está el Gobierno de España que, a abogados y procuradores resume sus ayudas en una palabra: NADA.

Nota: esta es la Información que el «Bar Council» remitió a sus «barristers» de Londres el 25 de marzo de 2020.

Hay diferencias ¿Verdad?

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¿Para qué hemos de estar preparados los abogados independientes?

Mi amigo Joludi me llama la atención sobre un artículo del MIT (Massachussets Institute of Technology) que trata de predecir cómo será nuestra vida desde ahora hasta que dispongamos de una vacuna contra el coronavirus Covid-19, algo que, según la mayoría de los expertos no ocurrirá hasta bien entrado el año 2021, como poco. Un año entero durará esta emergencia; así pues, mentalícese y váyase preparando.

Mientras leo el artículo tomo notas y trato de aplicar lo que leo a mi propia situación personal, reflexiones que comparto por si a alguien le resultasen de algún valor.

Estrategia de lucha previsible contra la pandemia

Para evitar que los sistemas sanitarios colapsen —dice el artículo— la  pandemia debe avanzar a un ritmo lento hasta  que  suficientes  personas  se  hayan  contagiado para así lograr o bien la  llamada «inmunidad  de  grupo» (suponiendo  que  la  inmunidad dure  años, algo que, desde luego, aún no sabemos) o bien hasta  que  se  descubra  una  vacuna, algo  que no sucederá, como pronto y si es que llega, hasta  2021.

¿Y qué sucederá entretanto?

Hasta tanto, mientras haya una sola persona en el mundo con el virus, los brotes se seguirán produciendo si no ponemos los controles precisos y eso significa medidas de alejamiento social. Pero ¿cuál es la estrategia adecuada de «alejamiento social»? Cito textualmente el artículo de que trae causa este post:

En un reciente informe, los investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido) propusieron una forma de actuación: imponer medidas de alejamiento social más extremas cada vez que los ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI) empiezan a aumentar, y suavizarlas al reducirse la cantidad de las personas ingresadas.

El gráfico con el que lo explican es el siguiente:

La línea naranja representa a los ingresados en UCI. Cada vez que se eleva por encima de un umbral, por ejemplo, 100 a la semana, el país cerraría todas las escuelas y la mayoría de las universidades e impondría el confinamiento social. Cuando los ingresos vuelven a caer por debajo de 50, esas medidas se levantarían, pero las personas con síntomas o cuyos familiares tuvieran síntomas deberían seguir en sus hogares.

¿Qué se considera como «alejamiento social»? Los investigadores lo definen así: «Reducir el contacto fuera del hogar, en la escuela o en el lugar de trabajo en un 75 %». Eso no significa que haya que salir con los amigos una vez a la semana en lugar de cuatro veces, sino que todos harían lo máximo posible para minimizar el contacto social, lo que, en general, reduciría el número de contactos en un 75 %.

Según este modelo, los investigadores concluyen que el alejamiento social y el cierre de escuelas deberían producirse aproximadamente dos tercios del tiempo, es decir, dos meses sí y uno no, hasta que haya una vacuna disponible, algo que no se espera, como mínimo hasta dentro de 18 meses.

El panorama es, pues, desalentador.

Y ¿no es posible estar más tiempo confinados y evitar así este ciclo de confinamientos hasta alcanzar la vacuna o la inmunidad grupal?

Al parecer no sería eficaz.

Según el modelo de estos investigadores, esa estrategia no lograría resolver el problema. Sin el alejamiento social de toda la población, el modelo predice que, incluso la mejor estrategia de mitigación, que significa aislamiento o cuarentena de los enfermos, de los ancianos y de los que han estado expuestos, además del cierre de escuelas, aún provocaría un aumento de las personas gravemente enfermas ocho veces mayor de lo que podría soportar el sistema de EE. UU. o de Reino Unido. (Esa es la curva azul más baja en el gráfico a continuación; la línea roja plana es el número actual de camas en UCI.) Incluso si las fábricas empezaran a producir más camas y respiradores y todas las demás instalaciones y suministros, aún harían falta muchos más médicos y enfermeras para atenderlos a todos y ofrecen este gráfico para visualizar las previsiones de su modelo:

¿Y si solo se imponen restricciones durante unos cinco meses? (copio del artículo que cito)

Tampoco serviría: cuando se levantan las medidas, la pandemia vuelve a estallar, solo que esta vez sería en invierno, el peor momento para los sobrecargados sistemas sanitarios.

