Desjudicializar

Un corrupto o un delincuente no temen a nada salvo a la justicia y es por eso que los primeros interesados en desjudicializar son los corruptos y los delincuentes.

Resulta obnubilante cómo, desde 2008 para acá, todos los partidos políticos en el gobierno han insistido machaconamente con el tema de la «desjudicialización»; al parecer, para ellos, que los temas se resuelvan en el juzgado es intrínsecamente malo… y no me extraña. Que los temas acaben en el juzgado suele ser malo, sobre todo, para el delincuente y el corrupto.

Y no, no me salga con la cancamusa de que por qué escribo ahora de esto y no lo hice antes; no me salga con eso, por favor, porque antes también lo hice y con la misma o mayor vehemencia que ahora. El argumento de que «antes también se hizo» no es más que un eslogan de hooligan o fanático. Los errores no corrigen errores y los errores de ayer no convalidan los de hoy, de forma que, si va a decir eso, mejor ahorrese el esfuerzo y no meta más ruido en el ambiente.

Ni a los de antes ni a los de ahora les gusta que en este país la justicia funcione, seguramente porque si funcionase no habrían podido hacer tan fácilmente ni durante tanto tiempo las tropelías que han hecho y es por eso que les encanta convertir en «trending topic» y en considerar negativo que un asunto se «judicialice», sobre todo si tiene que ver con asuntos de dinero público manejado por ellos o sus amigos reales o de conveniencia.

Ni a los de antes ni a los de ahora les gusta que nadie meta su nariz en sus manejos financieros y mucho menos si es un juez de instrucción tiñalpa y piojoso que escapa a su órbita de influencia.

Es por eso que todos los gobiernos habidos, los de antes y los de ahora, adoran hablar de «desjudicialización», sobre todo de las causas que afectan a sus amigos y conmilitones.

Dime cuánto inviertes en justicia y te diré cuánto odias la corrupción, dime cuánto hablas de desjudicialización y te diré cuánto sospecho que quieres hacer o has hecho algo ilegal o delictivo.

El pueblo sólo dispone de una herramienta para que los ricos, los poderosos, los gobernantes, se sujeten al imperio de la ley y esta es la justicia.

Por eso cuando miro los presupuestos y veo lo que invierten en justicia o cuando les escucho hablar de desjudicialización me formo de ellos una imagen, creo, que bastante exacta.

Y es deprimente.

Pactos «anticorrupción»

Acaban de remitirme una copia del pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos y que ambas formaciones han dado en llamar «anticorrupción». Tal pacto incluye un acuerdo en el que se hace constar textualmente:

Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

No me gusta ese pacto, qué quieren que les diga, no creo que sea lo que necesita España para acabar con la corrupción y hasta me parece que pudiera resultar contraproducente.
Soy abogado y mi profesión es, básicamente, defender imputados; creo saber, pues, de lo que hablo. Un imputado (investigado se le llama ahora) no es más que una persona a quien alguna otra acusa de haber cometido un delito ante la administración de justicia y, esta, decide abrir un proceso para averiguar si efectivamente la acusación es cierta o no. Un amplio número de esos procesos finaliza mediante el sobreseimiento provisional o libre de la causa (el juez entiende que los hechos no están probados) e incluso, de entre aquellos procedimientos que llegan hasta la fase de juicio oral, una nada despreciable cantidad finaliza con sentencia absolutoria porque el acusado, verdaderamente, es inocente de los delitos que se le imputaban. Condenar a una persona antes de juzgarla es pre-juzgarla y, el juicio emitido respecto de ella antes del verdadero juicio, es en puridad un pre-juicio.

Pues bien, gracias a este pacto, los firmantes han elevado a la categoría de herramienta política el «pre-juicio» (discúlpenme si al decirlo molesto a alguien) y con él están justificando que sobre el imputado recaigan consecuencias negativas a causa de una conducta por la que no ha sido juzgado, que desconocemos si ha cometido en realidad y respecto de la cual puede ser declarado inocente.

No es la primera vez que el «pre-juicio» se eleva a la categoría de arma política en la historia de nuestra joven democracia, básteme recordar la figura de Demetrio Madrid, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quien hubo de abandonar su cargo a causa de ser acusado de un delito que nunca cometió.

No, en mi sentir esta no es la forma de acabar con la corrupción; acabar con el principio constitucional de la presunción de inocencia es más una forma de acabar con la democracia que con la corrupción. Es lo que pienso, es lo que digo. He defendido a demasiadas personas inocentes injustamente acusadas como para cambiar ahora de idea.

