Leo los discursos electorales de los partidos que se presentan a las elecciones, escucho a sus líderes, escudriño las reacciones de su militancia y no descubro en ninguno de ellos el más mínimo interés por la justicia.
En un país donde banqueros inicuos han mandado a la ruina a millones de ciudadanos honrados, donde políticos infames se pavonean de doctorados y másteres que jamás estudiaron, donde las administraciones han sido oficinas de recalificar terrenos en favor de los amigos, de vender negocios al tres per cent, de colocar familiares o buscarse jubilaciones; donde los partidos han sido oficinas de recaudación para regocijo de sus líderes, donde —para triunfar— es mejor tener amigos que méritos; en un país así, que está buscando justicia como el enfermo que agoniza busca una bocanada más de aire, quienes pretenden decidir nuestro futuro no incluyen en él la justicia.
Sabemos que los programas electorales son como ese whatsapp que el rufián manda a su amada jurando quererla siempre y permanecer siempre a su lado mientras, entre mensaje y mensaje, busca pareja eventual en Tinder. Sabemos que esos programas son una colección de mentiras que sólo se cumplirán si resulta conveniente para los intereses de esos cuantos que gobiernan los partidos. Pero sabemos también que, si ni siquiera te mencionan en ellos, ya no es que no les importes ni les importe engañarte, es que no existes para ellos.
Los abogados y abogadas son parte decisiva de un país donde la justicia importe, aunque sea poco. Los abogados y abogadas de oficio son parte decisiva de un país donde la justicia de los más desfavorecidos importe, aunque sea menos que poco. Por eso, cuando veo que los abogados de oficio llevan un año en la calle reclamando que se les paguen sus miserables retribuciones y veo también que en ningún discurso electoral, ni siquiera les mienten y les dicen que cobrarán a tiempo cantidades dignas, es entonces cuando sé que les importamos menos que nada. Que todos estos políticos, criados y educados en la escuela de los másteres y doctorados de paripé, en el seminario de las inagotables tarjetas black, en la academia del tres por ciento, en el liceo de las recalificaciones urbanísticas, en el colegio del soborno y en la universidad de la corrupción; a estos políticos no les interesan ni los abogados de oficio, ni la justicia de los desfavorecidos, ni la justicia a secas y en mayúscula porque sólo ella es capaz de acabar con tanta tropelía y en el fondo bastantes de entre ellos, de quienes les precedieron o de quienes precedieron a los que les precedieron, habrían de dar cuentas muy incómodas ante una administración de justicia capaz de pedírselas.
Pero yerran, un estado de disgusto y de decepción se extiende y es ya general, un consenso cada vez más firme se asienta sobre la convicción de su dudosa honestidad, una hartazón cada vez mayor alcanza al electorado y ese consenso general ya no puede deshacerse sin apelar a la justicia.
Mentiréis, volveréis a prometer lo que no pensáis cumplir, volveréis a empeñar la palabra que hace tiempo perdísteis en la casa de empeños; pero vais a tener que mentirnos y, para entonces, podéis tener la seguridad de que una red de abogados y abogadas os estará esperando para pasar cuentas a limpio.
Nos vuelven a llamar a las urnas para que elijamos entre varios partidos al gobierno que saque a España del estado en que se encuentra. Quienes han gobernado hasta ahora se han mostrado incapaces de arreglar esto y han recurrido a las elecciones como herramienta para solucionar el bloqueo político en que estamos sumidos, como si el cambio de personas y no de condiciones y estructuras fuese a solucionar algo.
En estos últimos años en España hemos vivido un calvario de políticos sinvergüenzas que, cuando no compraban títulos académicos para darse lustre, vendían planes urbanísticos para forrarse, ocupaban puestos en consejos de administración de grandes empresas sin saber hacer un ocho con una escopeta de dos caños o facilitaban que las entidades financieras saqueasen las economías de los votantes.
En España es verdad que ha faltado pan para tanto chorizo como sabiamente diagnosticó la población y, sin embargo, de lo que la sociedad no ha parecido darse cuenta es de que el único pan que permite a la ciudadanía comerse a tantos chorizos como tenemos se llama justicia.
La ciudadanía ha probado con partidos y coaliciones nuevas, como si cambiando a las personas y no mejorando las herramientas democráticas fuese a cambiar la situación. La charcutería nacional, gracias a nuevas opciones, ha podido cambiar de caras, sí, pero seguramente no de conductas y ahora, con otras elecciones más en ciernes, llama la atención que incluso se apunten a la general matanza nuevas marcas de chacinas.
Vamos a decirlo en corto y por derecho: el único pan que empareda a tanto chorizo se llama justicia y ninguno de los partidos que concurren a las elecciones ha hecho de ella su primera prioridad para las próximas elecciones. Si el espectáculo continúa cuatro años más no le extrañe.
Los partidos que sucesivamente han gobernado en España han mostrado un patrón de conducta siniestramente regular en materia de justicia. Todos los partidos que han gobernado han demandado una justicia independiente desde la oposición pero, al llegar al poder, han mantenido el sistema de elección del CGPJ y han olvidado las recomendaciones del Consejo de Europa. Todos los partidos que han gobernado, desde la oposición han defendido que la justicia debe ser cercana a los administrados pero, en cuanto han llegado al poder, se han ocupado de alejarla de ellos lo más posible, manteniendo, por ejemplo, esa repugnante distribución de juzgados hipotecarios destinados a atascar la justicia en beneficio de los bancos y en perjuicio de los consumidores.
Han sido todos los partidos que han gobernado defensores de boquilla de la ciudadanía pero, al llegar al gobierno, han mantenido para los bancos —por ejemplo— procesos especiales que les permitían ejecutar sus hipotecas cargando sobre los ejecutados importantes cantidades en concepto de intereses y costas mientras que han tratado de dilatar el acceso de los ciudadanos a la justicia con inútiles procesos previos o incluso presionando para que las costas del proceso no sean repercutidas en su integridad a los bancos, de forma que hayan de soportarlas los administrados.
