El derecho de pagar en efectivo

Si a usted nunca le han cortado el agua o la luz por falta de pago usted no sabe lo que es ser pobre.

Para que a uno le corten el agua o la luz antes ha dejado de pagar cosas menos vitales: ha dejado de pagar la hipoteca porque el proceso de ejecución y desahucio puede tardar varios años, ha dejado de pagar su seguridad social porque si no se come hoy ese dinero no hará falta mañana, ha dejado de pagar los plazos de la tarjeta y ha dejado de pagar cualquier cosa que no sea la comida de hoy.

Para usted y para sus hijos el agua y la luz son imprescindibles pero, para pagarlos, necesita usted domiciliar los pagos o hacerlos con su tarjeta de crédito o débito y, a estas alturas, meter dinero en la cuenta de su banco es absolutamente inútil porque, en cuanto entre el dineri, el banco se quedará con él para cobrarse sus deudas aunque le deje a usted y a sus hijos sin agua o sin luz.

Si tiene la mala suerte de que se la corten usted no podrá restablecer el servicio yendo a pagar en billetes del Banco Central Europeo porque las empresas de agua y luz sólo le admiten pagos por tarjeta y usted no tiene tarjeta porque no tiene dinero, precisamente por eso le han cortado el agua o la luz.

Puede usted limpiarse sus mocos si los tiene con esos dos billetes de 50€ que le han prestado, no podrá usted pagar con ellos y restablecer el servicio. Su niño beberá en los charcos o se calentará quemando los muebles de su casa porque eso, a la hidro o a la eléctrica, les importa una mierda.

Para los pobres poder pagar en dinero es fundamental. Un pobre puede ir a una panadería o un bar y pagar la comida en efectivo, un pobre, en cambio, no puede pagar la luz o el agua porque estas empresas llenas de políticos no aceptan los pagos en efectivo. Para un pobre poder conservar el dinero preciso para vivir es imprescindible y eso no puede hacerlo jamás en un banco porque este siempre se cobrará él el primero aunque su cliente y sus hijos no tengan para comer ni para beber.

No, si usted no ha pasado por todo esto no sabe lo que es ser pobre, pero no desespere, si es usted autónomo sólo necesita una mala enfermedad para mirar cara a cara a la pobreza y, si es usted uno de esos muchos empleados de banca que defendían el dinero de su banco como si fuera suyo, rece porque sus despidos se negocien bien, su empleador es un psicópata a quien no le importa que usted o sus hijos mueran de hambre.

Si es usted mujer y tiene hijos a su cargo que ha de sacar adelante usted sola mejor no le digo nada, usted le ha visto las pupilas a la pobreza demasiado cerca.

Por eso, cuando veo que el gobierno restringe los pagos en efectivo a 1000€ o la Unión Europea trata de evitar el anonimato en los pagos, me acuerdo de quienes le han visto la cara a la pobreza, de quienes no tienen cuenta bancaria, de quienes no pueden tener tarjeta y de todos aquellos que, sólo por el totalitario deseo de los gobiernos de controlar hasta el último céntimo los gastos de la ciudadanía, verán como su vida se vuelve cada vez más imposible.

El anonimato en los pagos es un derecho, el uso de efectivo es un derecho y la posibilidad de vivir sin bancarizarse es otro derecho ¿O es que también hemos de hacer ganar dinero a los bancos por ley?

Para estos tipos que beben agua mineral y no del grifo, que consumen electricidad hasta para calentar el asiento del retrete, que viven de pisar moqueta y creerse los dueños del estado, todos los demás parecemos ser solo contribuyentes y no personas.

Pero los pobres son personas y tienen un límite. Y conviene no explorar ese límite porque les aseguro, señoritos y señoritas de la moqueta, que la madre, el padre, el hombre o la mujer que han pasado por lo que les cuento, saben exactamente cómo tratar a tipos como ustedes.

El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

El objetivo correcto

Veo cómo jueces, funcionarios, procuradores, abogados y, en general, todos esos colectivos que ahora llamamos «operadores jurídicos», debaten los términos y condiciones en que la administración de justicia volverá al trabajo estos días y no dejo de sorprenderme.

