Categoría: Derecho

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La creación del derecho procesal

Cuando Yahweh vio como la tierra abría su boca para recibir la sangre de Abel y cómo su cuerpo yerto yacía sobre ella, Él ya sabía lo que había pasado. De hecho hacía eones que Yahweh sabía que esto pasaría pero no quiso acabar con Caín sin darle derecho a defenderse (Yahweh sabía que milenios después viviría Andrés de la Oliva) y fue por eso por lo que llamó a Caín a su presencia a declarar en calidad de investigado.

Y Yahweh dijo á Caín:

—¿Dónde está Abel tu hermano?

Y él respondió:

—No sé; ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?

Yahweh bien podría haber hecho caer un rayo del cielo en ese momento y partir a Caín por la mitad de coronilla a rabadilla, pero Yahweh estaba inventando el derecho procesal penal y, antes de fumigar a Caín, decidió mostrarle las pruebas que tenía contra él:

—¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama á mí desde la tierra.

La invocación del cuerpo del delito dejó a Caín sin argumentos y, para evitar el juicio y obtener los beneficios de la conformidad, confesó de plano y dijo Caín a Yahweh:

—Grande es mi iniquidad para ser perdonada.
He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé; y seré errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará.

Y respondióle Jehová:

—Cierto que cualquiera que matare á Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al este del Edén.

Como puede verse Yahweh podría haber hecho carne picada con Caín pero prefirió darle una oportunidad de reinsertarse, inventó el registro de antecedentes penales con marca incluida y le dio una vida para arrepentirse y reinsertarse. Caín se estableció, como siglos después haría James Dean, al este del Edén.

Y Caín se hinchó a tener hijos e hijas y Adán y Eva se hincharon también a tener hijos e hijas, y aconteció que, con ser las hijas de los hombres hermosas, a los «hijos de dios» (a mí no me preguntéis quiénes eran estos, yo solo pongo lo que dice Génesis 6, 2) les dio por arrimarse a ellas y fue entoces cuando Yahweh se cogió un enfado bastante cojonudo y se tomó la justicia que no se tomó cuando lo de Caín.

Afortunadamente Noé, (hijo de Lamech, nieto de Mathusalén, bisnieto de Henoch, tataranieto de Jared, chozno de Mahalaleel, bischozno de Cainán —hijo este de Enós, nieto de Seth y bisnieto de Adán—) y… ¿Por dónde iba yo?… ¡Ah, sí! Por Noé…

Afortunadamente, Noé, (hijo de Lamech, nieto de Mathusalén… ¡déjalo ya Pepe!) digo Noé, era un tipo que trabajaba bien la madera… Porque pronto iba a necesitar toda su habilidad.

Y fue así como Yahweh inventó el derecho procesal penal.

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Requiem por el Mar Menor

¿A quién pertenece el paisaje? ¿A quién pertenece el mar? ¿Dé quién es la fauna que habita los mares y la tierra?

La materia prima del turismo es el paisaje y, cuando este se deteriora en beneficio de unos pocos y en perjuicio de todos, se debería ser extremadamente cuidadoso en su administración.

La mayor parte de la humanidad no tiene una segunda vivienda en la ribera del Mar Menor ni tiene explotaciones agrícolas o industriales que viertan en él residuos; los pocos afortunados que disponen de ellas disfrutan de un lugar único en el mundo a costa de estropear su paisaje y su ecosistema y quienes cultivan en sus riberas se lucran a costa de estropear el patrimonio de todos.

¿Y qué ha hecho el derecho y la justicia en todo esto?

Nada.

La justicia del hombre moderno se funda en principios propios de un derecho forjado hace catorce siglos en Constantinopla y este no contempló nunca un poder tan tremendo del ser humano sobre la naturaleza. Tribunales consuetudinarios como los de los regantes de las huertas de Valencia o Murcia se han revelado más eficaces en la defensa del procomún que cualquier moderna institución jurídica y, sin embargo, hasta esos tribunales y su trabajo han sido despreciados.

La catástrofe del Mar Menor es una oportunidad única para hacer progresar los principios jurídicos, científicos, urbanísticos, paisajísticos y económicos así como, «last but not least» la conciencia de los seres humanos sobre la gestión del procomún.

El reto de la humanidad es aprender a gestionar la atmósfera, los mares, los recursos, las basuras, el hábitan de todas las especies animales del mundo incluída la especie humana… Pero lo dejaremos —ya lo estamos dejando— pasar entre sietemesinas luchas políticas y mezquinos apetitos de ridículo poder para decidir quién manda en el basurero.

Aprender a salvar el Mar Menor es aprender a salvar el mundo pero la mirada de quienes nos gobiernan y de quienes aspiran a hacerlo está tan limitada por su ronzal ideológico-interesado que no cabe en ella algo tan grande como el Mar Menor.

Siento vergüenza.

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Informática judicial española: caótica por diseño

Hace una semana les dije que una de las causas del caos informático de la administración de justicia española era la peculiar interpretación que, en los primeros años 90, el Tribunal Constitucional había hecho de la distribución de competencias que, en materia de justicia, establecía nuestra Constitución.

A fin de que sea comprensible para quienes no conocen el funcionamiento de la administración de justicia española voy a tratar de justificar mi afirmación de la manera más sencilla posible lo cual, necesariamente, hará que no sea rigurosa hasta el extremo, pero creo que será suficientemente ilustrativa.