La Justicia ha sido para los partidos que han gobernado una insufrible molestia que investigaba sus másteres ficticios, sus sucias financiaciones o sus abyectos tejemanejes. Por eso la Justicia nunca ha sido dotada suficientemente, porque la justicia es el enemigo de los malvados y los corruptos y nadie quiere un enemigo fuerte.
La Justicia es el pan con que emparedar a toda la charcutería nacional; es el pan que falta para tanto chorizo y es por eso que la justicia es una prioridad nacional.
Así pues, cuando vayas a votar, piensa que ninguno de los derechos que te prometan existirá si no dispones de una administración de justicia eficaz donde exigirlo y busca quién se compromete con los principios de #T: Justicia con Medios, Justicia Independiente, Justicia Cercana y Justicia sin Barreras de Acceso como las Tasas.
Ahora que ya sabes donde está el pan que te faltaba, ponte en marcha y ve a por él, porque pronto habrá elecciones y no podemos desaprovechar muchas más oportunidades.
Hoy es el día internacional de la mediación y la Asociación de Mediadores de la Región de Murcia me ha pedido que intervenga en el acto conmemorativo que se celebrará esta tarde a las 18:00 en los salones del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, de forma que, esta mañana, ando pensando lo que les contaré. Suelo improvisar mis intervenciones pero, para hacerlo, antes debo acopiar una buena colección de ideas que luego usaré o no, discrecionalmente, porque, como dicen que dijo Mark Twain: lleva varias semanas preparar un buen discurso improvisado.
Dándole algunas vueltas al asunto me ha venido a la cabeza esta mañana que hace unos 4.300 años que las leyes regulan la vida de las personas (si tomamos como fecha inicial la del gobierno de Urukagina de Lagash en Sumeria) pero que esos 4.300 años no representan más que un pequeñísimo fragmento (apenas el 1,4%) de los 300.000 años de historia de la especie humana1, una historia exitosa de convivencia, cooperación, vida en común y trabajo en equipo. Homo sapiens —el zoon politikon de Aristóteles— si es algo, es, antes que nada, un animal social que comparte y coopera y, quizá hoy, en el día mundial de la mediación, debiéramos preguntarnos cómo este animal político ha conseguido resolver sus conflictos durante esos 300.000 años de historia en que vivió sin leyes ni jueces.
Conviene que descartemos en primer lugar la violencia pura y simple como método de resolución de conflictos —no infravaloren a nuestra especie— pues la violencia, tendremos ocasión de verlo, no es el sistema que emplea la naturaleza para promover la cooperación. De hecho, la especie humana, tiene una curiosa aversión a los machos alfa: a diferencia de otras especie de simios la especie humana ha desterrado de su ADN la predisposición a tal jerarquía social, no hay «machos alfa» en la espacie humana, a sapiens nunca le han gustado los abusones y sus conflictos siempre ha procurado resolverlos por medios distintos de la violencia.
En segundo lugar, en esta larga biografía de 300.000 años debemos descartar también a la administración de justicia como el método de resolución de conflictos usado por sapiens. No fue sino hasta la revolución neolítica, con la aparición de la agricultura, que aparecieron también las primeras civilizaciones y, con ellas, las organizaciones sociales necesarias para instaurar un sistema de leyes que regularan la vida de las personas junto con un cuerpo de jueces que distinguiesen lo justo de lo injusto.
¿Cómo resolvió sapiens sus conflictos durante esos 296.000 años que vivió sin jueces? ¿Resolvía sus conflictos peor que ahora o la armonía en que vivían tribus y clanes era de una calidad similar a la de la sociedad actual? ¿Qué herramientas, mecanismos o sistemas, ha usado sapiens estos 296.000 años para conseguir armonía y eficacia cooperativa en sus grupos?
Todas esas preguntas, que deberían ser objeto de estudio si existiesen unos verdaderos estudios sobre «Derecho Natural» en España, han tratado de ser respondidas desde las más diversas ramas de la ciencia; desde la antropología, a la biología pero, si algunas ciencias han rendido especiales servicios a esta investigación, estas son, en mi sentir, las matemáticas —singularmente la teoría de juegos— junto con las ciencias que estudian los procesos evolutivos.
Llama mi atención que, mientras que en el resto del mundo se hace un esfuerzo importantísimo para conocer los fundamentos biológicos o evolutivos de lo que llamamos «justicia», en España sigamos repitiendo la misma cancamusa de siempre.
Para entender la justicia prefiero unas líneas de Robert Axelrod o Frans de Waal que sesudos volúmenes de los filósofos de siempre —espero que se me disculpe esta afirmación «performática»— y, por lo mismo, prefiero aproximarme a la justicia y a la resolución de conflictos usando del método científico antes que de la especulación.
Hemos dicho que la historia de convivencia y cooperación de sapiens se ciñe a los últimos trescientos mil años; pero no podemos olvidar que sapiens no es más que una especie del género homo, un género también caracterizado por la vida en sociedad y la cooperación (piensen si no en homo neanderthalensis y en su humana forma de vida) que remonta nuestro pasado hasta más allá de dos millones y medio de años hacia el pasado; dos millones y medio de años en los que homo vivió en sociedad y usó de mecanismos de resolución de conflictos que, siendo exitosos tal y como la propia historia acredita, no parecen atraer a día de hoy la atención de los científicos patrios.
En realidad, tanto sapiens como homo, no son más que una especie y un género de la gran familia de los hominidos, una ingente colección de formas vivientes todas ellas expertas en la cooperación y en la solución de conflictos grupales. Es sobre los hombros de todos estos antepasados sobre los que se levanta nuestra justicia y nuestros métodos, no tan alternativos, de resolución de conflictos y entre ellos, singularmente, la mediación.