Defender los intereses propios de cada grupo es una tarea absolutamente legítima pero, permítaseme decirlo, si tal defensa no contribuye a la defensa del interés de todos, al interés colectivo, la indiscutible legitimidad de las protestas se convierte simplemente en una variante más del viejo argumento «pro domo sua».

Digo que me sorprendo porque la administración de justicia en España no tiene más que una finalidad conocida: servir al administrado; y, en todo el ruido argumental que escucho estos días, nadie, del ministro abajo, parece estar pensando en lo que debiera ser nuestra principal preocupación: los administrados, nuestros compatriotas.

Es verdad que, para la administración de justicia, el administrado suele ser esa persona que es conducida esposada hasta las dependencias judiciales. Es verdad también que el auténtico mostrador de atención al público de la administración de justicia española son los despachos de los abogados. Quizá todas estas circunstancias han hecho que hayamos construido una administración de justicia de espaldas a los administrados (desde el diseño de los palacios de justicia a las comunicaciones judiciales todo parece diseñado olvidando a los administrados) y es probable que, a base de olvidar a los administrados, nuestra administración de justicia olvide a menudo que esos administrados son su única razón de ser.

Digo esto porque, a día de hoy, tanto los llamados «operadores jurídicos» como la prensa nacional e internacional han señalado de forma unánime el terrible caos al que se enfrentará la administración de justicia española tras la crisis sanitaria del Covid-19: el tsunami de casos judiciales que en breve la arrollarán si no se toman las medidas precisas; y me sorprende que, estando todos de acuerdo en tal previsión, el debate sobre cómo afrontaremos ese tsunami es lo que parece preocupar menos en este momento a los operadores jurídicos y es lo que, sorprendido, más echo en falta en todo este tremendo ruido que hay montado.

Cuando se prevé que los casos mercantiles aumenten en más de un 300%, cuando se prevé que los casos laborales aumenten en un 200%, cuando es obvio que el ministerio ha decidido abandonar a empresas y trabajadores a su suerte (no ha hecho nada para afrontar la avalancha de casos en estos tres meses) y cuando es evidente para todos que el colapso está garantizado, a los operadores jurídicos parece no preocuparnos la certeza de que los españoles padeceremos una catástrofe jurídica sin parangón.

Y me sorprendo.

Me sorprendo porque, como creo que ya conté, si no hacemos frente a ese tsunami nos iremos todos al carajo y tendremos que asumir que buena parte de la culpa habrá sido nuestra.

Para hacer frente a ese 300% más de casos mercantiles o a ese 200% más de casos laborales necesitaríamos una inversión inmediata de un 300% y un 200% en esos sectores y, sin embargo, no sólo no habrá un céntimo de inversión sino que, incluso cuando se pide ayuda a Europa, para justicia sólo se piden 40 millones de euros que, para que ustedes se hagan una idea, es más o menos lo que el gobierno se gasta en turno de oficio en zona ministerio; es decir: una mierda.

Que la justicia le importa un bledo a nuestros gobiernos es tan obvio que hasta cuando tienen que pedir piden poco. El primer objetivo de la Constitución Española, la justicia, convertido en basura por todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos lustros.

A ver si lo entendemos: defender los intereses de los administrados es defender la justicia. Pelear porque los administrados puedan resolver sus conflictos con rapidez y corrección ante los juzgados y tribunales es defender la justicia, pues los intereses de los administrados y los de la administración de justicia son unos y coincidentes. Si es usted juez, abogado, funcionario u «operador jurídico» de cualquier clase entienda que defender los intereses de los administrados es defender sus propios intereses y que, en su argumentario, esa defensa debiera ser su principal única e irrenunciable reivindicación.

Sin embargo el ministro y algunos sectores oscuros de entre esos «operadores jurídicos» con sus actos demuestran que no piensan así. Con sus actos nos dicen que no habrá inversiones en justicia (posturas «incrementalistas» las llama el inefable ministro), con sus actos nos dicen que van a aprovecharse de la tragedia para llevar a cabo reformas en su exclusivo beneficio, reformas que ahora, bajo la coartada de la crisis, creen que pueden cohonestar. Hace unos días, el Consejo de Venecia, advirtió a los gobiernos de que no aprovechasen la crisis para introducir reformas definitivas; ya verán ustedes como eso el ministro de justicia se lo pasa por el forro. Él ya lo ha manifestado, quiere aprovechar la crisis para reformar la justicia.