Veamos…

Si a cualquiera de los españoles o españolas se les pregunta dónde está la justicia lo más probable es que señalen el edificio de los juzgados de su partido judicial. Y en parte es verdad, pero no del todo.

La justicia es uno de los tres poderes del estado, es el llamado poder judicial, pero nada o casi nada de lo que vulgarmente consideramos «justicia» es poder judicial sino que pertenece al gobierno.

Por ejemplo, el edificio de los juzgados no pertenece al poder judicial, sino al gobierno, del mismo modo que los funcionarios que trabajan dentro del juzgado no son funcionarios del poder judicial, sino del gobierno. Los jefes de estos funcionarios no son tampoco funcionarios del poder judicial sino que dependen del gobierno (sí, los letrados de la administración de justicia no son poder judicial sino poder ejecutivo) y del gobierno son también los muebles, ordenadores, sistemas informáticos y hasta el bolígrafo bic y los folios que el juez usa para tomar notas en sala. La silla donde se sienta y la pantalla que mira el juez son, por supuesto, también propiedad del poder ejecutivo.

Y si esto es así ¿Dónde está en España el Poder Judicial?

Pues… Única y exclusivamente dentro del cerebro del juez.

Este juez que no es jefe de los funcionarios que le asisten y no puede hacer nada por sí mismo salvo que lo pida al poder ejecutivo —al gobierno— es el último reducto del poder judicial, un reducto que desde hace unos 40 años viene siendo asediado por gobiernos que, sistemáticamente, le retiran competencias procesales para asignarlas a funcionarios del gobierno. Los gobiernos justifican este asedio con razones de «eficiencia» y de «mejor asignación de recursos» pero no se engañen, tras esa coartada, se oculta la voluntad perpetua y constante de los gobiernos de controlar al poder judicial.

Y ahora que ya saben cómo funciona la administración de justicia veamos como este funcionamiento ha dado lugar al caos informático que padece la justicia española.

Durante los años 80 nuestro país estaba adaptándose al novedoso estado de las autonomías que había diseñado la Constitución de 1978, la cual declaraba inequívocamente en su artículo 149.5⁰ que el estado tenía competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia.

Teóricamente la Administración de Justicia era competencia exclusiva del estado y no podía ser transferida a las comunidades autónomas.

Entonces ¿qué pasó?

Pues pasó que las comunidades autónomas se aprovecharon de esa avidez tradicional de los gobiernos por controlar la administración de justicia. Como les dije antes ni los juzgados, ni los funcionarios, ni los Letrados de la Administración de Justicia, ni el mobiliario ni los sistemas informáticos eran propiedad del Poder Judicial sino del gobierno y las comunidades autónomas razonaron con ingenio que, si todo eso no era poder judicial sino poder ejecutivo, sus competencias debían ser transferidas a las comunidades autónomas.

El debate llegó hasta el Tribunal Constitucional.

El gobierno central sostenía que la administración de justicia existente era verdaderamente la administración de justicia de que hablaba la Constitución; las comunidades autónomas sostenían justo lo contrario, que aquello no era administración de justicia sino unos medios que el gobierno disponía para «auxiliar» a la administración de justicia.

Finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que aquello era una administración de la administración de justicia y la competencia en materia de medios informáticos quedó en manos de las comunidades autónomas que tenían transferidas esta competencia.

Con las competencias transferidas las comunidades autónomas muy bien podían haber financiado un sistema informático común a todas de forma que todas contasen con el mismo sistema con un coste de tan solo una séptima parte.

Sin embargo nuestros políticos prefirieron otra solución: cada comunidad elaboró un sistema informático propio de forma que, el conjunto de España, gastó siete veces más dinero para conseguir no ya un sistema único sino siete sistemas distintos que, además, no se interconectaban bien.

Repitámoslo: hemos gastado más de siete veces el dinero necesario para conseguir no un sistema siete veces mejor, sino siete veces peor.

Nuestos políticos, en muchas encuestas, figuran como el primer problema al que hemos de hacer frente los españoles y, sin duda, si nos fijamos en barbaridades como estas, las encuestas tienen razón. Pero aquí a nadie se le cae la cara de vergüenza por este desastre que ha estado en la raíz de algunos crímenes terribles debido a su ineficiencia.

Por eso les dije en el podcast anterior que los más de 400 millones de euros que la Unión Europea ha concedido a España para reformas informáticas en nuestra administración de justicia serán tirados a la basura en gran parte, porque el diseño de nuestros sistemas informáticos presenta problemas insolubles de raíz, problemas que, al ser de naturaleza política, nadie quiere arreglar y es por eso que ya, de principio, los 400 millones se han repartido entre todas las administraciones causantes del desastre y, como el político español es el único animal que tropieza siete veces en la misma piedra, en lugar de arreglar un diseño defectuoso trataremos de hacerlo funcionar a base de parches y apaños que se venderán a la opinión pública con alharaca y estrépito de prodigios informáticos, hablando de algoritmos y de inteligencia artificial y de todas esas pamplinas y humo con que nuestros políticos tratan de engañarnos y engañarse.

Nuestros sistemas informáticos judiciales son catastróficos por diseño pero eso no importa cuando de gastar se trata, aun cuando hayamos de gastar siete veces más para obtener una solución siete veces peor.

La semana que viene les espero. Ojalá esta les vaya bien.

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La república perfecta

Fue el jurista y político francés Alexis de Tocqueville quien nos ofreció alguna de las más lúcidas visiones que se han dado sobre las democracias.