No debo extenderme más en este punto ni creo que sea preciso insistir sobre la particular forma de ceguera que se deriva de considerar a la administración de justicia como la única herramienta válida para solucionar los conflictos humanos, pero no debo dejar de advertir sobre la particular sordera que muestran, sobre todo los poderes públicos, cuando se niegan a dotar de medios a la forma más moderna, refinada y eficaz que sapiens ha descubierto para resolver sus problemas: la administración de justicia.
Viendo el proyecto de presupuestos generales de este año observo cómo la Justicia sigue padeciendo de una absoluta falta de medios y de dotaciones presupuestarias mientras se trata de presentar a la mediación a guisa de cimbel como la solución a estas carencias. Por otro lado, observamos cómo la mediación tampoco cuenta con dotaciones presupuestarias y se la usa, más como un expediente útil para no destinar medios a justicia que con una sincera confianza de los poderes públicos en sus posibilidades.
La política presupuestaria del gobierno parece que nos quiera llevar de las «diligencias para mejor proveer» de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil a una «mediación para mejor dilatar» que disimule la lentitud y falta de medios en que vive y trabaja la Administración de Justicia Española; política presupuestaria esta que aniquila no sólo las capacidades de nuestra Justicia, sino que hace saltar por los aires cualquier esperanza de que la mediación pueda instaurarse como una herramienta útil en la resolución de conflictos.
Estas ideas rondan mi cabeza esta mañana, esta tarde ya veremos qué cuento a los mediadores, aunque sé que algunas de estas ideas estarán en mi intervención junto con otras sobre las que he escrito antes y los apuntes de algunas otras más sobre las que siento que debo investigar más. La forma en la que los seres humanos y los animales sociales resuelven los conflictos que nacen de la cooperación es un campo extremadamente fértil en el que, por desgracia, en España no parecemos estar interesados en sembrar y, mientras esto sea así, no hace falta ser profeta para saber lo que se cosechará: nada.
Los restos más antiguos de Homo sapiens se encuentran en Marruecos, con 315 000 años. Las evidencias más antiguas de comportamiento moderno son las de Pinnacle Point (Sudáfrica), con 165 000 años. Nuestra especie homo sapiens pertenece al género homo, que fue más diversificado y, durante el último millón y medio de años, incluía otras especies ya extintas. Desde la extinción del homo neanderthalensis, hace 28 000 años, y del homo floresiensis hace 12 000 años (debatible), el homo sapiens es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. ↩︎
Se atribuye comúnmente esta cita a Antonio Machado y he tenido ocasión de recordarla este principio de verano cuando, por razones largas de explicar, he vuelto a leer los capítulos iniciales de «El Capital», obra fundamental de Karl Marx y base de la ideología comunista. En ellos Marx habla de las mercancías y, muy machadianamente, distingue lo que él llama «valor de uso» del «valor de cambio». El valor de uso de una mercancía no precisa mayor explicación, las cosas sirven naturalmente para algo pues, si no sirven para nada, carecen de valor de uso; el valor de cambio, por el contrario, nos habla del intercambio de las mercancías y de las cantidades de cada una que habríamos de trocar para obtener una cantidad de la otra… es decir, cuantos pollos vale una vaca o cuántos litros de leche vale un martillo, proceso de cambio para el cual resulta muy útil el dinero, entidad que, fuera de esto, carece del más mínimo valor de uso como puso de manifiesto la archicitada frase que, entiendo yo que de forma apócrifa, se atribuye a los indios Cree.
Sólo después que el último árbol sea cortado, sólo después que el último río haya sido envenenado, sólo después que el último pez haya sido atrapado, sólo entonces nos daremos cuenta que no nos podemos comer el dinero.
Marx, en su análisis, prescinde de conceptos básicos para la formación de los precios y que son objeto fundamental de estudio para la economía clásica, como son los de demanda y oferta, y por ello ha sido criticado; sin embargo, a pesar de que comparto plenamente esa crítica negativa a la visión de Marx, su intento de tratar de comprender el «valor» de las cosas me parece loable aunque, ya que estamos en el siglo XXI y en la sociedad de la información, su visión se me antoja absolutamente obsoleta a pesar de que es, ciertamente, inspiradora en algunos momentos.
Para Marx la base del valor estaba en la cantidad de trabajo que había sido necesaria para obtener una determinada mercancía, desde la materia prima hasta el producto acabado. Así, el valor de una sartén de hierro se determinaría por la cantidad de trabajo empleado en extraer el mineral de hierro, fundirlo y dejarlo apto para ser trabajado por los herreros y, finalmente, por el trabajo del herrero que transforma el hierro en sartén. Toda la suma de este trabajo sería para Marx el valor de la sartén.
No voy a discutir el punto de vista de Marx ni su caracterización del trabajo como elemento generador de valor, sólo voy a tratar de dar un salto de la Sociedad Industrial del siglo XIX a la Sociedad de la Información del siglo XXI, salto en el que, quizá, alguna de las ideas expresadas pudieran ser de utilidad. Veámoslo.
Si pensamos la realidad con un enfoque informacional no nos costará entender que el universo está compuesto esencialmente de tres cosas: materia, energía e información, si bien, es esta última la que verdaderamente hace interesante al universo. Quizá en este punto convenga aclarar a qué me refiero cuando hablo de información y esto puedo hacerlo de dos formas: o bien remitiéndome a la teoría de la información de Claude Shannon y a los postulados de la termodinámica y demás teorías científicas o bien vulgarizando de un modo más sencillo para ahorrarles el trabajo científico que lleva aparejada la primera opción. Voy a tratar de hacerlo.