La reforma que el ministro prevé es la misma infamia que ya se ha logrado parar en ocasiones anteriores (provincialización y alejamiento de sedes judiciales) y que han logrado imponernos infamemente en otras (juzgados hipotecarios para mejor colapsar la justicia).

Y entre el enfado general de unos, las infamias premeditadas de otros y la conciencia generalizada de que muy poco puede esperarse de nuestra administración de justicia, olvidamos a los administrados, a los que serán víctimas inocentes de un tsunami por todos previsto y, al parecer, por todos olvidado.

Creo que todos cuantos trabajamos en el mundo de la justicia tenemos una magnífica causa por la que pelear, una causa cuya defensa implica la defensa de nuestra propia causa, una causa, en fin, que es la razón de ser de todos nosotros y de todo este entramado al que llamamos administración de justicia.

Esa causa son los administrados, los españoles y españolas, los únicos objetivos posibles a defender en una protesta legítima. Es sorprendente que, tan a menudo, los olvidemos.

Y no hay remedio

Bien, lo hemos conseguido, ya es inevitable: gracias a la administración de justicia nos iremos todos al carajo.

Yo no sé si el gobierno, el ministro o quienquiera que sea que esté al mando, se da cuenta de cuál es el problema que va a enfrentar nuestra administración de justicia, de verdad que no lo sé. No es que los concursos vayan a aumentar en un 300% o los procedimientos laborales se disparen un 200%; el problema es que tras esos procesos hay personas cuyo futuro depende de que se tramiten correctamente y con rapidez.

Si hacen ustedes memoria y recuerdan la crisis de 2009, con una bajada del -3,6% del PIB, se acordarán sin duda de las consecuencias de aquello; ahora, con una bajada prevista del PIB del -13% ¿Imaginan las consecuencias?

Recuerden cómo entonces la PAH defendió a los ocupantes de viviendas frente a comisiones judiciales que iban a lanzarles, recuerden que hubo un 15-M, recuerden que partidos como Podemos y Ciudadanos crecieron al calor de aquella crisis, recuerden las ayudas a la banca y el empeoramiento general del nivel de vida de los españoles… Eso fue con un -3,6%… Ahora con un -13% ¿Imaginan eso multiplicado por tres?

Pues bien, si la administración de justicia no es capaz de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, eso es lo que nos espera. O peor.

Peor porque, en esta crisis, las zonas más castigadas económicamente estarán más localizadas. Zonas turísticas como la Costa del Sol, Canarias, Baleares, la costa catalana (Salou, Cambrils, Sitges…) o ciudades enteramente turísticas como Benidorm se encontrarán con la mayoría de su población en paro y, si la administración de justicia no es capaz de dar una respuesta adecuada a sus demandas, el chispazo de la violencia puede saltar en cualquier momento.

Ya hay grupos de ultras en la calle y la desesperación es muy mala. Pasarán los meses, se agotarán los ahorros, la desesperación aumentará y lo que pueda ocurrir será imprevisible. Es verdad que vivimos en un país cuya población es maravillosa pero, en la medida de lo posible, convendría no poner eternamente a prueba su paciencia.

La administración de justicia es una pieza capital para amortiguar toda esta situación y está siendo sistemáticamente olvidada por el gobierno. Las medidas que se han tomado no tienen nada que ver con hacer frente al reto de la inmensidad de asuntos que le van a llegar y son solo unas medidas de reapertura escalonada, como si nada pasase, como si no hubiese un elefante dentro de la habitación.

Todos estamos ya contando cuánto tiempo queda para que los plazos se reanuden, preguntándonos por cómo haremos los juicios de forma segura, por las medidas de plástico y tramoya de los juzgados… Y, mientras el tsunami se aproxima, quienes gobiernan no hacen nada por paliarlo, de hecho hacen como si no existiera: ni una inversión, ni una medida de calado.

El ministro, como si viviésemos en la más absoluta normalidad, crea comisiones insensatas para hablar de la Ley del Derecho de Defensa, para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para tratar de aquilatar el sexo de los ángeles… y, mientras, el horror de centenares de miles de familias deja ver su amenazadora silueta otoñal.