Una de las cosas que Tocqueville nos enseñó fue la necesidad de que las democracias mantuviesen un delicado equilibrio entre libertad e igualdad porque, en una sociedad donde prima absolutamente la libertad, se estará siempre al borde de la anarquía, mientras que un justo equilibrio entre libertad e igualdad nos proporcionará un sistema político estable y siempre en perenne renacimiento.

La preocupación de Alexis de Tocqueville era, sin embargo, otra; su inquietud fundamental eran aquellos sistemas donde la igualdad se convertía en el único valor, una posibilidad que a él, ciertamente, le causaba honda preocupación.

En otros tiempos los apellidos, los estudios, la raza, el sexo o la religión determinaban la posición social de las personas; pero, ya en tiempos de Tocqueville, esa situación había ido cambiando aceleradamente de forma que, en la actualidad, afortunadamente, progresamos hacia la igualdad y eso está bien.

Sin embargo, tal y como señaló oportunamente Alexis de Tocqueville, la vida en una democracia de iguales tiene facetas oscuras.

Ínsito en el alma humana está el ánimo de competir y, en una sociedad donde todos nos sabemos iguales, finalmente sólo hay un elemento que diferencia a unas personas de otras: el dinero. Allá donde tendemos a no reconocer a nadie superioridad, el dinero se erige como el único y evidente criterio diferenciador y eso tiene, para Tocqueville, consecuencias muy peligrosas.

Tiene consecuencias peligrosas porque, si el dinero es la medida del éxito, las personas orientarán su vida a tenerlo y abandonarán toda actividad que no lo reporte. En esta sociedad de iguales donde el éxito se mide en dinero estudiar filosofía, por ejemplo, será un trabajo de fracasados; la producción musical se orientará inevitablemente a las composiciones comerciales y ningún literato querrá escribir otra cosa que no sean best-sellers, cuanto menos algo tan poco comercial como la poesía.

En una sociedad que pierde la capacidad para descubrir y reconocer el talento ajeno, y en la que, por sistema, sus habitantes rehuyen reconocer a las opiniones ajenas valor superior a las propias, siquiera sea en campos determinados, el dinero acaba convirtiéndose en la única medida del éxito y es el dinero el que estratifica y determina las clases sociales. Una sociedad así, dice Tocqueville, es un lugar donde no tienen cabida muchos de los más profundos valores del alma humana. Una democracia así es, para él, un sistema degenerado.

Sin embargo, a mí, todo esto no me preocupa demasiado porque yo sé que todavía existen geografías, acaso más soñadas que reales, donde ese reconocimiento entre iguales aun pervive, donde las personas aún sienten admiración y reverencia por sus semejantes sin necesidad de mirar sus cuentas corrientes; repúblicas donde aún existe una aristocracia al margen del dinero, lugares donde la chusma selecta —que diría el inolvidable «Capitán Veneno»— ocupa por derecho propio un lugar especial en la sociedad, un lugar, por cierto, inalcanzable para propietarios de cuentas de valores ni fondos buitre.

Me explicaré.

El individuo que ven en el video dirigiendo el ensayo de este grupo de personas se llama Manuel Sánchez Alba, aunque es más conocido como «El Noly» y es nacional de una de esas últimas repúblicas del mundo en las que la sociedad aún se estratifica según los criterios propios de esa aristocracia —esa chusma selecta— de que les hablaba antes.

Manuel Sánchez Alba es compositor, pero no un compositor cualquiera de músicas cualesquiera: él sólo compone música para el Carnaval de Cádiz. A él las consideraciones sobre las tendencias del mercado musical español o anglosajón le traen al fresco; él compone pasodobles añejos, de esos que, la gente que comparte con él esa geografía del alma a la que me vengo refiriendo, identifica con palabras como «tres por cuatro», «tataratachín» y otros complejos términos teórico-musicales de difícil o imposible explicación.

Es por eso que, cuando el Noly compone, sus vecinos saben que están ante un genio y que, cuando el tres por cuatro vuelve, Manuel Sánchez Alba se hace dueño del paraíso y allí ocupa un lugar preferente, entre los ángeles, los arcángeles y los coros celestiales, que, en la plaza del mercado del cielo, le cantan a Yahweh desde una batea tangos de Antonio Rodríguez.

En la pirámide social del carnaval de Cádiz el Noly es un auténtico aristócrata, nadie discute su alcurnia y su nombre y sus melodías se instalan para vivir en los corazones y en los labios de las gentes cuando cantan en sus momentos íntimos, mientras se afeitan, friegan, se duchan o lavan los platos.

En lo personal poca gente me ha regalado tanta felicidad como me ha regalado él.

Por eso —pueden verlo en el video— el Noly tiene fuero especial para hablarle al grupo como le dé la gana, por eso todos le escuchan cuando él les da instrucciones (no se pierdan su arenga sobre la felicidad) y por eso, diga lo que diga, nadie va a discutir su autoridad de Juan Sebastián Bach en chandal y muletas.

El Noly es músico, pero no hay buena canción sin una buena letra y esta que escuchan es obra de otro aristócrata de la república de que les hablo: Miguel Ángel García Güez «El Chapa», un poeta de los de verdad. Analizar la letra de esta canción sería un trabajo largo, toda ella se funda en complicidades intelectuales solo comprensibles para los conocedores de esta geografía del alma. Si el Chapa nos dice que no es que la luna tenga luz de plata, no es porque él nos esté diciendo ni nos quiera decir eso, es que, con esas palabras, convoca ante el público a los espíritus de Paco Alba y sus Fígaros y estos dibujan para él un forillo de más de cincuenta años de profundidad en el corazón de sus oyentes. A usted quizá le parezca una figura literaria banal, pero, para los ciudadanos de su república, la frase viene, como la música, de lo hondo de la historia.

