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Infantería de primera instancia

Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia que parece enmendar la plana a nuestro más alto tribunal: el Tribunal Supremo (TS).

El lector poco informado o sin conocimientos jurídicos puede pensar que esto es un deja vu, un proceso cíclico, una especie de eterno retorno en que los jueces de primera instancia y algunas audiencias valientes, a base de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, acaban por torcer la decimonónica jurisprudencia del TS, al tiempo que este, a su vez, en cuanto le llegan procesos adecuados a hombros de entidades financieras, vuelve a dictar sentencias que tratan de recortar todo lo posible el alcance de la jurisprudencia del TJUE.

Sí, esto es lo que cree el lego.

A veces, incluso, cuando alguna sección de alguna Sala del TS ha parecido romper este ciclo fatal, siempre ha aparecido oportunamente algún presidente que ha convocado a toda prisa algún pleno que ha cortado las alas de esos peligrosos magistrados díscolos.

Es normal, pues, que el lector poco informado o sin conocimientos jurídicos llegue a pensar que el TS es una especie de ángel de la guarda de bancos y entidades financieras a las que protege impulsado por algún alto móvil que la población ignorante, no alcanza a entender.

La sentencia de hoy vuelve a revivir fundamentalmente dos viejos debates: el de las comisiones de apertura en las hipotecas y el de las costas en favor de los consumidores.

El TJUE vuelve a inclinar en favor de los consumidores la posibilidad de reclamar las comisiones de apertura (posibilidad que los tribunales españoles venían negando) y ha recordado cuál debe ser el régimen de las costas en estos procesos, algo que no acaban de entender quienes fueron tomando todas las medidas precisas para volver antieconómicas las reclamaciones de los consumidores: alejar los juzgados, vincular las costas a la cuantía económica del procedimiento de forma cicatera y en perjuicio de la posibilidad de reclamar de los consumidores, etc…

Juzgados únicos provinciales lejanos y colapsados, abogados y procuradores trabajando por costas ridículas, bancos pagando abogados a 30€ el día independientemente de cuántos juicios hagan y con la casi exclusiva misión de oponerse sin razón en el 98% de los casos…

España entera pareciera estar danzando al son que tocan los bancos y algunos tribunales parecen estar bailando gozosamente ese vals mientras unos pocos jueces de primera instancia (cada vez menos, claro, que para eso se crearon los juzgados hipotecarios, para tener bien controlados a los díscolos) cambian el curso de la historia triste y gris que escriben esas entidades, sin otra gloria y premio que el de sentir que han cumplido con su deber.

Sí, hoy, para el lector poco informado o lego en leyes, aparentemente se ha escrito una página más de esa extraña lucha interminable que enfrenta al dinero con la justicia, a los valientes con los acomodados, a quienes cumplen con su deber con quienes pretenden ser cumplidos.

Sí, eso es lo que cree el lector poco informado y lego en leyes, pero no sólo él: porque esto lo cree también la mayoría de los ciudadanos, legos o no, y lo creen los abogados, procuradores y jueces de infantería que, conscientes de cuál es la jurisprudencia del TS, adecuan la jurisprudencia española al siglo XXI a golpe de cuestiones prejudiciales.

Esta va por ellos.

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Tiñalpas

Los bancos llaman en busca de ayuda a todos los poderes del estado desde que se conoció la sentencia de la Sala 3ª declarando que el obligado al pago del impuesto era el banco.

Afirman que devolver lo abusivamente cobrado en los últimos quince años causaría graves daños al sistema financiero (traducido: les costaría una pasta a ellos) y que muchas entidades habrían de cerrar.

Lloro de pena.

Verdaderamente apena que cualquiera de estas entidades haya de ser absorbida por algún otro pez más grande porque no puede devolver lo afanado. Que ellas hayan dejado a familias en la calle y a personas sin más futuro que trabajar para ellos hasta la muerte nunca les ha motivado para levantar ni un sólo teléfono.

Ahora llaman a los ministros para contarles lo fatal que lo pasaría «la economía» si ellos se ven obligados a devolver lo esquilmado. A lo que se ve «la economía» de todos es solo la suya y, la de los ciudadanos que la han visto antes depredada precisamente por quienes se quejan, no son más que las granjerías de unos tiñalpas.

Los tiñalpas no debiéramos dejar que ahora el gobierno vuelva a despacharse con decretitos ralentizadores, ni debiéramos tolerar esas voces que inmediatamente pedirán «mediaciones» y «arbitrajes» so capa de un buenrollismo tonto de baba.

Los bancos han convertido durante años a la administración de justicia en su oficina de cobro, de ejecución, de subasta, de desahucios… todos los españoles hemos pagado la cuerda con que los bancos nos han ahorcado llamándola administración de justicia. Ahora, los bancos, no quieren permitir que su «oficina de recobros» haga honor a su nombre de Administración de Justicia y les diga lo que han de hacer y por eso piden ayuda al gobierno.

En los próximos días vamos a saber quién es quién en este país y de qué lado está cada uno. Van a ser semanas interesantes. O irritantes.