La administración de justicia no solo va a fallarle a los españoles sino que, su mal funcionamiento, será una de las causas de que su desgracia sea aún mayor; y la responsabilidad será enteramente de quienes la han dirigido, no solo en este gobierno, sino en todos los anteriores hasta que me alcanza la memoria. Va ser, al mismo tiempo, un drama y una vergüenza: un drama para los españoles y una vergüenza para quienes hemos dedicado nuestra vida a trabajar en esta administración.

Pero no se apuren señores del gobierno, no sufra señor ministro, ya verá como muy pocos se lo echan en cara; porque, la verdad, en España hace mucho que nadie espera nada de la justicia.

¡Qué triste es todo esto!

Tranquilos, nadie sabrá que hemos sido nosotros

Creo haber dicho ya que, gracias a la administración de justicia, la economía —y quizá también la sociedad española— se irán al carajo.

El ministro de justicia, con su inane decreto, no sólo no ha puesto ningún remedio para frenar la marea de casos que amenazan con asolar nuestros juzgados, sino que, increíblemente, ha abierto la caja de los truenos a costa de declarar hábiles un cierto número de días de agosto.

Tal disposición, que probablemente sea inconstitucional, ha tenido el valor añadido de crispar y enfrentar a una ya bastante maltratada abogacía.

A pocos días de la aprobación del decreto el balance es impresionante: seguimos sin contar con medios con que afrontar el inevitable aumento de casos en lo social y en lo mercantil; seguimos sin tener ningún plan de contingencia para evitar el colapso económico de empresas y familias y por no planificar, ni siquiera se ha esbozado un plan para poder disponer de una IFEMA jurídica que auxilie, siquiera sea de modo temporal, a una administración de justicia colapsada.

Como le escribió al gobierno el Almirante Cervera al zarpar de Cartagena hacia Cuba en 1898:

«…no hay plan ni concierto, (…) esto es un desastre ya, y es de temer que lo sea pavoroso dentro de poco…»

Y lo fue.

Y sí, al igual que entonces, la situación de nuestra justicia es un desastre ya y es seguro que lo será pavoroso dentro de poco. Incluso lo poco que esta administración tenía (buenos hombres y mujeres capaces de dar lo mejor de sí mismos si se les daba una buena causa) ha sido horriblemente dilapidado por el ministro sembrando discordias.

A día de hoy no sólo no contamos con ningún medio más de los que contábamos antes de la pandemia sino que, además, la falta de un plan mínimamente creíble y el dictado de medidas tan solo destinadas al consumo de la galería, ha provocado un tan innecesario como encendido e inútil debate entre operadores jurídicos a cuenta de la habilidad o inhabilidad de diez días de agosto.

Resulta imposible hacerlo peor.

Debo confesar que hubo un momento que esperé que el ministro acertase, un momento en que confié en que pediría y obtendría fondos adecuados a la magnitud del reto; que tomaría medidas de calado para habilitar un 200% más de capacidad de proceso de nuestra administración en lo mercantil y en lo social… pero no; lamentablemente no ha tomado ni una medida seria y las que ha tomado, sin un plan general que les dé sentido, no sólo no sirven para nada positivo sino que sólo coadyuvan a crispar los ánimos de quienes trabajan para esta administración sin rumbo.

Sí, esto es un desastre ya y es de temer que dentro de poco lo sea pavoroso; pero no se preocupen. Aunque las trabajadoras y trabajadores españoles no puedan encontrar en los juzgados de lo social respuesta a sus demandas, aunque los juzgados de lo mercantil se conviertan en funerarias para enterrar empresas, aunque la economía española se vaya al maldito infierno por culpa de la administración de justicia, no se preocupen.

No se preocupen porque nadie ha confiado nunca en que la administración de justicia fuese a salvarles; porque la población española ha vivido ya muchos siglos con la certeza de que la administración de justicia nunca les sacará de ningún apuro; porque todos saben que la administración de justicia siempre ha estado colapsada, siempre ha estado infradotada, y ahora no va a ser distinto.

No se preocupen, nadie señalará a la administración de justicia como culpable de la pavorosa crisis económica que muchos españoles y españolas van a tener que soportar a cuerpo limpio, y no lo van a hacer porque, es muy triste decirlo, jamás esperaron nada de nosotros.

Sigamos, pues, discutiendo tranquilamente quien es el competente para montar los cañones, cuando acabemos la discusión quizá ya se haya rendido Manila.