Créanme, en el universo se desarrolla una guerra eterna entre el orden y el caos, entre la información y la entropía, una guerra que sabemos de antemano que ganará el caos pues, como sin duda sabrá usted aunque no haya estudiado física, la entropía es la única magnitud que siempre crece en el universo junto con el tiempo.
Sin embargo, el que la entropía (si quiere llámele caos) crezca siempre en el universo no significa que, localmente, no haya lugares en el cosmos en los cuales el orden (la información) se manifiesta en todo su esplendor y revierte este fatal sino universal. Mire a su alrededor, las plantas y árboles engendran plantas y árboles, los animales y microbios campan por doquier y esas son realidades que contradicen el inexorable camino al caos del universo: un maravilloso orden rige aparentemente la biosfera de la Tierra. Sin embargo, créame también, este efímero triunfo del orden sobre el caos no es gratis, pues sólo puede producirse a costa de un generoso aporte de energía.
Si usted mira a su alrededor verá las mismas materias y energías que pudieron ver los dinosaurios en el Jurásico y el Cretácico… sí, mire bien, lo que usted está contemplando es el mismo hierro, el mismo granito o sílice que ya estaba en la Tierra en los períodos en que los dinosaurios imperaban en nuestro planeta. No hay ninguna materia ahora en la Tierra que no estuviese ya en ella en el Jurásico y, sin embargo, usted sabe también cuán diferente resulta nuestro mundo de aquel: aviones, rascacielos, naves espaciales, microprocesadores… La realidad es que, siendo el mismo mundo y la materia la misma, hemos logrado «informarlo» de forma muy distinta y reordenar la materia de manera que adquiera nuevas formas y propiedades. Un vaso de vidrio, en realidad, no es más que un puñado de silicio informado de una manera muy particular. Calentando el silicio se consiguió vidrio al que luego se le dio la forma precisa para que fuese un óptimo recipiente para líquidos. La metáfora es bastante exacta: el ser humano, a costa de un generoso aporte de energía, ha informado el silicio con una forma nueva aumentando el orden de manera local en este rincón del universo. Si bien lo examinamos toda la obra de la humanidad no es más que el producto de tres factores: materia, energía e información, hecho este que supone una tentación casi irresistible para tratar de elaborar sobre él una nueva teoría de la economía o incluso de la justicia. Sin embargo, mil palabras ya son suficientes por hoy, máxime si tenemos en cuenta que este post no va a interesar a nadie o casi nadie, de forma que dejaremos esas tentaciones para otras tardes de este mes de agosto.
Los griegos llamaron al ser humano anthropos literalmente «el que mira hacia arriba». Es un nombre apropiado pues es verdad que el ser humano nunca es tan ser humano como cuando se orienta hacia arriba, se yergue sobre sus piernas, se pone en pie y mira a lo alto. Sólo los enfermos y los muertos permanecen postrados en un sillón o en una cama.
No es casual, por tanto, que las palabras que el Evangelio nos dice que se emplearon para resucitar a Lázaro y devolverlo a su condición de hombre vivo fuesen precisamente esas: «levántate y anda».
Levantarse y andar son dos tareas absolutamente simples para una persona viva pero virtualmente imposibles para un ser humano que agoniza o para un muerto. Los organismos enfermos o en descomposición son incapaces de tareas tan sencillas.
Cuando ponerse en pie y caminar es una actividad inesperada, inusitada o llamativa en el seno de una organización, es que esta está cercana a la muerte o en franca descomposición. Si a alguien le llama la atención que otro se levante y ande es porque el sorprendido es un ser que agoniza o está muerto, física, psíquica o moralmente.
Sin embargo a veces uno detecta señales de vida que, por pequeñas que sean, son más interesantes que toda la postración dominante y piensa que es posible que, como dijo el poeta, todavía seamos capaces de levantarnos y andar, de dejar la cama donde nos dormimos con la multitud y de salir a caminar por nosotros mismos.
Yo no he visto atacar naves en llamas más allá de Orión ni he visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser.
Pero…
He visto ponerle precio a la justicia y destinar los ingresos a ayudar a corporaciones que abusaban de los consumidores. Y he visto quejarse de la lentitud de la justicia mientras se la dejaba morir de inanición negándole la mínima ayuda indispensable. Y he visto culpar de la lentitud de la justicia a los ciudadanos que acudían a ella a reclamar lo que les habían depredado. Y he visto llamar querulantes a los ciudadanos cuando sólo reclamaban lo que era suyo. Y he visto cómo se llamaba «modernización» al uso de tecnologías del siglo pasado. Y he visto cómo se dictaban leyes sin dotación presupuestaria alguna tan sólo para aparentar que se hacía algo. Y proponer cambiarlo todo para que nada cambie. Y he visto a muchos aplaudir para medrar, sonreír para medrar, callar para medrar… Lo que no he visto es rubor en ningún rostro.
Porque antes veréis brillar Rayos-C en Tannhäuser que el rubor en el rostro de un ministro.
España es el país con una mayor ratio policía/habitante de Europa Occidental1 sólo superado por Chipre, país cuya situación política de división entre dos naciones, no admite comparación con España.
Adicionalmente España tiene una de las ratios jueces/habitante más bajas de Europa Occidental2 y esta situación me llevó recientemente (el 5 de diciembre) a publicar un tuit con las cifras absolutas de policías3, jueces y fiscales en España4. El tuit literalmente decía:
España:
–5.000 jueces
–2.500 fiscales
–230.000 policías
¿Cañones o mantequilla?
El tuit no pareció generar demasiado interés y su actividad se saldó con apenas doce “retuits” y seis “me gusta”. Debo decir que me sorprendió, pues a mí las cifras me parecían merecedoras de una reflexión más profunda.
¿Cañones o mantequilla?