En esta república donde la aristocracia la componen compositores de músicas sin mercado y poetas de letras incomprensibles, también sientan plaza cantantes de estilos que ya nadie cultiva y es por eso que, cuando el Noly escucha que la voz de octavillita de «El Carli» se cuela en la canción, mira a un lado, se rasca la nuca, se emociona y siente que todo está consumado, que el pasodoble va a funcionar, que huele a Cádiz y

…suena a pasado
suena a presente y
suena a la gente
que ya no está…

Y entonces la aristocracia de la república del sur del sur se reivindica, ocupa su lugar en la pirámide social y su particular democracia es salvada una vez más.

Alexis de Tocqueville moriría de felicidad viendo esto.

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El Ministerio de Justicia, una eficaz ayuda para agravar la crisis

No hacía falta ser un profeta para adivinarlo, bastaba con comparar la caída del PIB en 2020 y en 2009 y extrapolar los datos para saberlo. Lo habría visto un niño de seis años, pero el ministro tiene 60 y una larga trayectoria política y seguramente por eso no lo vio.

Los concursos de acreedores han subido ya un 50% en España sin que el ministerio haya adoptado ni previsto medida alguna de fuste para hacer frente a tal aumento. Y ese 50% de subida aún está ralentizado por las medidas que impiden que lleguen a los juzgados de lo mercantil todos los concursos que deberían llegar. El gobierno, en lugar de afrontar el problema, ha decidido crear la apariencia de que no pasa nada permitiendo que las empresas en situación de insolvencia no se vean obligadas a pedir el concurso hasta el 31 de diciembre.

Y a pesar de eso los cconcursos han subido —como habría previsto cualquiera— un 50% sin que la planta de los juzgados de lo mercantil haya sufrido ningún refuerzo adecuado a esta subida.

¿A qué se ha dedicado el ministerio de justicia?

A todo menos a hacer frente a los problemas auténticos de la justicia en España.

Dice que va a transformar los juzgados de instancia en tribunales de instancia, una medida largamente perseguida por todos los gobiernos (en esto PP y PSOE han demostrado una sintonía absoluta) para poder controlar mejor a los jueces aunque para ello hayan de hacer funcionar peor la justicia.

Me llevan los demonios.

Van a venir muchos más concursos en cuanto se abra la espita y llevamos año y medio sin que el ministerio de justicia haga nada. Vamos a enfrentar un problema sin precedentes, lo saben y no hacen nada. Yo ya no sé del lado de quien están estos sujetos, de lo que estoy seguro es de que no juegan en nuestro equipo.

Claro que, como en este país hace tiempo que ya nadie espera nada de la justicia, al ministro probablemente le bastará culpar a la crisis de todo y dejar que los actuales juzgados de lo mercantil se conviertan en tanatorios de empresas incapaces siquiera de enterrar los cadáveres que les llegan.

No entiendo esta actitud rayana en la desvergüenza. No entiendo que cuando los bárbaros están a las puertas de la ciudad los prebostillos se vayan de cena sin mascarilla y sigan buscando como repartirse influencias y cómo controlar jueces y judicaturas.

Esto es ya un desastre y pronto lo será total y este desastre tendrá nombre y responsables.

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Los dueños del ágora

Son los nuevos dueños del discurso, si antes periódicos, radio y televisión partían la pana, ahora Google, Facebook y Twitter son los que deciden qué mensajes y a qué personas puede escuchar usted.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos con 80 millones de seguidores en Twitter, fue expulsado de la red y silenciado. Este mes Trump ha tratado de seguir hablando a través de su blog pero, sin la ayuda algorítmica de Twitter y Facebook, sus cifras de audiencia apenas si han superado los cien mil lectores, una cifra ridícula.

Resulta llamativo que una empresa privada, por su sola voluntad, pueda expulsar y condenar a la irrelevancia al presidente del país más poderoso del mundo.

En China las cosas funcionan de otra manera. Ninguna empresa privada podrá expulsar ni silenciar a Xi Jinping porque es él quién decide quien está o no está en las redes sociales.

Esta semana, dentro de la natural y esperable política China contra las criptomonedas, varios «influencers» chinos han sido silenciados en la principal red social del país asiático, Weibo. El régimen chino (como Twitter, como Facebook) no desea que determinados mensajes sean escuchados por la población y para evitarlo simplemente expulsa a los oradores de la plaza.

Son los nuevos dueños del Ágora, los inquisidores del santo oficio de los discursos, los señores de las palabras.

La libertad de expresión, como seguramente siempre ha ocurrido, está en manos de los estados y las grandes empresas, algo que parece extraño a un mundo que abraza cada vez más una visión distribuida del mismo.

Hay que entender las ideologías que pugnan en este momento por diseñar nuestro futuro y hay que tomar partido si no queremos que nuestros hijos vivan la vida que otros han diseñado para ellos.

La nueva frontera es electrónica y es allí donde ahora está la batalla. Si te gustan las emociones corre hacia el lugar donde suenan los tiros.

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Vermú con epojé

Me sirvo un vermut mientras leo y el libro me habla y me dice:

«Cuando un hombre lee un libro no lee lo que el autor del libro dice, sino aquello que el propio lector piensa».