Y víctimas serán los de siempre

Quizá si cuento una historia podamos entender mejor cuál es el presente y el futuro de la Justicia española.

Los Estados Unidos acababan de declarar la guerra a España en 1898 y una escuadra norteamericana zarpó hacia las Filipinas.

Todas las naciones del mundo predijeron una fácil victoria española en Filipinas. Los buques norteamericanos tenían su base más cercana a muchos miles de kilómetros y no podrían reparar ninguna avería, además carecían de tropas de desembarco mientras que los españoles tenían en las islas importantes guarniciones y, además de todo eso, España había mandado a las Filipinas unos imponentes cañones Krupp para artillar Bahía Subic, un reducto inexpugnable para la escuadra norteamericana. Los norteamericanos, pues, tenían pocas o ninguna posibilidad de triunfar en las Filipinas.

Afortunadamente para ellos al mando de las fuerzas españolas había hombres hechos de la misma pasta que los que componen nuestro ministerio de justicia y nuestro consejo general del poder judicial.

Gracias a tan egregios señores, cuando el Almirante Montojo se dirigió a Bahía Subic para combatir allí a los norteamericanos, se encontro con que los famosos y temidos cañones Krupp no estaban instalados porque los dirigentes del ejército y la armada andaban enredados en discusiones sobre quién era el competente para ocuparse de instalarlos… Ya saben ustedes, que si esto corresponde al CGPJ, que si esto corresponde al ministerio…

Montojo hubo de abandonar Bahía Subic ante unos estupefactos norteamericanos y dirigirse a la Bahía de Manila, allí esperaba contar con el apoyo de la artillería de costa de la capital… Pero no, tampoco, a los dirigentes de Manila no les gustaba la idea de que la batalla tuviese lugar frente a la ciudad porque, claro, igual recibían algún cañonazo… Ya saben ustedes, no, a los juzgados de instancia no, que aunque sean 1700 igual se nos estropea la patraña de la especialización y la concentración… No, mejor en los mercantiles que, aunque sean 68, se hundirán ellos solitos mucho mejor.

Montojo hubo, pues, de abandonar Manila ante unos descojonados norteamericanos y acabar con sus barcos dando la cara en Cavite: el peor lugar posible.

Aquello, claro, fue una carnicería: los barcos norteamericanos pudieron cañonear impunemente a la flota española y muchos marineros, gallegos, cartageneros, gaditanos… españoles en suma, hubieron de morir por la idiotez, estulticia y cobardía de sus jefes.

Cuando la Armada Norteamericana amenazó con bombardear Manila esos mismos inútiles se rindieron y los EE.UU. ganaron las Filipinas sin más resistencia que la que luego opondría la guerrilla tagala.

¿Comprenden por qué a los héroes del Baler les parecía imposible que España hubiese perdido esa guerra? ¿Comprueban ustedes cómo en este país los que se dejan la piel y la vida son siempre los mismos?

Lo que está pasando con nuestras autoridades judiciales no es muy distinto de aquello y, al igual que ocurrió entonces, cuando aquí contemos las víctimas de esta tragedia veremos que serán, otra vez, los mismos de siempre: los Héroes de Cavite.

¿Ha tenido que llegar la crisis para que aprendamos que LexNet y Minerva son patatas?

Aún lo recuerdo, el Consejo General de la Abogacía Española hacía palmas con las orejas ante los planes de Catalá de implantación de LexNet. Papel cero decían. Y recuerdo a todas las comunidades autónomas gastándose los pelos en sustanciosos contratos y desarrollos de software para construir el caos cibernético del que ahora disfrutamos.

Nunca un país invirtió tanto dinero en conseguir descabalar tan a fondo su sistema judicial.

Y aquí estamos, padeciendo ese LexNet y ese Minerva que, como el lenguaje lo aguanta todo, nuestros ministros de justicia y sus indispensable séquito de consejeros turiferarios, calificaron de grandísimos avances en su momento.

Pues bien, desde nuestras redes denunciamos que uno y otro eran dos #patatas. Dos birrias cuyo peor defecto es que medio funcionaban y que, por eso, muchos ingenuos aguantarían usando esas dos birrias hasta que pasase algo.

Y ha pasado.