La expresión “cañones o mantequilla” (que yo entendía suficientemente provocativa para un tuit) no pareció llamar la atención de mis lectores, por más que sea un tópico archiclásico de la ciencia económica para aludir al coste de oportunidad.5
Así las cosas decidí plantear la cuestión de una forma más cruda en otro tuit y el 11 de diciembre (ayer en el momento de escribir estas líneas) me decidí a formular la pregunta de forma absolutamente explícita de la siguiente forma
España:
–5.000 jueces
–2.500 fiscales
–230.000 policías
¿Justicia o policía?
La reacción de mis lectores fue mucho más sensible, el cartel provocó 23 “retuits” y 14 “me gusta” y, sobre todo, reacciones y feedbacks muy interesantes (la red es maravillosa para aprender). De una parte estaban quienes, a la luz de los datos, concluyeron que España era un estado policial (cosa que ni dije ni pienso), de otra parte estaban quienes consideraron que comparar ambas magnitudes no tenía sentido (yo, por el contrario, opino que tiene sentido y mucho -véase guns vs. butter-), de otra más estaban quienes consideraron que faltaban jueces, fiscales y también policías (opinión esta sincera y correcta pero difícilmente asumible con recursos escasos) y, finalmente, de otra, estaban quienes captaron la intención provocadora y lo subrayaron en sus comentarios coincidiendo en la corrección de los datos y -probablemente- en la pertinencia del debate.
Un tercer tuit decididamente más provocativo obtuvo incluso mejores resultados que el anterior.
Pero vayamos al grano, dadas las cifras y “ratios” anteriores, ¿qué conclusión podríamos extraer de ellas ahora que las Cortes de la Nación han de redactar la ley de presupuestos para 2017?
Veámoslo.
¿Policías o jueces? (¿cañones o mantequilla?)
Si la única disyuntiva que se le presentase al legislador que ha de confeccionar los presupuestos de 2017 fuese la del título (jueces vs. policías) una solución racional pasaría por analizar cuales son las ratios de seguridad ciudadana6 que hay en España y compararlas con las que existen en los países de su entorno y con los ratios policía/habitante delos mismos países, así como con el porcentaje del Producto Interior Bruto que destina cada país a Justicia o a Seguridad7. De tal comparación podrían extraerse interesantes conclusiones y hasta podrían formularse algoritmos que nos auxiliasen a la hora de interpretar los datos o medir la eficacia de las partidas presupuestarias destinadas a cada sector.
Estudiando tales cifras podemos comprobar que España, por lo que a gasto en seguridad se refiere, es un país que gasta más que la media de la UE, es superado en esfuerzo económico por siete países8 y precede en esfuerzo a los 20 países restantes de Europa tomados en consideración por las tablas estadísticas.
Ratio del PIB(GDP) destinado a orden público y seguridad
Si analizamos la ratio policías/habitante de que dispone cada uno de estos países y la comparamos con el esfuerzo económico que veíamos en el párrafo anterior habremos de colegir que, o bien los policías españoles están mal pagados o bien en España se ha invertido mucho en capital humano y bastante menos en medios materiales. Si repasamos las tablas veremos que el Reino Unido cuenta con menos policías que España a pesar de destinar un mayor esfuerzo presupuestario a seguridad, esto dos deja ante la disyuntiva de entender que sus policías están mejor pagados o están dotados con mejores medios o ambas cosas a la vez.
Ratio policía/habitantes de los países de Europa
Si las dos variables anteriores las referimos a la cantidad de seguridad producida por el esfuerzo económico y los medios destinados habremos de concluir que las cifras son verdaderamente satisfactorias para nuestras policías si las comparamos con, por ejemplo, las del Reino Unido: España es un país muy seguro y que ofrece índices bajos de criminalidad, afirmación esta que no puede realizarse con tanta seguridad en el caso del Reino Unido. Vean ustedes, por ejemplo, las cifra de muertes violentas en los diversos paises de Europa y saquen conclusiones:
Media de homicidios anuales 2007–2012
Así las cosas podemos decir sin temor a equivocarnos que los servicios públicos (policías) tendentes a garantizar la seguridad y el orden público en España funcionan mucho más que aceptablemente y que, a la luz de los medios destinados al mantenimiento de los mismos, no parece necesario que los mismos se amplíen sin perjuicio de una mejor o más justa distribución de los mismos (desigualdades salariales, diferente o desigual dotación de medios, etc.). En suma, evidente resulta que si contásemos con más policía o mejores medios la situación mejoraría pero, comparados con los países de nuestro entorno, la situación de España en este campo parece ser francamente buena.
Naturalmente que todo esto no es más que una aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de un post y sospecho que el mismo debe de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes. La ecuación que determina la cantidad de seguridad producida por los diversos medios destinados a ella (variables) supongo que debe de estar siendo refinada constantemente al igual que las curvas generadas por ella, que todo este complejo mundo de la seguridad está en las mejores manos y que todos los aspectos que le atañen son tomados en cuenta y ponderados debidamente. Por tanto entiéndaseme, lo por mí ofrecido en este post no es más que una visión general que no tiene más aspiración que resumir el planteamiento general del problema.
Dejemos a la policía y pasemos a los jueces y fiscales tratando de realizar las mismas observaciones que hemos realizado respecto de la policía. Si en materia de seguridad y orden público nos interesaba conocer cual es la «cantidad de seguridad»9 que son capaces de producir el conjunto de unos determinados medios humanos y materiales, en justicia se tratará de hacer precisamente lo mismo, determinar qué «cantidad de justicia»10 es capaz de producir un sistema judicial dado.
No quiero abrumarles con datos (este post ya va siendo demasiado largo) pero es obvio que todo esto, como en el caso anterior, no va a ser más que una mera aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de este post y aunque me gustaría sospechar que el mismo debiera de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes, créanme que no logro acabar de convencerme de esto cuando veo la situación de la justicia en España y escucho las propuestas que se efectúan desde algunos órganos oficiales.