Esta sería la gráfica.

Esto no es una alteración temporal. Se trata, como dice el artículo, del inicio de una forma de vida completamente diferente y es en esa forma de vida «completamente diferente» que, como poco durará un año, donde trato de pensar qué deberemos hacer los abogados independientes si queremos sobrevivir.

Una forma de vida diferente

Esta nueva forma de vida lleva aparejadas consecuencias muy importantes para los diversos sectores económicos. Veámoslo.

Menos es más. Lo pequeño es más resistente que lo grande.

A muy corto plazo este nuevo estilo de vida será muy perjudicial para los negocios que dependen de reunir a grandes cantidades de personas: restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, gimnasios, hoteles, teatros, cines, galerías de arte, centros comerciales, ferias de artesanía, museos, músicos y otros artistas, centros deportivos (y equipos deportivos), lugares de conferencias (y organizadores de las mismas), cruceros, aerolíneas, transporte público, escuelas privadas, guarderías.

Bien, menos es más, nosotros, abogados independientes, formamos, lo queramos o no, una red distribuida de servicios legales y eso es bueno. Nosotros no concentramos trabajadores en un sólo punto y, al igual que la pandemia es letal para los centros comerciales basados en importantes aglomeraciones de gente, lo es también que las redes distribuidas la soportan mejor: buenas noticias pues para el pequeño comercio de proximidad, malas para los centros comerciales; buenas noticias para los despachos pequeños, malas para los grandes. Lo siento muchachos.

Los ricos lloran menos: hay que aguantar el primer golpe.

Esta crisis va a ser muy difícil de soportar para quienes hayan contraído importantes obligaciones financieras pues no podrán resistir la bajada de ingresos ni tampoco para quienes no tengan ahorros suficiente para lidiar con los cambios en sus ingresos. Ahí nos pillaron a los pequeños. Suponemos que los grandes tienen más caja pero no conocemos sus obligaciones de forma que ¿quién sabe?.

Padres con hijos, con personas en relación de dependencia, etc. sufrirán problemas añadidos pero no hay nada que un padre y una madre trabajando en equipo no superen. Todavía nadie ha inventado un equipo que juegue mejor que ese, de forma que, quizá ahora, alcancéis a entender mejor por qué os elegisteis para vivir juntos.

Todos los despachos los forman personas de forma que este último párrafo vale para todos.

Así pues, para poder continuar, vamos a necesitar aguantar el tirón inicial ¿podremos?. En situaciones de crisis las personas físicas ayudan más y mejor que las jurídicas, quiero decir, tu familia te ayudará más y mejor que un banco, recuerda que tienes pocas necesidades, un tanto más a favor de los pequeños.

Reducción de movilidad

La pandemia va a provocar importantes restricciones de movilidad en las personas por lo que cualquier red distribuida de servicios va a soportar mucho mejor el golpe que cualquier red centralizada. Los despachos pequeños cubren los 433 partidos judiciales de España, los grandes apenas 50 ó 60. Goleada de los pequeños.

Conclusiones provisionales

Afortunadamente nuestro negocio no es como los cines, o los espectáculos deportivos, somos una raza de personas solitarias o casi solitarias que no han caído en el error de la hiperespecialización; disponemos, pues, de habilidades en muchos campos lo que nos garantiza sobrevivir. Pero sobrevivir solo no significa que no sea necesaria una coordinación. Formamos, lo queramos o no, una red distribuida de servicios jurídicos y esa es nuestra fuerza. Si somos capaces de tomar conciencia de ello y demostramos que somos capaces de cooperar y de ayudarnos unos a otros a superar esta crisis veremos un renacer de una abogacía con la que, inanes y oscuros políticos y pseudopolíticos, han pretendido acabar.

Así pues me gustaría mandarte un mensaje de optimismo y decirte que no te preocupes demasiado si el presente es malo porque, lo seguro, es que el mañana es nuestro.

Hay muchas cosas por hacer: adelante.

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Y si tú, como yo, eres de los que creen que aún hay muchas cosas por hacer ven con nosotros, únete a la #RED