Y tiene razón.

Para Filón de Alejandría las sagradas escrituras eran un texto neoplatónico, en cambio, para el cordobés Maimónides eran un texto Aristotélico. Ni que decir tiene que el primero era neoplatónico y el segundo aristotélico.

Para comprender necesitamos olvidar todo conocimiento previo y tratar de escuchar lo que se nos dice sin juzgar. Necesitamos usar de la epojé, suspender nuestro conocimiento previo y comprender sin juzgar.

Para entender a otras culturas o a otras religiones, filosofías o formas de  pensar debemos «suspender» (epojé) nuestro conocimiento y juicio previos y escuchar y estudiar hasta comprender. Cuando hayamos comprendido ya habrá lugar a otras cosas.

Mientras no hagamos eso no leeremos el libro de nadie, sino nuestro propio libro, nunca escucharemos un discurso de nadie, sino nuestro propio discurso y nunca entenderemos nada, ni siquiera a nosotros mismos.

Hay quien se toma el vermú con una rodaja de naranja, yo lo acompaño con estas otras cosas.

#epojé #neoplatonismo #aristotelismo #vermú #vermouth #vermut #cinzano

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Infantería de primera instancia

Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una nueva sentencia que parece enmendar la plana a nuestro más alto tribunal: el Tribunal Supremo (TS).

El lector poco informado o sin conocimientos jurídicos puede pensar que esto es un deja vu, un proceso cíclico, una especie de eterno retorno en que los jueces de primera instancia y algunas audiencias valientes, a base de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE, acaban por torcer la decimonónica jurisprudencia del TS, al tiempo que este, a su vez, en cuanto le llegan procesos adecuados a hombros de entidades financieras, vuelve a dictar sentencias que tratan de recortar todo lo posible el alcance de la jurisprudencia del TJUE.

Sí, esto es lo que cree el lego.

A veces, incluso, cuando alguna sección de alguna Sala del TS ha parecido romper este ciclo fatal, siempre ha aparecido oportunamente algún presidente que ha convocado a toda prisa algún pleno que ha cortado las alas de esos peligrosos magistrados díscolos.

Es normal, pues, que el lector poco informado o sin conocimientos jurídicos llegue a pensar que el TS es una especie de ángel de la guarda de bancos y entidades financieras a las que protege impulsado por algún alto móvil que la población ignorante, no alcanza a entender.

La sentencia de hoy vuelve a revivir fundamentalmente dos viejos debates: el de las comisiones de apertura en las hipotecas y el de las costas en favor de los consumidores.

El TJUE vuelve a inclinar en favor de los consumidores la posibilidad de reclamar las comisiones de apertura (posibilidad que los tribunales españoles venían negando) y ha recordado cuál debe ser el régimen de las costas en estos procesos, algo que no acaban de entender quienes fueron tomando todas las medidas precisas para volver antieconómicas las reclamaciones de los consumidores: alejar los juzgados, vincular las costas a la cuantía económica del procedimiento de forma cicatera y en perjuicio de la posibilidad de reclamar de los consumidores, etc…

Juzgados únicos provinciales lejanos y colapsados, abogados y procuradores trabajando por costas ridículas, bancos pagando abogados a 30€ el día independientemente de cuántos juicios hagan y con la casi exclusiva misión de oponerse sin razón en el 98% de los casos…

España entera pareciera estar danzando al son que tocan los bancos y algunos tribunales parecen estar bailando gozosamente ese vals mientras unos pocos jueces de primera instancia (cada vez menos, claro, que para eso se crearon los juzgados hipotecarios, para tener bien controlados a los díscolos) cambian el curso de la historia triste y gris que escriben esas entidades, sin otra gloria y premio que el de sentir que han cumplido con su deber.

Sí, hoy, para el lector poco informado o lego en leyes, aparentemente se ha escrito una página más de esa extraña lucha interminable que enfrenta al dinero con la justicia, a los valientes con los acomodados, a quienes cumplen con su deber con quienes pretenden ser cumplidos.

Sí, eso es lo que cree el lector poco informado y lego en leyes, pero no sólo él: porque esto lo cree también la mayoría de los ciudadanos, legos o no, y lo creen los abogados, procuradores y jueces de infantería que, conscientes de cuál es la jurisprudencia del TS, adecuan la jurisprudencia española al siglo XXI a golpe de cuestiones prejudiciales.

Esta va por ellos.

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El coronavirus: la coartada perfecta para una reforma judicial que favorezca a las élites y perjudique a los ciudadanos.

Un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por determinados sectores de la economía y la política de este país. Sobre la congestión de asuntos que ya presentaba nuestra administración de justicia caerá ahora la ola de procedimientos que motivará el tsunami jurídico provocado por la crisis del COVID-19 y esto, hábilmente gestionado desde las instancias oportunas, puede ser la coartada perfecta para llevar adelante una reforma de la administración de justicia que beneficie a los menos y perjudique a los más.

El ministro ya lo ha dicho con claridad, quiere reformar la justicia aprovechando la crisis del coronavirus lo cual, así dicho, suena, como poco, a broma de mal gusto (¿cómo pretende llevar a cabo lo más quien se ha mostrado incapaz de afrontar lo menos?).