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Un mes de juzgados trampa hipotecarios

El de los juzgados hipotecarios «trampa» va a pasar a la historia como uno de los mayores fiascos organizativos que se conocen por parte de quienes «organizan» nuestro sistema judicial. Hay quien, a la vista de las proporciones del fiasco, considerará incluso que un error tan evidente y predecible no puede ser un error sino que ha tenido que ser buscado de propósito para beneficiar a alguien y será entonces cuando quienes así piensen comenzarán —como de hecho ya han comenzado— a afirmar que el propósito real de la medida es favorecer a la banca frente a los consumidores. No entraré en eso, pueden elegir ustedes: o incompetencia o malicia, como gusten; no seré yo quien haya de tratar de inclinarles a uno u otro extremo en ese punto.

Ha pasado un mes desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —con el «placet» del Ministro de Justicia— instaurase un sistema que, según ellos, debería hacer frente al aumento de litigios relacionados con las cláusulas abusivas que presentan las hipotecas en España.

Ha pasado un mes, como decimos, y comienzan a aparecer datos del funcionamiento de este sistema, construido sobre 54 juzgados únicos provinciales que ponen de relieve la absoluta insensatez de la medida. En este artículo trataremos de repasar esos datos y, para ello, usaremos como términos de comparación la provincia más poblada de España y —por razones obvias— la mía. Como veremos, en ambos casos, la medida adoptada por el CGPJ se revela como un auténtico fiasco. Comprobémoslo.

Comencemos por la provincia más poblada de España (Madrid), una provincia que cuenta con más de 200 juzgados civiles capacitados para conocer de este tipo de demandas y que, sin embargo, siguiendo las directrices del CGPJ, ha encomendado a un sólo juzgado (el Instancia 101) el conocimiento de todas las demandas de este tipo. En tan sólo 15 días este juzgado recibió 1.102 demandas lo que, de mantenerse la tasa, dará lugar a unas 2.200 demandas al mes. Teniendo en cuenta que un juzgado con 1.000 demandas al año ya está colapsado podemos afirmar sin ningún género de dudas que, de mantenerse este ritmo, este juzgado madrileño recibirá cada mes una carga de trabajo igual a la que recibirían dos juzgados iguales en dos años: una auténtica locura.

Si, en cambio, estos 2.200 asuntos se hubiesen distribuido entre los más de 200 juzgados de Primera Instancia de Madrid, cada uno de ellos no tocaría ni a diez demandas; una cifra absolutamente digerible a pesar de la lamentable carencia de juzgados en nuestro país y de la pésima relación juez/habitante que exhibe. Faltan jueces, sin duda, pero si, además, encargas a uno solo lo que podrían hacer más de 200 lo que estás provocando es un atasco cuyas proporciones no pueden pasar desapercibidas a nadie.

Por tanto, por lo que a Madrid respecta, podemos afirmar sin ningún género de dudas que el juzgado YA está colapsado según se advirtió al CGPJ. No ha hecho falta ni un mes, han bastado 15 días, juzguen ustedes mismos.

Por lo que respecta a la Región de Murcia, conforme a los datos facilitados por el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en este mes de junio el juzgado único encargado de tramitar el tipo de demandas que nos ocupa ha recibido 274 demandas. Si esta tasa se mantiene el juzgado único de Murcia estará colapsado en 3 meses (habrá recibido en un trimestre una cantidad de asuntos igual a la máxima que podría digerir en un año). Si estas 274 demandas se hubiesen distribuido entre los 54 juzgados de 1ª Instancia con que cuenta nuestra región apenas si habrían supuesto 5 asuntos más por juzgado.

A la vista de estas cifras la medida adoptada por el CGPJ en relación con este asunto resulta tan absolutamente incomprensible que es difícil no buscar más bien coartadas que explicaciones y lo es mucho más si añadimos todo el resto de circunstancias que ensucian hasta lo inaceptable la misma: la falta de medios, el recurrir a jueces en prácticas, la centralización infamante sin más beneficio que el de dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia… No necesito repetirlas en este artículo, si hace usted una mínima búsqueda en la red las encontrará a cientos y suscritas por voces más autorizadas que la mía.

Visto lo visto uno no acaba de entender que el CGPJ se obstine en mantener una medida contra la que se han alzado todas las voces independientes del mundo de la justicia en España y que ha dado lugar a que incluso parlamentos autonómicos —como el de la Región de Murcia— hayan emitido su opinión unánime en contra. ¿Qué gana el CGPJ gobernando no sólo contra la opinión de todos sino contra la de los propios administrados?

Decían en la Grecia clásica que, a quien los dioses quieren destruir primero le vuelven loco; pero no loco de cualquier enfermedad sino de lo que ellos llamaban «hibris», una especie de desmesura soberbia. Pues bien, el CGPJ ha rebasado los límites de la mesura y lo ha hecho incurriendo en la más intolerable soberbia: desoyendo a sus pares (jueces y magistrados como ellos mismos); desconociendo la opinión de abogados, procuradores y el resto de los operadores jurídicos; ignorando los pronunciamientos de órganos representativos de la soberanía popular; desoyendo las quejas de las asociaciones de consumidores… Indudablemente quienes han adoptado o fomentado esta medida están poseídos por la «hibris» y su fin ya se adivina. Esperemos, por nuestro bien, que en su caída no se lleven por delante más de lo que ya se han llevado. Vale.