Les cuento: me escribe una abogada colombiana sorprendida porque en los juzgados españoles no se pueda teletrabajar o consultar desde casa los expedientes judiciales. Le explico la desastrosa situación informática en España y el batiburrillo caótico de sistemas Avantius, Vereda, Justizia.bat, ejusticia, Adriano… y así hasta llegar a los ínclitos LexNet y Minerva.

Le digo que no, que con LexNet y Minerva no se puede teletrabajar, que LexNet es sólo un sistema de notificación y Minerva no permite la consulta de expedientes.

Ella, sorprendida, me manda unas cuántas capturas de pantallas de cómo está teletrabajando ella y me quedo pensando en lo mismo que, sin duda, tú pensarás si has llegado leyendo hasta aquí.

Y ahora vete a buscar a Caamaño, a Gallardón, a Catalá y a toda la caterva de indigentes informáticos que se gastaron millones de euros en colocar a la administración de justicia estas patatas.

Ahora es cuando deberíamos ajustar las cuentas con quienes gastaron los dineros de todos y planificaron. Y se las deberíamos ajustar muy, muy, estrechas. Pero no lo haremos, porque no tenemos memoria, porque somos pánfilos, porque perdonamos la mentira y la estafa si se hacen a lo grande.

Porque, al final, a quienes peleamos contra estas basuras no nos queda más pataleo que el de las madres cuando, enfadas, dicen a sus hijos: «Te lo advertí».

Me llevan los diablos.

Entiéndanlo: el problema de la justicia en esta crisis está en los primeros tres meses.

Veo los planes del ministro de justicia y no doy crédito a mis ojos. No sólo no resuelven ningún problema sino que lo crean.

Vamos a ver: el problema que plantea esta crisis va a ser si la administración de justicia podrá dar solución a los problemas que se le van a presentar en los primeros tres/cuatro meses tras el estado de alerta.

Los juzgados de lo social van a ver cómo se incrementa su carga de trabajo en un 80%

y los juzgados mercantiles en un muy probable 150%.

Estos datos puedes confirmarlos aquí, aquí o aquí.

Recuerda: la crisis en 2009 supuso una caída del -3,6% del PIB, este año el PIB va a caer, como poco, UN 13%. Estamos ante la crisis de 2008 multiplicada por cuatro y en un entorno sanitario en el que NUNCA podrás hacer funcionar los juzgados al 100%.

Si no entiendes eso no entiendes nada, si no entiendes que hay que colocar la administración de justicia en modo «ahorro de energía» para destinar los recursos a lo verdaderamente importante es que no entiendes nada y si, encima, adoptas medidas que te impiden hacerlo no se necesita saber más para tener por cierto que este ministro nos lleva de cabeza al fracaso.

Si la administración de justicia española no da respuesta en estos pocos meses a ese tsunami de casos lo que haga después no servirá para nada: la economía de España y la de los Españoles y Españolas se habrá ido al carajo.

Si esto no se comprende no se comprende nada ni se puede planificar nada.

La administración de justicia no puede hacer esperar ni doce ni ocho ni seis meses a un trabajador despedido: la vida de una familia va en ello.

La administración de justicia española no puede retrasar la tramitación de un concurso ni quince días so pena de convertirse en la enterradora de una empresa.

Y la onda de reclamaciones en materia laboral y de concursos YA está entrando en los tribunales y el ministro NO ha hecho nada. A estas alturas el desastre es ya casi imposible de evitar y el martes próximo el desastre será absolutamente inevitable.

El ministro no está en la realidad, no ha entendido que, para cuando los recursos lleguen (si llegan) los trabajadores y las empresas españolas y serán unas víctimas de su administración de justicia y él será el culpable.

Ya les dije que la administración de justicia va a contribuir decisivamente en esta crisis a que todos nos vayamos al carajo y, por lo que le leo al ministro, así va a ser.

Ni va a priorizar y a reasignar los recursos escasos, ni va a atender a prioridades, ni ha hablado con la abogacía —solo con una señora desintonizada— ni con la procura, ni ha convencido a los sindicatos ni tiene la más remota idea de cómo se diseña un plan de contingencia en medio de un entorno de riesgo para la salud pública como este. Los juzgados van a colapsar y van a colapsar donde el daño es mayor: laboral y mercantil.