Si, en el caso de la policía, analizábamos en primer lugar cuál era el esfuerzo presupuetario en seguridad, procederá que hagamos lo mismo en Justicia y comprobaremos que las estadísticas para España, en materia de Justicia y en relación a su PIB(GDP), nos indican que, en principio, no se realiza el esfuerzo que debería realizar11…
Ratio PIB/Cantidad destinada a Justicia en presupuestos
No conviene conformarse con la primera estadística que uno se encuentra porque, aunque la fuente sea fiable, les aseguro que no es difícil encontrar otras que la contradigan. En todo caso el último informe emitido por el CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) en 2016 puede darnos una idea bastante clara sobre este punto.
Presupuesto en justicia como procentaje del presupuesto total
Las cifras son bastante elocuentes en un sentido, España gasta poco en relación a Europa en Justicia y, en cambio, gasta más de la media europea en seguridad.
Podemos analizar a continuación, al igual que hicimos antes con la policía, cual es la ratio de jueces/población que tenemos y en ese punto tampoco les descubriré mucho si les digo que nuestra ratio no es nada buena.
Ratio Juez/habitantes en países europeos
Por lo visto hasta ahora no parece que España haga el esfuerzo que debe en Justicia, ni parece que dispongamos de los jueces suficientes pero falta la pregunta definitiva: ¿es España un país donde la justicia funcione?.
Puede usted mismo responder a esta pregunta si lo desea o puede buscar al alguien que (incluído el minsitro del ramo) sostenga sin sonrojarse que la justicia española funciona bien, si lo encuentra le agradeceré que me lo presente.
Algunas conclusiones
Obviamente, tras este recorrido necesariamente simplista sobre el estado de la seguridad y la justicia en España pocas conclusiones pueden extraerse al margen de dos que creo que no precisaban de tantos datos: España es un país seguro pero España es un país injusto. Sería necesario un estudio mucho más profundo para tomar una decisión presupuestaria entre los dos sectores contemplados. Es evidente que los medios humanos en la administración de justicia no se reducen a jueces y fiscales sino que hay que incluir necesariamente en ellos la indispensable figura de los funcionarios e incluso la de las personas ajenas a la función pública pero igualmente indispensables para la administración de justicia como son abogados y procuradores. Es evidente que en materia de seguridad el estudio no se agota en contemplar el esfuerzo presupuestario, el número de policías y las ratios de criminalidad sino que hace falta ponderar muchos otros datos.
Sin embargo, con este juego clásico de cañones o mantequilla aplicado esta vez a justicia y seguridad, puede ilustrarse la necesaria tarea de reflexión que debe llevarse a cabo antes de redactar una ley de presupuestos. Nuestros legisladores están a punto de acometer esa tarea y deben plantearse si, dada la actual situación en España, si deben destinar más medios a unas partidas que a otras. Hemos contrastado superficialmente sólo dos de ellas y harto trabajo les espera si deciden hacer bien su trabajo. En todo caso no olviden que, por encima de las consideraciones económicas, estan las razones que justifican que vivamos juntos y contribuyamos todos a una caja común y, la primera de esas razones, la pueden encontrar en las siete primeras palabras de la Constitución:
«La Nación Española, deseando establecer la Justicia…»
Espero haberles podido ofrecer algunos materiales para la reflexión, para el debate o para el estudio. Un saludo.
Puedes consultar diversas fuentes aquí, aquí o aquí, para las cifras de Eurostat más actualizadas puedes mirar aquí. ↩︎
La cifra de la ratio juez/habitante en España puede localizarse en muchas fuentes y ha sido citada muchas veces;tanto por la prensa como por fuentes oficiales↩︎
La expresión “cañones o mantequilla” (en inglés “guns versus butter”) plantea una disyuntiva clásica en macroeconomía: cuanto más gastemos en defensa nacional para proteger nuestras costas de los agresores extranjeros (cañones), menos podremos gastar en bienes personales para mejorar el nivel de vida en nuestro país (mantequilla) y ha sido usada hasta la saciedad para ilustrar el llamado “coste de oportunidad”, así, por sólo mencionar unos ejemplos recientes, por el diario “La Razón”, El Espectador (que además hace referencia a cómo Samuelson usaba este ejemplo), El País y muchísimos otros. La expresión “cañones o mantequilla” es un clásico tan repetido para ilustrar el coste de oportunidad que si uno busca en wikipedia “Cañones o Mantequilla” el propio sistema le redirigirá a la página que trata del coste de oportunidad. ↩︎
Una buene fuente de datos es Eurostat accesible aquí↩︎
Estos siete países son: Bulgaria, Portugal, Croacia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Chipre y Reino Unido. ↩︎
Utilizo la expresión «cantidad de seguridad» en el mismo sentido que, hace muchos años, oí utilizar la expresión «cantidad de defensa» al entonces Teniente General Cano Hevia para referirse al ejército. El Teniente General Cano Hevia explicaba que las unidades formadas por soldados de reemplazo del ejército español de entonces (año 1988) apenas si «producían defensa» para España y que este concepto, esta magnitud, la «cantidad de defensa» producida, era el resultado final de una ecuación compuesta por numerosas variables que no es el caso enumerar ahora. ↩︎
Utilizo la expresión «cantidad de justicia» en el mismo sentido que, hace muchos años, oí utilizar la expresión «cantidad de defensa» al entonces Teniente General Cano Hevia para referirse al ejército. El Teniente General Cano Hevia explicaba que las unidades formadas por soldados de reemplazo del ejército español de entonces (año 1988) apenas si «producían defensa» para España y que este concepto, esta magnitud, la «cantidad de defensa» producida, era el resultado final de una ecuación compuesta por numerosas variables que no es el caso enumerar ahora. ↩︎
Hablaba hace unas semanas con un alto oficial del ejército español sobre las penurias presupuestarias de la Justicia en España cuando él me preguntó: ¿Y vosotros no tenéis ningún «tonto del presupuesto»?