Yo creo firmemente que, para acabar con la corrupción, hace falta predicar menos y dar más trigo: para acabar con la corrupción hace falta Justicia y no remiendos. Podemos construir un camino rápido, justo y directo a la justicia, no necesitamos de malos atajos.

Necesitamos un país donde una persona injustamente acusada pueda ver su caso resuelto en unos pocos meses (no en lustros), necesitamos una administración de justicia donde los políticos justamente acusados de corrupción puedan ser condenados en un breve espacio de tiempo. Necesitamos un país donde la Justicia no sea sólo un concepto escrito en un papel (por más que ese papel sea la Constitución) sino que sea una realidad que rija la vida de los ciudadanos, donde el inocente no tema acusaciones injustas y donde el culpable sepa que encontrará un rápido castigo a sus desmanes. Para eso, créanme, sólo hace falta invertir un poco de dinero en la administración de Justicia y tomarnos en serio el primero de los valores que nuestra Constitución contempla.

Para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia con medios que resuelva en meses los problemas por complejos que estos sean, para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia cercana y accesible a todos los ciudadanos, para acabar con la corrupción basta con disponer de una justicia independiente ajena a los tejemanejes de los políticos.

Firmar un pacto como el que hoy se ha firmado no solucionará nada si nuestra justicia sigue en el estado de coma vigil en el que se encuentra; pero para revivir a nuestra justicia en coma lo primero que hace falta es darle alimento, pues  el enfermo se nos muere de anemia. A lo que se ve es más fácil predicar que dar trigo; firmar un documento es gratis, hacer de este país un estado justo es otra cosa distinta.

Sólo hay un camino para atajar la corrupción y ese camino es la justicia: una justicia, ya lo he dicho antes, independiente, con medios, rápida, muy rápida, cercana y accesible; una justicia como la que persigue el manifiesto #T; es decir, una justicia de verdad y para todos. El resto son remiendos.

Vale.

Constitución y Justicia.

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Estoy seguro que habrán visto la escena en alguna película norteamericana: una clase de niños recita las primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos («We, the people of the United States…»). El trabajo de Hollywood debe haber sido tan eficaz que tengo por cierto que hoy son más los españoles que saben cómo comienza la Constitución Estadounidense que los que saben cómo comienza la española de 1978. En particular creo que los sucesivos gobiernos que hemos tenido son quienes lo han tenido más olvidado y, mucho más particularmente, los ministros de justicia; porque, si conociesen las siete primeras palabras de la Constitución Española igual de bien que conocen las de la Constitución Norteamericana, sabrían que la nuestra comienza diciendo: «La Nación Española, deseando establecer la justicia…». Pero lo han olvidado si es que alguna vez lo supieron, decididamente lo han olvidado.

Parece que a nuestros gobiernos, si algo les pasa cuando llegan al poder, es que olvidan los principios y, el principio que antes que ningún otro olvidan, es el principio del principio de la Constitución. No de otro modo puede explicarse que los sucesivos gobiernos de España hayan venido destinando más de 6.000 millones anuales a mantener las diputaciones provinciales y tan sólo 1.500 a mantener la justicia; no de otro modo puede explicarse que se gasten más de 1.000 millones de euros en pagar altos cargos de las mismas diputaciones y tan sólo se destinen 34 a la justicia gratuita. Y el caso es que la Constitución comienza diciendo… «La Nación Española, deseando establecer la justicia…» y no diciendo… «La Nación Española, deseando establecer diputaciones provinciales…»

Quienes vivimos en regiones como la de Murcia, Madrid, Asturias, Cantabria o La Rioja sabemos que sin diputaciones provinciales se vive estupendamente, que uno puede ahorrarse una pasta en sueldos de diputados provinciales sin que nadie les eche de menos, pues sus funciones las asume la comunidad autónoma respectiva; lo que no tenemos tan claro es que podamos prescindir de los jueces o de la justicia sin que esto se convierta en lo que ya está siendo: el paraíso de la corrupción. ¿Alguien recuerda algún Gobierno de España después de los de Adolfo Suárez que no se haya visto afectado por escandalosos casos de corrupción?

He usado el ejemplo de las diputaciones provinciales, pero puede usted usar el que quiera, basta con leer los presupuestos generales del estado; si la Nación Española se dio una constitución porque deseaba establecer la justicia es obvio que nuestros gobiernos lo han olvidado y creen que la Nación Española, en realidad, se dio la Constitución porque deseaba establecer diputaciones, recalificar suelo rústico, construir urbanizaciones, ayudar a la banca privada, cobrar comisiones o gestionar «eres». Quizá haya que recordarles que hay que volver a los principios, al menos al principio de la Constitución.