Pero no, no es una broma, a determinados sectores económicos y políticos de este país les interesa más reformar la justicia para adaptarla a sus necesidades que dotarla de los medios precisos para hacer frente a la crisis del coronavirus, de ahí el nauseabundo discurso ministerial de que, más que dinero, lo que hacen falta son reformas. Un ejemplo de su posición, expresado en la jerga política de rigor, lo podemos encontrar en la edición digital del Diario de Cádiz:

–¿Plantea el Gobierno más medios tecnológicos y refuerzo de plantillas como vienen demandando varios colectivos del ámbito judicial?

–Más que de posturas incrementalistas estamos hablando de una reordenación de todos los recursos disponibles orientada a una estrategia de transformación que debería de haberse producido hace años y que ahora se impone por la vía de los hechos.

El argumentario sesgado de quienes pretenden dejar a los ciudadanos sin justicia es tan conocido como parcial y se funda en las mismas falacias de siempre:

  1. Que los españoles son muy litigiosos y esto colapsa los juzgados.
  2. Que uno de los agentes que fomentan esta litigiosidad son los abogados.
  3. Que lo que hay que hacer es desjudicializar.

Las tres afirmaciones son falsas pero, como toda buena mentira, pueden pasar como ciertas ante el oyente desinformado o ante la opinión pública. Una buena fake new solo puede construirse sobre un andamio de verdades aparentes y estas afirmaciones que les refiero mezclan de tal forma la verdad con la falsedad más insidiosa, que se han revelado como deep fakes paradigmáticas.

Vayamos una por una.

Los españoles son litigiosos

Esta primera afirmación, repetida desde la época de Caamaño, amplificada hasta lo ofensivo por Gallardón y, desde su catastrófica ejecutoria, asumida como verdad sotto voce por Catalá y Juan Carlos Campo, viene a decirnos que si los juzgados en España están colapsados ello se debe principalmente a que los españoles acuden más al juzgado que la media de los habitantes de los países europeos.

Esta afirmación, esta deep fake, hay que reconocerlo, se ha cocinado con todos los ingredientes precisos para tener éxito.

En primer lugar la deep fake atribuye a los españoles una naturaleza maligna (somos litigiosos), naturaleza maligna que, tradicionalmente, ha sido asumida con facilidad por la población, en línea con la vieja tradición de la España Negra y de los más conspicuos poetas y literatos del siglo de oro. Esta naturaleza hobbesiana de los españoles ha sido siempre caldo de cultivo adecuado para los gobiernos autoritarios, espadones y dictadores que ha padecido España en los dos últimos siglos.

Esta deep fake también contiene una porción de verdad, pero la contiene del mismo modo que la copa de vino que se da a beber al invitado contiene el veneno preparado para acabar con él: la verdad, como el vino, no tiene otra finalidad que encubrir el tósigo oculto en la afirmación.

Es verdad que la población española, porcentualmente, ha de acudir a los tribunales más que la del resto de la mayoría de los países europeos y, hasta ahí, llega la verdad. Concluir de ese dato que el mismo se deriva de que los españoles son litigiosos es una falsedad que no sólo ofende a la inteligencia, sino que ofende a toda la población en su conjunto.

En un país donde, por ejemplo, los bancos se oponen por sistema a las demandas de los ciudadanos perdiendo los juicios en más del 90% de las ocasiones, no parece sensato decir que sean los ciudadanos los «litigiosos». Quienes, por ejemplo, en el sector de las cláusulas abusivas producen los litigios no son los ciudadanos sino los bancos que, conociendo sus obligaciones legales y jurisprudenciales, se niegan a cumplirlas, obligando así a los ciudadanos a demandarles para que cumplan por la fuerza las obligaciones que no cumplen voluntariamente. ¿Podemos decir que los ciudadanos españoles son los más litigiosos de Europa? ¿O deberíamos decir que la ciudadanía española sufre más abusos de los bancos que ninguna otra ciudadanía europea?

El ejemplo de los bancos explica muy bien el fenómeno de la alta litigiosidad española. Al calor de una justicia lenta e ineficiente el deudor puede dilatar el cumplimiento de sus obligaciones casi a su voluntad y ello estimula el incumplimiento premeditado de sus obligaciones por las personas jurídicas que pueden encontrar algún tipo de beneficio en ello.

Obsérvese, de paso, que la justicia española no es igual de lenta para todas las personas: mientras que el banco dispone de rápidos procedimientos ejecutivos de los que conocen todos los juzgados de instancia de España (1700) y que embargan incluso un 30% del principal en concepto de intereses y costas desde el primer momento, los ciudadanos sólo pueden demandar a los bancos por sus hipotecas en poco más de 50 juzgados en toda España y a través de un juicio ordinario donde las demoras de años son frecuentes y donde las costas se discuten cómo si el banco fuese un párvulo a punto de hacer la primera comunión y el consumidor una persona jurídica sin más alma que el beneficio económico.

Los seres humanos, en contra de lo que creen algunos supremacistas, son esencialmente iguales y ninguno suele amar el conflicto o el litigio significativamente más que otro. Que en España haya un porcentaje mayor de litigios que en otros países de Europa lo que significa, en primer lugar y antes que nada, es que somos un país donde las injusticias abundan más que en el resto. ¿Por qué? Me remito a lo arriba dicho: porque incumplir la ley no suele ser tan gravoso para el poderoso como para el humilde; porque a veces incumplir la ley es rentable y se hace así porque no hay leyes -o no se quiere que hayan leyes- que corrijan ese abuso; porque la justicia es lenta y ello fomenta las conductas morosas y es en ese círculo vicioso en el que se mueve este país: como la justicia es ineficaz esto fomenta los incumplimientos legales y estos a su vez fomentan la ineficacia del sistema. Este es un círculo vicioso del cual solo se sale de dos maneras: o proveyendo lo preciso para que exista una administración de justicia rápida y eficaz o proveyendo lo preciso para que un sinnúmero de injusticias queden sin corregir.