Le respondí que no entendía lo que quería decirme con eso y él, amablemente, me habló de un oscuro principio estratégico existente en el ejército de los Estados Unidos y que podría formularse más o menos así:
«Por escaso que sea el presupuesto existente en una unidad siempre habrá un tonto que afirme que, con mucho menos dinero, él puede hacer lo mismo que se venía haciendo hasta ahora o incluso más.»
Consecuencias naturales de este principio son los llamados corolarios del «soy el más grande», «todos eran estúpidos» y del «asciéndeme y luego ya, si eso, tal».
Los corolarios de «soy el más grande» y «todos eran estúpidos» van casi de la mano: el tonto del presupuesto afirma poder hacer más con menos porque, no sólo se considera el más listo, sino porque piensa que, quienes le precedieron a él en el cargo, eran ciertamente unos estúpidos que no se dieron cuenta de esas cosas de las que él y su penetrante ingenio de tonto del presupuesto sí se dan cuenta. Ególatra y con una enorme falta de respeto a quienes le han precedido en el cargo, el tonto del presupuesto suele ascender en la cadena de mando diciendo a sus jefes lo que quieren oír: que se puede hacer lo mismo o más con mucho menos dinero y repetirá esto hasta conseguir el ascenso, lo que nos conduce al corolario antes enunciado de «asciéndeme y luego ya, si eso, tal».
He recordado esta mañana la historia del tonto del presupuesto al leer una noticia que comenzaba con el siguiente titular: «Catalá considera “suficientes” los recursos destinados a modernizar Justicia». Y he recordado también cómo, en cuanto se habla de modernizar la justicia en determinaos ambientes políticos, siempre aparecen dos o tres tontos del presupuesto dispuestos a afirmar que ellos, con el mismo o menos dinero y merced a una serie de ingeniosas disposiciones organizativas, podrían solucionar todos los problemas de la justicia y, de paso, invitar a gambas a los presentes para celebrar su ascenso.
El tonto del presupuesto entronca en España con una vieja tradición y linaje de arbitristas que suelen eclosionar en momentos los que se han de rebajar las partidas de algún capítulo presupuestario, de forma que su logorrea ejerce efectos emolientes sobre los afectados por la reducción presupuestaria, aplaca un tanto los malos humores de una población legítimamente enfadada y aplaza hasta el próximo presupuesto debates y carencias mil veces aplazados. Una historia tan vieja como la monarquía española.
Hoy nos dicen que Catalá ha dicho que basta con lo que hay, que dinero no hace falta, que nos apañaremos… lo que es lo mismo, por cierto, que dijo Gallardón y todos cuantos ministros de justicia le precedieron en esos años en que el gobierno al que pertenecían prefería gastarse el dinero de la justicia (¿dónde fue a parar lo recaudado por las tasas?) en otras cosas.
Yo no sé si podría señalar sin error a los tontos del presupuesto que hay en España, lo que sí sé seguro es que gracias a ellos existe una auténtica tonta del presupuesto —esta vez ya sin comillas ni cursivas— en nuestro país: la Administración de Justicia.
En España somos unos fieras en esto de la informática y la justicia. Como la Justicia ya no iba mal de por sí, la falta de planificación (o la sobra de avidez) ha dado lugar a que casi cada comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal distinto, atención al dato:
Hasta 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, «ni se hablan» entre sí. No me hablen ustedes de Steve Jobs, ni de Bill Gates ni de Richard Stallman, para tíos listos nosotros. Viva España.
Hemos gastado 10 veces lo que habría bastado gastar una sola vez, y todo para liar un carajal informático que ni Silicon Valley hubiese conseguido liar aunque pusiera todo su empeño en ello. Como digo: «semos» los mejores.
Un niño de 11 años habría optado por copiar o usar en todas las comunidades autónomas el mismo sistema, en lugar de gastarse 10 veces el dinero para hacer algo que ya estaba hecho; pero, claro, eso es porque los niños de 11 años no perciben los complejos problemas jurídico-financieros de la coyuntura política. Ustedes me entienden.
Pienso en esto y, mientras espero unas horas a que LexNet decida admitirme un escrito, un amigo me sugiere por whatsapp que deberíamos hacer una comparativa entre los diversos programas existentes. «¿Un benchmarking?» -le digo- a lo que él me responde «no sé qué carajo es un benchmarking, pero aquí alguno o algunos se han gastado un pastizal en software y hardware para hacer una mierda como el sombrero de un picador» (mi amigo es hombre de metáforas poco elaboradas).
Y mientras LexNet sigue sin digerir un folio DIN-A4 a una cara, pienso que mi amigo tiene razón, que, ahora que ya tenemos 10 programas distintos para hacer la misma cosa, bien podríamos compararlos y ver cual funciona mejor y cual peor y, de paso, acabada la comparativa, podríamos correr a gorrazos a los responsables de los peores programas, que eso no devolverá el dinero malgastado a las arcas públicas, pero es una actividad que relaja mucho y contribuirá sin duda a serenar los ánimos del electorado en estos tiempos convulsos.
Luego, una vez elegido el mejor de los programas, podríamos instalarlo en todas las comunidades de forma que todos los sistemas se entendiesen entre sí y de este modo mejorase sensiblemente el funcionamiento de nuestra administración de justicia. En este punto habría que establecer un premio especial porque, si elegido un programa, el mismo no puede ser compartido por todos debido a que los responsables no eligieron convenientemente las licencias, tendremos entonces que volver a correrlos a gorrazos. Esto, sin duda, tampoco solucionará el problema de no poder compartir el programa, pero, nuevamente, proveerá de paz a muchos administrados, alejará de las arcas públicas bastantes farfollas y saneará el tejido de una buena parte de nuestra clase política. Todo esto son beneficiosos efectos colaterales que, no por menos obvios, debemos minusvalorar.