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Hipotecas, zorras y gallinas

No habían pasado ni unas pocas horas desde que ayer se publicase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, cuando hizo su aparición en escena el ministro de justicia de España y algún representante de la oposición para decir lo normal en estos casos: que acataban la sentencia, naturalmente, y que como ciudadanos responsables que eran exigían de los bancos y cajas un comportamiento ajustado a la misma con carácter inmediato.

¿Fue así? Esperen… ¡Ah no!

No, perdón, esto es España, lo que les he contado es lo que hubiese sucedido en un país normal. Aquí quienes aparecieron en escena lo que pidieron no fue que bancos y cajas cumpliesen con los dictados de la sentencia, lo que pidieron urgentemente es que se constituyese un arbitraje que rearbitrase los arbitrios y determinase como cumplir lo que no hay ninguna duda de cómo se debe cumplir: pagando. Porque lo de pagar ni lo mencionaron, hablaron eso sí de que «había que alcanzar pactos» como si a estas alturas y después de la sentencia hubiese algo que pactar. No se les vió alegres de que la sentencia salvaguardase los derechos de los ciudadanos y sí se les observó ciecunspectos. Comunicación no verbal la llaman quienes de esto entienden.

Uno recuerda tiempos muy recientes, cuando 517 familias de media al día eran lanzadas a la calle por falta de pago en el primer trimestre de 2012. No recuerdo que desde el gobierno se pidiese con urgencia ningún «arbitraje» o «pacto» que impidiese aquella sangría que aún hoy, bien que más moderadamente, prosigue. No recuerdo tampoco que los bancos se apiadasen de padres y madres de familia en paro a quienes lanzaron a la calle junto con sus hijos y sin contemplaciones.

Luego hemos sabido más cosas. Hemos sabido que diversos bancos manipularon el euribor para hacer que los hipotecados les pagasen más. Hemos sabido también que estos bancos y cajas titulizaron las hipotecas para venderlas a fondos sin anotar esas ventas en el registro. Y hemos sabido también que, en uno de los países con mayor proporción de población reclusa de europa, quienes nunca están entre esa población son quienes han desangrado con los medios antes narrados a las familias españolas.

Si hacen memoria verán que la solución nunca ha venido de nuestro gobierno sino de fuera de nuestras fronteras. En 2013 hubo que modificar la ley no porque al gobierno le hubiese preocupado hasta entonces hacerlo sino porque una sentencia europea le obligaba a ello. El gobierno no trabajó para obtener aquella sentencia, el gobierno no trabajó en defensa de sus ciudadanos, quienes trabajaron fueron esos desconocidos a quienes llaman «operadores jurídicos» y que en realidad no eran más que un abogado, un fiscal y un juez que cumplieron con su deber.

Ahora vuelve a pasar lo mismo. No es que el gobierno haya peleado denodadamente en Europa en defensa de los derechos de los ciudadanos, no, más bien al contrario; si por algo ha trabajado el gobierno ha sido por lo contrario. Pero aquí -de nuevo- oscuros «operadores jurídicos» (personas que cumplen honradamente con su deber) han vuelto a tirar abajo todo el chiringuito de mentiras e injusticias de unos «actores políticos» que defienden más a quienes les financian las campañas electorales que a quienes les votan.

Ayer la sentencia podría haber sido desfavorable para los intereses de los ciudadanos que pagan o han pagado préstamos hipotecarios y habríamos seguido como hasta ahora, sin que el gobierno pidiese arbitrajes o martingalas de ayuda para nadie. Pero la sentencia fue favorable y bastaron minutos a los representantes del gobierno y algunos partidos para salir en tromba a pedir árnica, emplastos y cataplasmas para quien se ha llevado impunemente el dinero de las familias españolas.

Ustedes me van a perdonar, tengo memoria, y en todo este asunto de las hipotecas no he visto al gobierno estar nunca del lado de los ciudadanos sino del de las entidades financieras; si alguna ayuda han tenido los ciudadanos les ha venido de más allá de los Pirineos y, ahora que Europa les dice a los bancos que devuelvan lo indebidamente cobrado, resulta muy poco edificante ver al gobierno y a algunos partidos solicitar antes árnica que el cumplimiento estricto de las sentencias.

Lo de las cláusulas suelo no se va a resolver con una firma en el banco y con el regalo de una batería de cocina o de una cubertería. Es mucho dinero el que han cobrado indebidamente, no permita que, ahora, en el corral de las hipotecas, pongan a las zorras a cuidar a las gallinas. Haga usted que le devuelvan lo que es suyo desde el primer euro y hasta el último; ellos, tenga la absoluta seguridad, lo harían así aunque para lograrlo hubiesen de ponerle a usted y a sus hijos en la calle. Lo tienen muy bien acreditado.