Leo los programas electorales de los diversos partidos y en ellos el primer principio que menciona nuestra Constitución, la Justicia, no parece resultarle atractivo a ninguno: se le dedican pocas y ambiguas palabras, ningún compromiso presupuestario firme o creíble y pienso si no es nuestra obligación recordarles con nuestro voto cuál fue la primera razón que los españoles tuvimos en cuenta para vivir juntos.

Vivimos una crisis donde unos pocos han depredado a muchos, donde entidades financieras sin escrúpulos han situado al mundo al borde la bancarrota, donde políticos sin principios se han lucrado con comisiones y mordidas y donde la justicia ha sido incapaz de controlar y reparar sus desmanes porque simplemente se la dejó sin medios y maniatada.

Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas acabar con la corrupción. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto deseas que la riqueza nacional se distribuya con equidad. Dime cuánto vas a invertir en justicia y te diré cuánto te importan los principios. Vale.

Quedan 14 días para las elecciones generales. Feliz día de la Constitución.

Héroes de Cavite

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En Cartagena no hemos ganado jamás una guerra. Fuimos Carthagineses contra los romanos, romanos contra los godos, godos contra los musulmanes y musulmanes contra los castellanos. En 1873-74 fuimos cartageneros contra el mundo y en 1936-39 los últimos republicanos de la península. No, nunca hemos ganado una guerra, las hemos perdido todas, pero seguimos aquí desde hace varios miles de años.

Quizá por eso nuestros monumentos no cuentan victorias sino derrotas.

Suelo pasear a menudo por la Plaza de los Héroes de Cavite y me entretengo leyendo los nombres de aquellos que acabaron «dando la vida por España» según la terminología oficial, aunque sería más exacto decir que perdieron la vida por culpa de sus gobernantes.

Leo en esas lápidas nombres gallegos, vascos, catalanes, andaluces y muchos, pero que muchos, apellidos cartageneros; tantos que, a veces, me parece estar leyendo los antiguos registros de abogados de mi colegio. Los «Héroes de Cavite» le llaman mis vecinos al monumento aunque también está dedicado a los marineros muertos en Santiago de Cuba.

El monumento me transmite sensaciones contradictorias: tristeza por la muerte de tantos hombres e ira por la poca vergüenza de quienes les mandaron a morir. Oscuras historias de corrupción impidieron que esos hombres contasen con cañones en Bahía Subic, con torpederos submarinos, incluso el crucero Colón carecía de cañones en las torres…

La corrupción nunca sale gratis, a veces se paga en dinero y otras, como aquí, la pagaron españoles generosos con su vida.

Por eso cuando paseo por allí pienso en España, en sus gobernantes, en la corrupción y me pregunto si no acabaremos siendo todos unos desdichados «Héroes de Cavite».

La moraleja del submarino de Peral

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Hoy se cumplen 125 años de la botadura del submarino de Peral, el primer torpedero submarino del mundo.
Propulsado por un avanzado sistema de acumuladores eléctricos y con sistemas de navegación submarina precursores de la cibernética el submarino de Peral ponía en cuestión la supremacía naval británica, de forma que esta recurrió a una compleja estrategia de corrupción política en la que no fue difícil hacer caer a nuestros políticos de la época. Sobres contra torpedos: La victoria británica estaba cantada.

En 1898 España pagó el precio de tanta corrupción con mas derrotas navales de Santiago y Cavite y la subsiguiente pérdida de Cuba y las Filipinas.

Peral, decepcionado, conservó de su buque tan sólo la bandera, se negó a cooperar con ningún gobierno extranjero a pesar de las tentadoras ofertas que le hicieron y fundó una empresa de acumuladores eléctricos cuya sede social estaba, curiosamente, en Madrid, en la calle Génova número 13.

Hoy el submarino de Peral está en reparación, dañado su casco por el paso del tiempo y por hallarse a la intemperie. El ayuntamiento de Cartagena ha decidido, acertadamente, protegerlo a pesar de que es un icono casi totémico para los habitantes de la ciudad.

Hoy cumple 125 años el submarino, lugar de trabajo para muchos de mis vecinos de Cartagena. Felicidades a todos.

La historia del submarino de Peral es no sólo motivo de orgullo para los cartageneros sino también un claro ejemplo de lo que puede pasarle a un país gobernado por la corrupción y no por los principios que, más allá de la electricidad, hicieron posible el submarino de Peral.
No olviden la moraleja: La tienen esculpida en piedra en la plaza de los Héroes de Cavite.

Vale.