Si seguimos hasta el final con el método de los gorrazos podremos, con un poco de fortuna, llegar a encontrar el programa ideal y, de paso, también a deshacernos de una buena caterva de pastueños semovientes que ramonean en el erario público. Sé que el método propuesto no resulta muy dospuntocero ni hipstermillenial, pero a mí, al pronto, me parece bastante efectivo.
Estoy plenamente convencido de que esto de que cada CCAA haya invertido un pastizal en desarrollar su propio sistema no ha tenido nada que ver -por supuesto- con comisiones, ni sobres, ni ninguna de esas cosas que con harta frecuencia suele denunciar sin pruebas el populacho ignorante. Es mucho más «diecinuevepuntocero» atribuirlo a un inesperado efecto secundario del principio de Hanlon, diagnóstico este que resulta mucho más científico.
Si España fuese una empresa privada tengo para mí que todos estos dirigentes estarían, sin duda, despedidos. Hemos pagado 10 veces lo que se podía comprar con un solo pago; gracias a ese gasto no sólo no hemos obtenido lo que necesitábamos sino que ahora, además, necesitamos organismos de coordinación y armonización (más sueldos, más pasta) y todo para que el resultado sea justo el contrario del pretendido.
Por eso, a esta hora incierta de la madrugada y -sin duda- fruto de la desesperación que produce LexNet, se me ocurre que sí, que igual mi amigo tiene razón, y que lo que hace falta aquí es una buena tanda de gorrazos bien despachados.
Considerando la administración de justicia desde un punto de vista «cibernético» el profesor Norbert Wiener señaló en «The Human Use of Human Beings» que, cualesquiera que fuesen los deberes de jueces y tribunales, el primer deber que tenían —y tienen— es el de ser predecibles. Es decir que, dado un litigio entre dos personas, siempre podamos predecir de antemano cual será la respuesta del tribunal para ese conflicto con independencia absoluta de quien sea el juez que lo juzga.
La predictibilidad es uno de los factores más a tener en cuenta si queremos disponer de una administración de justicia eficaz pues los ciudadanos, si son capaces de conocer de antemano el resultado de sus litigios, no necesitarán acudir a los tribunales para resolverlos y les bastará con el adecuado asesoramiento. Esta es una de las formas más eficaces de descongestionar los órganos judiciales sin merma de la justicia.
Y siendo esto así, como lo es, ¿qué podemos decir que hayan hecho nuestros gobiernos para hacer de nuestros juzgados y tribunales órganos predecibles? Yo diría que han hecho justo lo contrario de lo que debiera hacerse.
Dejemos sentado en primer lugar que la organización de nuestros juzgados y tribunales así como las normas que rigen su funcionamiento se han diseñado desde antiguo para que las resoluciones de los mismos sean predecibles, toda la pirámide de recursos está destinada a que la interpretación de las leyes sea uniforme y nuestros jueces y magistrados fundan sus decisiones siempre —o casi siempre— considerando las decisiones jurisprudenciales que complementan el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, para que la jurisprudencia pueda operar como elemento que dote de predictibilidad al sistema, es preciso que el marco jurídico del que nace dicha jurisprudencia tenga un mínimo de permanencia en el tiempo. Cada nueva ley que se publica exige un tiempo razonable de aplicación para que sean resueltas las dificultades interpretativas que inevitablemente plantea, no es posible generar una jurisprudencia útil en un marco jurídico que cambia cada día.
Y esto, precisamente esto, es uno de los aspectos más censurables del período en que Rafael Catalá ha estado al frente del ministerio de justicia: su hiperactividad legislativa ha provocado que la inseguridad jurídica se haya enseñoreado de nuestros juzgados y tribunales, reformas sobre reformas, hemos visto como en la misma semana las mismas leyes ofrecían dos regulaciones distintas de la primigenia y cómo juzgados y tribunales carecían del mínimo tiempo de adaptación. Y si las leyes hubiesen sido justas y sensatas aún serían bienvenidas, pero es que muchas eran de imposible cumplimiento (seis meses después de la entrada en vigor de LexNet los juzgados de España aún no pueden cumplir la ley), otras tan sólo han recargado de trabajo inútil y esterilizador los juzgados (revisiones de la instrucción de procedimientos ex Ley 41/2015), mientras que otras daban lugar a tres sistemas regulatorios distintos en el lapso de pocos días (entre los días 27 de octubre y 1 de noviembre de 2015 el artículo 520 LECrim cambió dos veces de redacción).
Y si la incontinencia legislativa ayuda poco, mucho menos ayuda a la predictibilidad del sistema el dictado de leyes abstrusas, de difícil interpretación, de escasa calidad legislativa o simplemente injustas o de difícil encaje en el marco constitucional o en el de la legislación europea; leyes cuya aplicación provoca multitud de corrientes y soluciones jurisprudenciales que nunca llegan a consolidarse porque, de nuevo, la incontinencia legislativa se encarga de volver a enturbiar lo que con notable esfuerzo doctrinal la jurisprudencia trataba de armonizar.
En suma, no es mejor gobierno el que produce más leyes, esta hiperactividad legislativa a menudo sólo oculta incapacidad y falta de criterio, pues, en materia de leyes, el principio «pocas y buenas» es el de primera y preferente aplicación. Tratar de desviar la atención del electorado con cortinas de humo del tipo «los españoles son querulantes» o aquella otra repulsiva reflexión gallardoniana que atribuía al número de abogados —y no al gran número de injusticias— la sobrecarga de trabajo de los juzgados, no son más que coartadas para encubrir una más que deficiente actividad legislativa.
Créanme, en materia de normas adhiéranse al principio «pocas y buenas» o, dicho de otro modo: leyes las justas.
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