Tradicionalmente los gobiernos han optado por esta segunda vía (es la más barata y la que les proporciona más amigos) y no parece que el gobierno actual vaya a ser una excepción a la regla.

La deep fake de que les hablo omite sistemáticamente la también inferior tasa media de jueces por habitantes que sufre España en relación con el resto de los países europeos, la carencia crónica de medios materiales que ha sufrido siempre nuestra administración, las disparatadas reformas tecnológicas emprendidas sin más explicación que la conveniencia económica de algunos… En fin, les ahorro contarles cosas que de sobra saben ustedes: nuestros gobernantes, sistemáticamente, nos toman por algo mucho peor que tontos y repiten el ritornello de la litigiosidad de los españoles con una desvergüenza que debiera irritar hasta el estallido a los ofendidos, que no son sino el 99% de los españoles y españolas.

Los abogados son uno de los agentes causantes de la alta litigosidad

Si repugnante es la primera afirmación que hemos tratado, esta segunda debiera conducir a la abogacía y a la población española a condenar públicamente y sin paliativos a quien así piensa o se expresa.

La afirmación de que la cuota litis es una práctica que fomenta la litigiosidad ha sido tan repetida desde la periferia política española que ha sido recogida incluso por medios de comunicación extranjeros. Llama la atención que los que se quejen sean periódicos de países donde la cuota litis habitual es del 33% o de jurisdicciones donde existe un mercado secundario de las costas con aseguramiento de las mismas («no win no fee«) o incluso préstamos y fondos de inversión dedicados a financiar pleitos fundados sobre desiguales pactos de cuota litis. Las interesadas afirmaciones de tales medios son tan ridículas como si un periódico estadounidense afirmase que en España la población tiene un fácil acceso a las armas.

La cifra de abogados de un país no depende más que del número de procedimientos (de injusticias) que en dicho país precisen de remedio. Ningún abogado acude a un juzgado a demandar un imposible y las cifras así lo confirman: el número de demandas estimadas total o parcialmente es abrumadoramente mayor que el número de demandas desestimadas. En España, podemos decirlo con toda seguridad, quien reclama suele tener razón en todo o en parte y eso debiera hacernos reflexionar.

Afirmar que la abogacía es un agente catalizador de la litigosidad no sólo es una falsedad, creo que me atrevería a llamarlo insulto si no fuese porque es algo peor: acusar a la abogacía de fomentar la litigiosidad no es más que una premisa para tratar de acabar con ella, o al menos, con una parte de ella (la abogacía independiente) el sector menos cómodo para las élites políticas y económicas. Recuerden que, en un estado sin derechos, no hacen falta abogados, pero que, en un estado sin abogados, lo que primero perecen son los derechos. Si ven ustedes a alguien que afirma que sobran abogados, antes que ninguna otra cosa examine usted si lo que quiere quien tales cosas afirma es recortar los derechos de la ciudadanía.

Que lo que hay que hacer es desjudicializar

El tercer engaño habitual de los habituales de esta deep fake es que eso de la administración de justicia es una cosa antigua y que lo que hay que hacer es acudir a otros medios como la mediación o la concordia privada.

Tal afirmación es una ofensa tanto para la justicia como para los profesionales de la mediación.

La justicia es la forma más compleja y perfecta ideada por la humanidad para resolver sus conflictos (grábense eso a fuego) y puedo decirles con plena seguridad que, en general, quien desea apartar a la justicia de un determinado sector es porque piensa aprovecharse de eso para cometer en él tantas cuantas injusticias pueda.

Por ejemplo: si usted no paga la hipoteca porque no tiene dinero, observe que ninguno de los que piden desjudializar se ha acordado de usted: usted irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida.

Claro que, si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe o incluso ha manipulado el euribor, entonces… entonces el coro de voces que piden desjudicializar se oye tan claro como el canto de las cigarras en agosto.

Cuando un altísimo porcentaje de las demandas de los ciudadanos se estiman íntegramente y con costas (es decir, que tenían toda la razón del mundo) ¿qué sentido tiene predicar la desjudicialización sino favorecer a los incumplidores profesionales?

Esta afirmación periférica de la deep fake que analizamos es no solo un insulto para la justicia sino también para las técnicas alternativas de resolución de conflictos que no merecen ser tratadas como meras coartadas para los inicuos planes de unos cuantos. Estas técnicas, seriamente desplegadas, pueden ser una eficaz ayuda para la administración de justicia pero, créanme, si no ha dinero para la justicia ¿creen ustedes que lo habrá para esto?

Epílogo

Desde 1998 una concepción elitista y antidemocrática de lo que debe de ser la administración de justicia pugna por abrirse paso y acabar con una forma de administrar justicia que se ha revelado particularmente molesta para los poderes económicos y políticos. Esa visión ha sido compartida, no siempre de mala fe, por multitud de operadores jurídicos pero, la sensata, firme y callada resistencia de los más así como sus pobrísimos resultados allá donde se ha pretendido implantar, ha impedido, hasta este momento, que su despliegue se llevase a cabo.