Lo siento, no puedo darle buenas noticias, el martes será el día en que certifiquemos que la administración de justicia española no ayudará a este país a salir de la crisis, sino que contribuirá a agravarla.

El hundimiento

Mueve divisiones imaginarias, escucha a portavoces que no transmiten más que su propia voz, se entrevista con representantes que no se representan ni a ellos y, cuando les hace caso y nombra a un coordinador de comisión, se encuentra que, eso que ha hecho creyendo que le congraciaría con algunos, lo que hace es enemistarle con todos.

En el búnker de San Bernardo el ministro tiene intervenidas las lineas de comunicación con el mundo real, con la procura real y con la abogacía real.

El ministro es de esas personas que confunden el continente con el contenido, las etiquetas con los productos y las formas con los fondos; es de esos jueces que, habiendo pasado demasiado tiempo en dique seco y maleado por el teatrillo de los políticos, ha acabado confundiendo la verdad formal con la verdad material.

En esta crisis no tienen cabida personas así; o quizá sí, lo tengan, a fin de cuentas en toda crisis ha de haber un responsable del desastre, alguien que, cometiendo errores ajenos, cargue sobre sí las culpas de toda esa ineptitud.

Probablemente el ministro quiere, puede y sabe, hacerlo mucho mejor de lo que lo está haciendo.

Pero en el búnker de la calle de San Bernardo al ministro le han cortado las líneas de comunicación con la realidad y, asumiendo errores de otros, nos está conduciendo firme y decididamente hacia el desastre.

Esperemos que saque la cabeza del búnker antes de que se produzca el hundimiento y sea capaz de escuchar las voces de todos y no sólo la impostura irresponsable de unos cuantos portavoces que no portan voz alguna.

Tiene que llover

En una sociedad sin abogados la primera víctima son los derechos de todos. Las sociedades sin derechos no necesitan de abogados pero las sociedades sin abogados da igual que proclamen derechos: nunca tendrán ninguno.

Y es eso lo que quieren construir: una sociedad sin una abogacía real sino solo con una abogacía de negocios porque así los derechos de la ciudadanía no serán reales sino solo un negocio.

Para ellos, claro.

Somos ahora el 85% de la abogacía española, pero cada vez seremos menos. Aspiran a que salgamos diezmados de esta crisis, a que muchos de los nuestros vayan a la lona y no puedan seguir ejerciendo esta profesión de la que han vivido durante años. Por eso no hay ayudas para los abogados como tú y como, por eso no han dedicado ni un euro a ayudar a quienes defienden los derechos de todos, por eso, cuando hay que redactar leyes, se lo encargan a un representante de los grandes despachos y a ti ni te preguntan.

Pero no pueden tumbarte. Tú tienes que resistir compañero; tú tienes que aguantar compañera; porque si vosotros, compañeros y compañeras, no resistís, no habrán tumbado a la abogacía independiente, habrán tumbado los derechos y libertades de todos.

¿Y qué puedo hacer? Me dirás.

Haz que les duela. Aún queda un rescoldo en España de una cosa llamada democracia y se construye sobre los votos y la persuasión y vosotros, compañeros, compañeras, sois los mayores expertos en ese arte que hay en España. Ponedlo, pues, al servicio de todos.

Haz que tu visión llegue a los medios de comunicación, a tus amigos periodistas o locutores, a tus clientes, hazles saber que cuando nos golpean a nosotros quienes están recibiendo el golpe son ellos, haz que la infamia se sepa y que no se olvide.

Quizá te parezca poco pero, si todos barriésemos el portal de nuestra casa, la calle estaría reluciente. No podemos esperar salvadores ni que un día pase el camión de riego o que, de pronto, llueva. Somos nosotros quienes tenemos que hacer que el agua limpie la calle. Porque tiene que llover y vamos a hacer que llueva: a cántaros.

No preguntes qué vamos a hacer, tú sabes lo que has de hacer. Confía en tus compañeras y compañeros y sé consciente de que junto a ellos formas una red irrompible, porque es una red tejida con las aspiraciones y los ideales de todos.

Entiende, compañera, entiende, compañero, que tienes que resistir y que tienes que hacerlo no por ti, sino por el futuro de los tuyos y de todos.

Buenos días, es un placer sentirse a vuestro lado.