Esta crisis del coronavirus, por lo que se ve, parece haber sido detectada como terreno abonado por los defensores de esas tesis de que les he hablado y su voluntad de aprovechar la ocasión podemos percibirla directamente en las propuestas del CGPJ (concentración, especialización y otros mantras bajo los que en realidad se ocultan los planes para dejar la independencia judicial convertida en un trampantojo) y podemos leerla entre lineas también en los mensajes del ministro (no es cuestión de dinero sino de la forma de organizarse, hay que aprovechar la crisis para reformar la justicia…).

Los mensajes de este sector es verdad que hace mucho que son mirados con recelo por la comunidad jurídica nacional, así que no les extrañe ver a algún medio extranjero hacerse eco de esta odiosa antífona; así pues, estén atentos y que no les sorprenda.

Y sí recuérdenlo, un serio peligro amenaza a los derechos de la ciudadanía: la pandemia es la excusa perfecta para imponer una determinada reforma de la justicia largamente acariciada por las élites económicas y políticas de este país y, como creo que todos sabemos desde hace tiempo, eso no solo es malo para la ciudadanía sino para quienes defienden los derechos de ella: la abogacía independiente.

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Debates de partidarios, diálogos de sordos

Cuando las opiniones que escucho de una persona o grupo de personas coinciden regularmente con las de un partido o facción inmediatamente me pongo en guardia. No hay nada más insensato ni más humano, al mismo tiempo, que estar al lado de los tuyos con razón o sin ella y esa actitud es, a mi juicio, profundamente destructiva.

Normalmente, todos los individuos pertenecen a grupos de diferentes características: la familia, la escuela, la iglesia, la cuadrilla de amigos, un equipo deportivo, un partido político, una etnia, un pueblo o una nación. Cada uno de estos grupos modela los valores, la cultura y la forma de relacionarse de sus integrantes. Al tiempo que pertenecemos (o sentimos pertenecer) a un grupo, modelamos los rasgos que nos diferencian de los demás grupos, ya sean estos rasgos un argot o jerga, una forma de vestir, unas aficiones musicales unas creencias o unos símbolos.

Hay grupos que elegimos (el equipo de fútbol, el partido político…) y hay grupos que no elegimos (la familia) pero, en todos los casos, la inclusión en un grupo es determinante para entender el comportamiento de los seres humanos pues nada es tan valioso para las personas como esa sensación de sentirse parte un grupo. Desde la adolescencia, con sus grupos y pandillas, a la vida adulta, la sensación de pertenencia marca muchos de los comportamientos de los seres humanos.

Y no solo hay grupos de pertenencia que nos ayudan a definir lo que somos («soy del PSOE» o «soy de izquierdas», por ejemplo) sino que también hay grupos de referencia que ayudan a definir lo que no somos («yo no soy de Vox» o «soy antifascista», por poner otro ejemplo).

Los seres humanos buscan la aceptación del grupo y temen caminar solos y, por eso, con mucha frecuencia, a la hora de tomar decisiones miran antes a sus grupos de pertenencia y referencia que a los hechos, a los datos y a lo que les dicta su razón.

Tener criterio propio es el primer paso para una existencia poco cómoda. Quienes te escuchen o te lean, si decides caminar solo, buscarán inmediatamente tu grupo de pertenencia o referencia y creerán hallarlos cuando critiques las acciones de unos o ponderes las de otros. Hay personas que han renunciado de tal modo a creer que alguien pueda tener un criterio propio que necesitan imperiosamente adscribir a todo hablante a un grupo o grupos y da igual lo que se les razone: el hablante será o no será lo que ellos piensen, no lo que él diga.

Es inútil pelear contra eso, hay que acostumbrarse a vivir con ello si alguien quiere darse el lujo de tener criterio propio.

Lo más curioso es que son estas mismas personas quienes, para hacer protestas de objetividad, suelen iniciar sus intervenciones negando la pertenencia a todo grupo. Siempre que oigo a alguien iniciar una intervención con las palabras «Yo no soy racista…» inmediatamente tengo por cierto que, seguidamente, voy a escuchar algún disparate xenófobo; del mismo modo que el criptoderechista o criptoizquierdista suele quitarse la careta iniciando sus intervenciones con un revelador «Yo no soy de izquierdas ni de derechas pero…».

¿Y por qué les cuento yo esto?

Verán, llevo unos días triste por el espectáculo que está dando no sólo nuestro ministro de justicia sino también el conjunto de nuestros representantes políticos e instituciones.

Cuando la administración de justicia se enfrenta a una crisis nunca vista en la historia de España, el ministro de justicia ha dictado un decreto inane que no pone medio alguno para enfrentarla y, sin embargo, a pesar de ello, tal circunstancia en modo alguno se ha tratado en el debate parlamentario celebrado para su aprobación.

Los apoyos políticos, en España, casi nunca tienen nada que ver con el problema que se discute sino con esa pertenencia de que les hablaba a un grupo u otro y la referencia a esos de quienes nos diferenciamos y con quienes no queremos coincidencia alguna. El partido del gobierno apoya el decreto por ser del gobierno, otros lo rechazan por idéntica razón, algunos grupos lo apoyan a la espera de concesiones en otras materias y ninguno, finalmente, parece dispuesto a hacer nada en relación con el fondo de la cuestión.

Y así pasó el decreto el trámite, en medio del juego político habitual de los tuyos y los míos.

Decididamente, con este decreto, los españoles y españolas afectados por la crisis nos iremos al carajo y, lo curioso, es que nadie en el CGPJ o en el Congreso de los Diputados se sonrojará; al fin y al cabo nadie en España espera nada de la justicia.

Ni de los políticos.